La vitivinicultura mendocina atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Y ya no alcanza con hablar de una mala cosecha, de una temporada complicada o de una coyuntura desfavorable. Los números describen una crisis estructural, prolongada y con consecuencias que amenazan con modificar para siempre el mapa productivo de nuestra provincia.
El último Semáforo de Economías Regionales de Coninagro es contundente: el vino y el mosto acumulan 45 meses consecutivos en rojo. Desde enero de 2023, la actividad no consigue salir de la zona crítica y se ha convertido en la economía regional que más tiempo permaneció en esa condición durante los 104 meses relevados. Estuvo en rojo en el 73% de los períodos analizados. No hay demasiadas maneras de disimular semejante deterioro.
Pero detrás de esa estadística hay productores que hacen cuentas y no llegan. En septiembre, el precio promedio que recibieron por cada litro de vino fue de 331 pesos, apenas un 8% más que un año atrás, frente a una inflación interanual del 33,4%. En términos reales, ese valor está un 54% por debajo del promedio de los últimos cinco años. Dicho de otra manera: producir cuesta cada vez más y el ingreso que queda en manos de quien trabaja la tierra pierde capacidad de compra.
La crisis también se refleja en la superficie cultivada, la producción y el consumo. La superficie vitícola se ubica en unas 196.000 hectáreas y la última cosecha alcanzó los 18,4 millones de quintales, un 8% menos que la anterior. El consumo interno cayó a 15,7 litros por habitante, un 27% menos que hace una década. Las exportaciones, por su parte, retrocedieron un 9% en los últimos doce meses, mientras que las importaciones crecieron un 8%.
Hay otro dato que expone una desigualdad persistente dentro de la cadena: el productor recibe apenas el 18% del precio que paga el consumidor por el vino en góndola, cuando el promedio histórico era del 23%. La pregunta es inevitable: ¿cómo se sostiene una actividad si el eslabón que trabaja la tierra y asume buena parte de los riesgos recibe una porción cada vez menor del valor final?
A este cuadro económico se suma ahora la incertidumbre climática. En una entrevista con Diario San Rafael y FM Vos, el titular de COVIAR, Fabián Ruggeri, advirtió sobre las condiciones de humedad y las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, precisamente cuando los viñedos atraviesan la floración y el cuaje. Son etapas decisivas y también especialmente sensibles a las enfermedades.
Pero lo más preocupante de sus declaraciones no fue solamente el diagnóstico meteorológico, sino el reconocimiento de las dificultades económicas que enfrentan los productores para defender sus cultivos. Ruggeri admitió: “Esa es una de las grandes dudas que tenemos, si los productores están o no en condiciones de poder afrontar la cantidad de curaciones que puede llegar a ser necesaria”. Y agregó una frase que debería encender todas las alarmas: “Poco podemos hacer en cuanto a estar seguros si los productores van a poder o no van a poder afrontar las curaciones”.
Es una confesión que merece ser atendida. Podemos contar con estaciones meteorológicas, recomendaciones técnicas, información sobre las condiciones predisponentes para enfermedades y asesoramiento para realizar las aplicaciones. Pero si el productor no tiene recursos para comprar los productos y afrontar los tratamientos, toda esa información corre el riesgo de llegar demasiado tarde. La tecnología y el conocimiento son indispensables, pero no reemplazan la capacidad económica de quien debe ponerlos en práctica.
También está pendiente una discusión que en el sur mendocino adquiere especial sensibilidad: la lucha antigranizo. En medio de las diferencias entre el Gobierno provincial y los departamentos que reclaman herramientas de protección, Ruggeri planteó la necesidad de abandonar la confrontación política. “Necesitamos que dejemos los procesos políticos de costado y nos pongamos todos a trabajar”, sostuvo. Y fue todavía más explícito al describir el escenario: “Estamos en un tironeo donde hay más política que otra cosa”.
Su planteo apunta a una discusión técnica que no debería quedar atrapada en disputas institucionales: “Debemos estar analizando si el sistema de defensa antigranizo es lo que se cuestiona en definitiva. ¿Es realmente técnicamente correcto o no? Y si se está ejecutando correctamente”.
Tiene razón en un punto esencial: la defensa de la producción no puede convertirse en una pulseada política. Hay que discutir resultados, eficacia, costos y alternativas, pero con una urgencia que no siempre parece estar presente en los despachos. Para el productor, una tormenta no espera que termine una negociación entre gobiernos.
La vitivinicultura no es solamente una actividad económica. Es empleo, arraigo, identidad, turismo, industria, exportaciones y una parte fundamental de la historia de Mendoza. En el Oasis Sur, además, representa el sustento de numerosas familias y de comunidades enteras que dependen de que la tierra siga siendo productiva. Cada finca que se abandona no es simplemente una unidad económica menos: es trabajo que desaparece, inversión que se pierde y una porción de nuestra identidad que se debilita.
Por eso, frente a 45 meses consecutivos de números negativos, no alcanzan las declaraciones de preocupación ni los diagnósticos que se repiten temporada tras temporada. Hace falta una política integral que atienda los precios que recibe el productor, el financiamiento, los costos de producción, la promoción del consumo, los mercados externos y las herramientas de protección climática.
La pregunta ya no es si la vitivinicultura está en crisis. Los datos y los propios dirigentes del sector lo confirman. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más puede resistir y qué estamos dispuestos a hacer para evitar que una actividad que construyó buena parte de la identidad económica y cultural de Mendoza termine pagando, en soledad, el costo de una crisis que compromete a toda la provincia.



