Diputados le dio sanción definitiva a los cambios a la Ley 6722 de Seguridad Pública, que incorporó modificaciones orientadas a precisar en qué circunstancias un efectivo está habilitado a utilizar su arma de fuego.
La reforma fue aprobada por 33 votos a favor, 7 en contra y 3 ausentes. Mientras el oficialismo avaló la norma impulsada por el Gobierno, el peronismo le dio la espalda. Quienes no asistieron fueron Miguel Ronco (CM), Verónica Valverde (PJ) y Gabriela Lizana (Frente Renovador).
El punto que marcó la postura negativa del peronismo fue el artículo 7 bis que indica que la policía puede abrir fuego contra aquellos “presuntos delincuentes” y señalaron que va en contra de la constitución.
“La Constitución y los acuerdos internacionales a los que Argentina adhirió señalan que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta ley está revirtiendo la lógica. Ahora somos todos culpables para la policía”, afirmó el presidente de la bancada del PJ, Germán Gómez.
Quien le respondió fue Gustavo Cairo, el legislador libertario coautor del proyecto, quie acusó al peronismo de “zafaronista” y que “respaldan a los delincuentes y no a la fuerzas de seguridad”.
“El protocolo que estamos aprobando está basado en una resolución de la ONU. Dejen claro que ustedes estan enamorados de la doctrina Zafaroni. Aman a los delincuentes, les encantan los delincuentes. La ley es clara, establece que la policía puede usar el arma si el presunto delincuente está armado en una situación de posible riesgo. Dejen de tergiversar las cosas”, afirmó Cairo.
Los cambios
El eje de la reforma se centra en definir con mayor claridad el concepto de “peligro inminente”, uno de los requisitos que actualmente habilitan el uso de fuerza letal por parte de la fuerza.
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Mendoza y posteriormente fue tratado en el Senado de Mendoza, donde se introdujeron modificaciones al texto original.
La propuesta impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas busca fijar parámetros más concretos para determinar la existencia de peligro inminente. El objetivo es establecer un marco normativo más preciso que delimite las condiciones bajo las cuales un efectivo puede utilizar su arma reglamentaria, reduciendo el margen de interpretación posterior sobre el uso de la fuerza.
El proyecto también establece reglas más explícitas sobre la obligación de identificación y advertencia previa antes de disparar. En principio, el agente deberá identificarse y advertir antes de efectuar un disparo.
No obstante, el texto incorpora una excepción: cuando esa advertencia pueda generar un riesgo mayor para el propio efectivo o para terceros, el uso del arma podrá realizarse sin aviso previo, contemplando situaciones críticas como ataques armados o amenazas inmediatas.
Convocatoria para policías retirados
La iniciativa además introduce cambios en la definición de funciones policiales, reforzando el rol preventivo de la fuerza mediante la enumeración de tareas vinculadas a la observación, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos.
A su vez, incorpora un nuevo artículo que habilita formalmente la convocatoria de policías retirados para cumplir funciones dentro de la institución, una situación que hasta ahora no contaba con regulación específica.
El proyecto establece también el esquema de remuneraciones para esos casos. Si el personal retirado es convocado para tareas de conducción o funciones directivas, podrá percibir hasta el 100% de la asignación correspondiente al grado que tenía al momento de su retiro. En cambio, si es convocado para tareas administrativas o de apoyo vinculadas al servicio, la retribución podrá alcanzar hasta el 80% de ese salario.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/diputados-aprobo-los-cambios-en-el-uso-de-armas-de-la-policia-mendocina-como-actuaran-ante-situaciones-de-peligro/
