La protección del agua a la justicia: el amparo masivo firmado por 850.000 personas busca frenar los cambios en la Ley de Glaciares
Tras la reciente reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el presidente Javier Milei y sancionada por el Congreso, un frente de organizaciones ambientales presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa. Diego Salas, director general de Programas de Greenpeace Andino, explica los fundamentos de esta acción judicial que ya cuenta con el respaldo de casi un millón de ciudadanos. En juego está la protección de las reservas estratégicas de agua dulce frente al avance de proyectos extractivos en la alta cordillera.
La demanda no solo representa a Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sino que se ha convertido en un fenómeno de participación ciudadana masiva. «Es una demanda colectiva que se transformó en la más grande de la historia argentina. Somos tres organizaciones en representación de un montón de asambleas locales de todo el país, pero además estamos siendo acompañados por más de 850.000 personas», enfatizó Salas de entrada.
«El Congreso decidió no escuchar a la gente; se había abierto una audiencia pública a la que se anotaron miles de personas y el Congreso decidió ignorar esa alarma. Por eso decidimos llevar el reclamo a la justicia: para darle lugar a quienes no tuvieron voz en el debate legislativo», continuó explicando en FM Vos (94.5).
La ciencia frente a la política
Uno de los puntos centrales del conflicto radica en cómo la nueva normativa redefine qué cuerpos de hielo merecen protección, desplazando los criterios técnicos que antes validaba la ciencia por una visión de conveniencia política.
Para las organizaciones demandantes, el cambio normativo implica un retroceso ambiental que colisiona con la Constitución Nacional, la cual establece el principio de no regresividad en esta materia. «Esta nueva ley representa un retroceso en la protección comparado con la ley anterior. La normativa original preservaba de manera íntegra los cuerpos de hielo, tanto los glaciares blancos como los glaciares bajo escombro, conocidos como periglaciares», expuso Salas.
El eje del reclamo se sitúa en la disputa entre el criterio político y el científico. Según el directivo de Greenpeace, la modificación desplaza la validación técnica —que históricamente recaía en instituciones especializadas como el IANIGLA— para otorgar facultades de decisión a los gobiernos provinciales. «Ahora las provincias pueden determinar la importancia o no de esos glaciares. Se deja de lado la ciencia para aplicar un criterio político sobre lo que, en realidad, son nuestras reservas estratégicas de agua dulce», advirtió.
Asimismo, Salas cuestionó con dureza los fundamentos utilizados durante el debate legislativo nacional, específicamente el argumento de las «rocas congeladas». En ese sentido, el dirigente sostuvo que se intentó minimizar el valor de los ambientes periglaciares bajo esta denominación para justificar su exclusión de la ley: «Argumentaron que los periglaciares son simplemente rocas congeladas que no le importan a nadie, una simplificación que solo busca encubrir el avance de actividades industriales sobre estas zonas extremadamente frágiles», denunció.
El factor de la inconstitucionalidad
A pesar de que la ley fue aprobada siguiendo los mecanismos democráticos y legislativos correspondientes, Greenpeace fundamenta que el contenido de la norma colisiona con preceptos constitucionales básicos.
«Lo que se aprobó fue absolutamente legal y democrático en sus formas, pero estamos convencidos de que es inconstitucional de fondo. Se violaron normas que establece la Constitución sobre la protección del agua. No es una ley antidesarrollo o antiminería: la legislación original solo protegía el 2% del territorio nacional que está congelado. Las industrias tienen el 98% restante para operar. Si encima la modificación desprotege ese escaso 2%, estamos ante un avance inconstitucional», planteó el entrevistado.
Tiempos judiciales y riesgos irreversibles
La presentación incluye una medida cautelar para frenar la aplicación de la reforma mientras se resuelve la cuestión de fondo. La urgencia radica en la naturaleza misma del recurso que se busca proteger. «Presentamos una cautelar para que se frene la aplicación de la ley, entendiendo que cualquier daño que se haga sobre un glaciar es irremediable. Cualquier otro atentado ambiental se puede mitigar: un bosque incendiado o desmontado puede volver a crecer si se lo deja tranquilo. El glaciar, una vez que se toca o se destruye, no vuelve. Por eso es irremediable», determinó el director de Greenpeace.
«Estamos a la espera de los tiempos de la justicia, que esperamos sea lo más justa posible para recuperar las leyes que tanto necesitamos», anheló al cierre del reportaje.