La reciente decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, al confirmar el fallo del juez federal Pablo Quirós, representa un hito jurídico y político que trasciende un simple conflicto entre un afiliado y su prepaga. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/23 que liberaron los precios de la medicina privada, los magistrados Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci han puesto un freno de mano a la pretensión de convertir un derecho humano en una mercancía librada al azar del mercado.
El caso de este afiliado de 68 años, con casi tres décadas de aportes a la empresa Medifé, es el espejo donde se miran miles de argentinos. Los aumentos exponenciales autorizados por el decreto de Javier Milei no buscaron la eficiencia, sino que generaron un escenario de expulsión sistémica. El fallo es lapidario: el Poder Ejecutivo no pudo demostrar de qué manera desregular los precios beneficiaba a los sectores más vulnerables. Por el contrario, la Justicia entiende que la «libertad» de las empresas no puede pisotear la Ley de Defensa del Consumidor ni la propia Constitución Nacional.
Sin embargo, este alivio judicial para algunos es apenas un síntoma de un organismo que agoniza. Mientras las prepagas se vuelven impagables, las obras sociales clásicas se encuentran en un laberinto de falta de respuestas, retaceo de prestaciones y cortes de servicios por deudas acumuladas. Esta situación empuja a una masa crítica de ciudadanos hacia la salud pública, generando un colapso sin precedentes.
Justamente, el sistema público hoy debe absorber a quienes el sector privado descarta, pero lo hace en un contexto de desfinanciamiento nacional deliberado. Se percibe una hoja de ruta clara hacia la privatización encubierta o, en el peor de los casos, hacia la desresponsabilización absoluta del Estado. El recorte en programas de prevención e insumos básicos no es un ahorro; es un retiro estratégico del Estado que deja a la población a la intemperie.
No se puede hablar de «orden» ni de «libertad» cuando un paciente oncológico o un jubilado deben deambular por los pasillos de un tribunal para que no se les interrumpa un tratamiento vital. La salud pública argentina, históricamente un orgullo y un piso de dignidad, está siendo sometida a una prueba de resistencia extrema.
El fallo de la Cámara Federal de Mendoza es un recordatorio necesario: los derechos constitucionales no son sugerencias sujetas a la coyuntura económica. Si el camino elegido es vaciar de recursos la salud pública mientras se desregula la privada, el resultado no será un mercado más eficiente, sino una sociedad más fracturada, donde la vida misma tenga un precio que la mayoría ya no puede pagar.
