El Congreso de la Nación se encamina a una semana que pretende ser definitoria para dos de los pilares que el Gobierno Nacional considera fundamentales en su esquema de refundación: la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad. Sin embargo, lo que se presenta como una victoria legislativa inminente antes del receso de Carnaval, no logra disipar las reservas que, desde este espacio, hemos planteado oportunamente sobre la profundidad y la viabilidad real de estas medidas.
La reforma laboral, cuyo texto definitivo se mantiene bajo un sospechoso hermetismo, parece estar más enfocada en la flexibilización de las condiciones de contratación que en un alivio genuino para la presión fiscal que asfixia a las pequeñas y medianas empresas. Como hemos sostenido anteriormente, pretender que la creación de empleo genuino surja únicamente de la licuación de derechos o de la creación de fondos de cese, sin abordar la distorsión impositiva que el propio Estado mantiene, es un diagnóstico incompleto. En San Rafael, donde el comercio y la pequeña industria son el motor de la economía, una reforma que no distinga entre la capacidad de una multinacional y la de un taller o comercio local corre el riesgo de ser una herramienta de precarización antes que de desarrollo.
Por otro lado, el debate sobre el Régimen Penal Juvenil vuelve a ponerse sobre la mesa con la cifra mágica de los 14 años como respuesta a la inseguridad. Nuestra reserva no nace de una negación de la realidad delictiva, sino de la convicción de que bajar la edad de imputabilidad sin un fortalecimiento previo y real de los sistemas de contención, educación y reinserción, es apenas un paliativo punitivo que no resuelve el fondo de la cuestión. Las provincias, Mendoza incluida, se enfrentan al desafío de implementar estos cambios con presupuestos ya diezmados, lo que nos hace preguntar si estamos ante una política de seguridad integral o simplemente ante una respuesta espasmódica a la demanda social de castigo.
La coincidencia de ambos tópicos en una misma semana de «súper acción» legislativa sugiere que el Gobierno prioriza la construcción de hitos políticos por sobre la solidez técnica de las leyes. Legislar a las apuradas y bajo el secreto de la letra chica suele ser la receta perfecta para normativas que luego terminan judicializadas o resultan inaplicables en la práctica cotidiana.
Para el ciudadano que observa desde el sur provincial, estas reformas se perciben como discusiones lejanas que, sin embargo, impactarán directamente en su mesa y en su seguridad. La responsabilidad del Congreso debe ser la de garantizar que estas leyes no sean solo un triunfo de gestión para los titulares de hoy, sino herramientas que realmente contribuyan al bien común de mañana.
