Se ha dicho por expertos analistas políticos -palabras más, palabras menos- que una ciudadanía participativa, activa, responsable, madura y orgullosa de sus avances democráticos no puede dejarse desequilibrar bajo circunstancia alguna; que la responsabilidad de los gobernantes en su naturaleza, mecanismos y efectos permitirá estimar su esencial carácter para el funcionamiento de un régimen democrático; que los gobernantes cumplen su misión tomando decisiones políticas que se traducen en la adopción de normas jurídicas que tienen por objeto realizar la política que el pueblo les ha encargado ejecutar; y, que el pueblo confía en sus gobernantes y ellos obligados están a responderle.
El ejercicio del poder le corresponde al pueblo que lo confía a los gobernantes para que lo ejerzan en su nombre. Quienes gobiernan son deudores de ese pueblo y lo gobernantes están en condición de ejercer este poder asumiendo sus funciones y las escogencias políticas, bajo la condición de rendir cuenta de sus actos al pueblo, único que goza de la capacidad de apreciar si el poder ejercido está o no conforme con el mandato confiado. Constitucionalmente, gobernar es un acto de responsabilidad que implica tomar decisiones y asumir las consecuencias.
La responsabilidad establece el lazo político entre el pueblo y los gobernantes. Por consiguiente, si la responsabilidad no es asumida, el propio lazo político resulta roto quedando el equilibrio del régimen frágil, vacilante.
Dos hechos políticos de los últimos días sirven para graficar estas ideas: la pelea entre el Poder Ejecutivo y el Judicial provinciales por la libertad de un preso que terminó matando a un ciudadano en un asalto, y la discusión acerca de quién tiene que financiar la lucha antigranizo con aviones en el sur, que terminaremos –como siempre- pagando los ciudadanos.
En ambos casos, la responsabilidad de los gobernantes parece diluirse o delegarse. Frente a ello, el pueblo, que mira, paga y sufre sin, por ahora, hacerle pagar esas consecuencias a sus mandatarios.
