10/12/2025
Cada vez que un vehículo se convierte en un arma, una familia se rompe para siempre. Lo vimos hace años en San Rafael con el caso de Candela Giménez, y lo lamentamos hoy con el caso de Selena Jazmín Quiroga en Malargüe. Estos no son meros «accidentes»; son el resultado directo de la imprudencia criminal que se sienta al volante. La justicia, en ambos casos, ha hecho lo correcto al aplicar la figura de homicidio simple con dolo eventual. La condena a Hugo Scollo y la imputación a William Letelier establecen un principio irrenunciable: quien conduce a velocidad asesina, sin licencia, bajo el efecto de sustancias y luego huye, sabe perfectamente el riesgo que está asumiendo. Para la ley, esto no es un error; es desprecio por la vida. Pero mientras los abogados discuten penas de prisión y la Suprema Corte debate si el Estado es o no responsable de la omisión de control (como ocurrió al revocar la condena en el caso Giménez), nosotros nos preguntamos: ¿cuál es el precio de una vida perdida? Ninguna sentencia, por ejemplar que sea, puede devolver a Selena Quiroga a su familia. Ningún monto de indemnización, ni la pena de prisión más alta, puede borrar el trauma de la joven Candela Giménez, marcada por una discapacidad de por vida. El único precio que se paga aquí es el dolor inmensurable de los padres, el vacío en la mesa y la juventud robada. El acento no debe estar solo en la condena, sino en la prevención de la siniestralidad vial. La imprudencia, la velocidad y el alcohol son un cóctel letal que se repite en Malargüe, en San Rafael y en cada rincón de nuestra provincia. Es hora de que la sociedad, las autoridades y cada conductor entiendan que la vida no tiene precio. El dolo eventual es la herramienta judicial para castigar la muerte, pero el respeto a las normas y la conciencia son la única manera de prevenirla. La vida de Selena Quiroga es un grito que nos exige a todos frenar la locura en las calles y en las rutas mendocinas.