El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) se encuentra en plena búsqueda de un edificio para trasladar sus oficinas antes de que comience a regir el nuevo sistema penal acusatorio en Mendoza, uno de los cambios más esperados por el Gobierno nacional, debido a que apunta a darle más herramientas a los fiscales para potenciar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.
La reforma se implementará en la jurisdicción de Cuyo a partir del 5 de agosto, es decir, desde el lunes que viene. Más allá de la expectativa que se vive en los tribunales de calle Pedro Molina y España, en el MPF reconocen por lo bajo que enfrentan varios inconvenientes antes de la inminente puesta en marcha, como la falta personal y de otros recursos para terminar de implementarlo en la Provincia.
Desde las 0 del próximo lunes, los jueces penales federales de la provincia dejarán de tener el rol de responsable máximo de la instrucción en las causas que inicien a parir de esa fecha y pasarán a ser de Garantías.
Básicamente, con el nuevo sistema acusatorio tendrán una doble función: continuarán instruyendo las que pasarán a llamarse “causas viejas” y se encargarán de garantizar los derechos en los procesos judiciales de las recientes a partir de la citada fecha.
En concreto, los fiscales federales serán los responsables de comenzar y concluir el proceso investigativo de los expedientes, potenciando las pruebas y esgrimiendo sus argumentos junto con la otra parte interesada en el proceso, la defensa.
Con la aplicación del Código Procesal Penal Federal, el Ministerio Público de la Nación no debería compartir la misma estructura jerárquica ni edilicia que presenta actualmente, con el sistema inquisitivo.
Esto significa que las cinco secretarías con las que cuentan los dos juzgados federales de Mendoza pasarán a estar bajo la jurisdicción del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Sin embargo, desde el MPF reconocieron que tienen un problema estructural: “No cuentan” con el espacio físico para recibir al personal que vendrá del Poder Judicial.
El primer problema: un edificio
La idea de la Procuración de la Nación es que, a corto plazo, el edificio de Tribunales Federales, ubicado en Pedro Molina y España de Ciudad, sea únicamente para uso del Poder Judicial. Por ello, la Defensoría y el Ministerio Público Fiscal abandonarán ese inmueble próximamente y contarán con su propia sede.
Desde hace meses, la Procuración se encuentra en la búsqueda de un edificio para trasladar todo el MPF a un solo lugar. Una opción que se barajó fue alquilar la propiedad de tres plantas ubicada en la esquina de Avenida San Martín, frente al Correo Argentino, que está desocupada desde hace años, luego de alojar las oficinas de una empresa de telefonía. Pero las negociaciones se estancaron cuando parecían encaminadas: no se pudo avanzar porque la propiedad está a nombre de YPF.
En la Justicia Federal explicaron que al tratarse de un edificio cuya propiedad es de un organismo estatal, por ley, no pueden acordar un alquiler entre las partes. En la misma línea, aseguraron que el objetivo es que antes de fin de año todas las oficinas del MPF estén en un solo espacio físico.
En la actualidad, las oficinas del Ministerio Público de la Nación se encuentran repartidas en tres sedes: el de Tribunales Federales, un edificio ubicado en calle Pedro Molina de Ciudad y una casa en el barrio Bombal de Godoy Cruz.
Por el traspaso de las funciones del Poder Judicial, el MPF no cuenta con una estructura edilicia adecuada para recibir las cinco secretarías que tienen los dos juzgados federales que hay en la Provincia. Por este motivo, remarcan la necesidad de poseer una infraestructura mayor, porque también se incrementará el personal.
Cómo se reacomodará el Ministerio Público de la Nación
Ante la falta de espacio físico y de recursos, el Ministerio Público de la Nación comenzará a implementar el sistema acusatorio en las oficinas donde se encuentra actualmente. Miembros del MPF revelaron que el Procurador General de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, se puso a disposición para intentar solucionar el problema edilicio.
Según pudo reconstruirse, entre las alternativas que propuso el jefe de los fiscales locales se encuentran las firmas de convenios para que la Justicia federal pueda utilizar las instalaciones y equipamientos que tiene el MPF de Mendoza.
Principalmente, para las investigaciones, ya que esa rama del Poder Judicial de la Provincia cuenta con equipamiento que, en los tribunales de calle España, no tienen.
Mientras tanto, el personal administrativo y los auxiliares fiscales del Ministerio Público esperan la llegada del 5 de agosto para comenzar a implementar el nuevo sistema. Los casos federales que ya se venían instruyendo seguirán a cargo de los jueces federales Marcelo Garnica y Eduardo Puigdéngolas (este último, en el Sur provincial); salvo que el juez federal los delegue y pasen a un área de Transición, que se creó para que estos expedientes puedan concluir su proceso judicial.
Por su parte, las causas que ingresen a partir del 5 de agosto serán asumidas por el Ministerio Público de manera “paulatina“, que promocionará la acción penal contra los detenidos que tengas las causas y buscará que las autorías queden acreditadas en un juicio oral y público.
En el MPF federal reconocen que los primeros días se centrarán en la reubicación del personal que vendrá del Poder Judicial de Nación. Ante la falta de espacio físico, los trabajadores federales “están predispuestos” a compartir sus escritorios con total de que el nuevo código “comience a funcionar de la mejor manera”. Por lo pronto, entienden que la implementación será a “prueba y error” en los primeros días.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/las-claves-de-la-nueva-justicia-federal-que-se-implementara-en-mendoza/
