La concesión y licitación del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en San Rafael ha despertado tensión política e institucional en la provincia de Mendoza. Tras la aprobación de un paquete de leyes diseñadas para reglamentar la transición y la venta de los activos generadores de energía, la oposición legislativa denuncia un incumplimiento sistemático de los marcos legales vigentes, falta de transparencia en los organismos de control y un esquema de decisiones que compromete el patrimonio provincial. Según los señalamientos del bloque peronista, el proceso no solo ha sufrido la cancelación unilateral de las condiciones originales de licitación conjunta y control accionario por parte de la provincia, sino que también involucra la contratación de consultorías para el mantenimiento de las represas, un eventual direccionamiento en favor de firmas privadas y una severa inconsistencia en el cobro de seguros por daños estructurales que significaría la pérdida de decenas de millones de dólares para el erario público. En una entrevista concedida a 94.5 FM Vos el diputado provincial Gustavo Perret (PJ) desmenuzó las inconsistencias del expediente, criticó el rol de la Legislatura como una «escribanía del Ejecutivo» y anticipó las acciones judiciales y administrativas en curso.
Denuncian leyes incumplidas y parálisis en el control legislativo
Según Perret, el proceso de privatización y reordenamiento del esquema energético mendocino tuvo su punto de partida en la sanción de la ley de creación de Hidroeléctrica Mendoza Sociedad Anónima. «Dicha normativa establecía en su artículo 4° la obligación de privatizar al menos el 51% de los bienes estatales. Posteriormente, la Legislatura provincial sancionó dos leyes consecutivas de prórroga para regular el período de transición. Entre ellas, la Ley N° 9.630 autorizaba formalmente en su artículo 5° la licitación conjunta de los complejos Diamante y Nihuiles, argumentando que una gestión unificada reduciría significativamente los gastos operativos y resultaría más atractiva para los inversores internacionales, dado que Diamante pertenecía al ámbito nacional y Nihuiles a la jurisdicción provincial. Asimismo, el artículo 11 de esa misma norma exigía la presentación de un informe trimestral ante el Poder Legislativo para auditar el avance del proceso de licitación, el plan de reparación de la ruta de acceso, la evaluación de daños en las centrales II y III, y el estado de las negociaciones con las compañías aseguradoras«, comenzó exponiendo.
«De eso que mandó el Ejecutivo no se cumplió nada, nada. Y ahí empezaron los problemas, porque nosotros desde el 2025 venimos haciendo pedidos de informe con respecto al cumplimiento de la ley. No están cumpliendo la ley directamente, la ley que ellos mismos hicieron no la están cumpliendo. Tantos fueron los pedidos de informe que llegó un momento en que quisimos citar a la Ministra y obviamente no se aprobó esa citación; de hecho, se nos negó hacerle preguntas a la Ministra para que diera la explicación del caso. Hay algo que es claro: si no hay nada que esconder, ¿por qué esconden a los funcionarios?, ¿por qué esconden los expedientes?, ¿por qué esconden las licitaciones?», se preguntó.
Giro nacionalizador, rescisión del control provincial y gasto de pliegos
Luego, el diputado sanrafaelino aseguró que el diseño original del pliego elaborado en Mendoza estipulaba que la provincia licitaría el 90% del paquete accionario de las centrales, reservándose un 10% estratégico con derecho a nombrar un director y un fiscalizador permanente. «Esta figura de control garantizaba la supervisión técnica directa sobre el patrimonio, la operación hídrica y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, el esquema técnico fue modificado de forma intempestiva. La licitación pasó a ser ejecutada en su totalidad por el gobierno nacional por el 100% de los activos, despojando al Estado provincial de toda capacidad de fiscalización previa e introduciendo un severo perjuicio fiscal relacionado con el costo de la redacción de los pliegos«, sostuvo.
«Hay un artículo del diario Ámbito Financiero que tiene algunos errores, porque la licitación no es conjunta. La licitación la lleva a cabo exclusivamente el gobierno de la Nación y licita el 100%, cuando todo el expediente de la provincia de Mendoza hablaba de una licitación del 90% para poder tener un director y un fiscalizador con el fin de poder saber cuál era el manejo que se iba a dar de estas centrales hidroeléctricas, particularmente el medio ambiente y cuáles eran los manejos que se daban dentro de las centrales para cuidar el patrimonio de los mendocinos. Bueno, de vuelta todo eso se cayó de un día para el otro», expresó.
