El peronismo puso la lupa sobre los millonarios “beneficios” de las empresas que brindan el servicio de transporte público de pasajeros en el Gran Mendoza y presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para regular las ganancias que perciben por contrato.
En concreto, la iniciativa de la diputada Natalia Vicencio busca eliminar el artículo 21 de la ley 9.086 de movilidad provincial, que establece que el Estado provincial debe garantizarle a las transportistas una “rentabilidad promedio razonable“, que deberá mantenerse durante toda la duración del contrato de concesión.
“Los concesionarios tendrán derecho a que el concedente les garantice una rentabilidad promedio razonable, la que deberá mantenerse durante la vigencia del contrato de concesión, siempre que acrediten la prestación en las condiciones de eficiencia contractualmente exigidas. A tal efecto se tomarán en cuenta los costos de operación e ingresos del concesionario que demuestre mayor eficiencia en la gestión empresarial, considerándose estos parámetros dentro de un sector homogéneo en cuanto al tipo de servicio y zona servida“, reza el artículo en cuestión.
En el contrato de concesión firmado en el 2018, se determinó que ese porcentaje es el 10% del “capital invertido”, que incluye al parque móvil (micros), inmuebles, maquinarias y herramientas de las empresas, al que se le debe restar la amortización acumulada.
El proyecto de la legisladora justicialista argumenta que este artículo quita una de las características más importantes de la inversión privada, que es el riesgo económico, y además que va a contramano de la realidad de la ciudadanía.
“En un contexto como el arriba descrito donde tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial promueven la ‘liberación’ de los precios de la economía y el retiro de la intervención estatal resulta cuanto menos paradójico que la intervención del Estado provincial sí aparezca para garantizar una “rentabilidad promedio razonable” cuyo alcance nadie conoce, cuyo margen no está establecido de forma expresa en forma alguna y es absolutamente opaco a los ojos de la ciudadanía en general y los usuarios del sistema… El artículo en cuestión desvirtúa completamente la figura del empresario, en tanto elimina una de las principales características que tiene la actividad empresarial: el riesgo económico”, explica la propuesta.
Audiencias públicas vinculantes
Por su parte, la senadora de La Unión Mendocina, Flavia Manoni, ingresó un proyecto con el que busca cambiar el carácter de las audiencias públicas para hacerlas vinculantes.
En concreto, el objetivo principal de la norma busca la modificación del artículo 4 de la ley 6.902 el cual establece que el carácter consultivo de las audiencias públicas y que “no serán vinculantes al momento de dictar la norma sobre la cuestión objeto consultada”.
Además, introduce un inciso al artículo 8 de la ley 6.902 en el cual buscan incluir dentro de los requisitos de las ponencias que si la audiencia en cuestión es referida a servicios públicos, “las empresas prestatarias deberán presentar su estructura de costos”.
Fuente: El Sol
