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Las multas contra el bullying y otra polémica

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La iniciativa del Ejecutivo provincial de multar a los padres de alumnos que ejerzan acoso escolar (bullying) ha provocado una fuerte controversia. El objetivo es forzar la corresponsabilidad familiar ante un problema que desborda las escuelas. El bullying exige una respuesta, pero el camino elegido genera dudas.
La medida es interpretada por los críticos como una muestra de incapacidad estatal. En lugar de invertir y reforzar la prevención con equipos especializados en las aulas, el Gobierno opta por la vía punitiva. De esta forma, dicen quienes no están de acuerdo con el proyecto, traslada la responsabilidad del fracaso educativo y social a la billetera de los padres. El Estado parece elegir el atajo de la sanción, eludiendo su deber principal de contención y educación integral.
El debate más profundo se centra en la legalidad de la sanción. La multa castiga a un adulto por las conductas de un tercero, en este caso, su hijo menor. Especialistas sostienen que esto podría violar el principio de personalidad de la pena, pilar del derecho penal. Se penaliza a los padres por su «mala crianza», un concepto subjetivo que puede resultar inconstitucional. La Justicia ya dispone de herramientas para la responsabilidad civil; transformarla en contravención es el riesgo que la Legislatura debe evaluar.
El proyecto busca que los padres asuman un rol activo en la formación y cuidado de sus hijos. Esto es crucial. Sin el compromiso de las familias, ninguna política escolar tendrá éxito. El fondo de la cuestión es si la amenaza de una multa de hasta dos millones de pesos generará más conciencia o solo más rechazo.
Es indiscutible que se necesita el compromiso de las familias. Sin él, la escuela no puede sola. Sin embargo, la solución al bullying no reside solo en la amenaza de una multa millonaria. El verdadero desafío es construir una política integral: proteger a la víctima, educar al agresor y, sobre todo, fortalecer las bases de la convivencia. El equilibrio entre el castigo y la prevención es la clave que Mendoza aún no logra destrabar.

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