«Dentro de lo que son estas sorpresas —más que inconsistencias—, la provincia gastó 3 millones de dólares en redactar los pliegos licitatorios. Como se iba a licitar desde Mendoza por tratarse de bienes propios, la provincia invirtió esos 3 millones. Sin embargo, de la noche a la mañana, la provincia dejó de licitar y pasó a hacerlo de forma total la Nación. Ya no se licita el 90%, sino el 100%. Y esos pliegos que le costaron 3 millones de dólares a todos los mendocinos se los entregamos a la Nación para que los modifique a su gusto y llevar adelante la licitación«, denunció.
La brecha de US$ 40 millones en los seguros y ventajas competitivas
Finalmente, el legislador planteó que a las irregularidades en la estructuración de la subasta se le suma un preocupante desfasaje económico en la liquidación de las indemnizaciones por daños en las instalaciones de las centrales II y III del complejo Nihuiles. “De acuerdo con los peritajes encargados por las propias entidades estatales, la brecha entre la cobertura prevista por el seguro y el monto acordado para la firma representa un quebranto directo para el patrimonio de la provincia. Paralelamente, cobró relevancia la controversia sobre la adjudicación del mantenimiento transitorio del complejo a la firma privadas mediante contratos directos o consorciados, lo que le otorgaría un conocimiento operativo privilegiado de cara a la concesión definitiva por 30 años», manifestó.
«Hay inconsistencias con los seguros, inconsistencias graves de mucha cantidad de millones de dólares. Tanto es así que la empresa mendocina contrata a una consultora, esa consultora hace un análisis del daño, el análisis del daño le da 84 millones de dólares y hay un presupuesto para firmar 45 millones de dólares. O sea, son casi 40 millones de dólares que pierde el pueblo de Mendoza, cuando el seguro había hecho una previsión de 120 millones de dólares«, precisó.
«La gravedad es enorme: si existe este direccionamiento y un contrato para que una empresa en particular se haga cargo de Los Nihuiles hasta la licitación, dándole ventaja sobre el resto para conocer el manejo, el funcionamiento, los pros y los contras, es una atrocidad tras otra», opinó.
Reserva de regalías y agotamiento de las vías políticas
Ante la imposibilidad de acceder a los datos públicos elementales a través del mecanismo legislativo habitual, tales como los balances financieros y las planillas de liquidación de las regalías que la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles aporta a las arcas provinciales, la bancada de la oposición confirmó que iniciará acciones en sede administrativa y en el Fuero Judicial. «La falta de respuestas a las solicitudes formuladas desde el año 2025 dejó caduca la instancia de control parlamentario, forzando la apertura de causas para investigar el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de fondos en la administración del patrimonio estatal«, señaló Gustavo Perret.
«No es simplemente a mi criterio que hay inconsistencias, hay incumplimientos legales claros. Nosotros pedimos formalmente los informes sobre lo comprometido por el Estado provincial ante esta Legislatura y el oficialismo no los deja pasar. Lamentablemente tenemos que recurrir a otros mecanismos de control, ya que el control parlamentario que debería ejercer la Legislatura está siendo bloqueado. Por eso, el control se tendrá que llevar a cabo en sede administrativa o directamente en sede judicial», determinó.
«No hay un plazo fijo para avanzar, porque la misma nota de Ámbito Financiero menciona que hay demoras en la redacción de los pliegos. Si cuando pedimos el primer informe en 2025 hubieran respondido como corresponde… Por ejemplo, ahora pedimos saber cuáles son las regalías que genera Los Nihuiles y ni siquiera nos contestan eso, algo que deben tener en un Excel y que les tomaría tres minutos responder. No dejan pasar nada porque está todo oscuro y escondido. No entendemos por qué ocultan información sobre bienes tan preciados para la provincia. Esto no es solo un tema del sur, es un bien de toda Mendoza que vale muchísimo dinero y, como vale tanto, los mendocinos lo tenemos que defender, no lo podemos regalar», enfatizó Gustavo Perret al cierre de la charla.
