Diputados nacionales de la UCR por Mendoza presentaron este martes un pedido de informes en el Congreso Nacional por las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través de las cuales se entrega tierras de San Rafael y Malargüe a comunidades auto percibidas mapuches.
Dicho proyecto fue firmado por los legisladores Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Julio Cobos y Jimena Latorre. Mediante el mismo, se argumenta que han pasado más de 9 años de iniciado el proceso de registración en el Re.Na.C.I. de la “Comunidad Lof El Sosneado”, y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) aún no logró reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan concluir con su inscripción.
«Es un pedido de informe de la diputada Pamela Verasay, que acompañamos junto a los legisladores Lisandro Nieri y Julio Cobos. Esto se hizo luego de haber estudiado los antecedentes de estas dos resoluciones del INAI que se publicaron el día viernes de la semana pasada. Mediante las mismas, se dictaminó que se deben entregar tierras del sur provincial a una comunidad mapuche que no tiene personería jurídica», explicó la diputada nacional Jimena Latorre en una entrevista que mantuvo con la emisora radial FM Vos 94.5.
«La acreditación de que son una comunidad mapuche y su vínculo con estas tierras ancestrales, se encuentran siendo tramitadas, es decir que no está testificado que sea así. No obstante, el INAI le reconoce 21 mil hectáreas en El Sosneado y Los Molles (San Rafael y Malargüe)», amplió.
«La “Comunidad Lof El Sosneado” había pedido su reconocimiento en el año 2013, desde entonces que no cuentan con una personería jurídica, la cual es un requisito indispensable para poder aplicar la ley. Incluso tuvimos acceso al propio expediente y hay algo que es muy grave, puesto que se cuestiona desde un organismo del Poder Ejecutivo nacional, las decisiones del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, que falló dos veces en contra sobre esta cuestión. De hecho, tenían una orden de desalojo firme y ahí es cuando recurren a agilizar todo este procedimiento ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas», añadió Latorre.
Luego, continuó hablando sobre la gravedad institucional y el atropello hacia la provincia de Mendoza por parte del gobierno nacional. «Este tema es realmente muy grave, ya que, como dije antes, un organismo de la Nación desestima los fundamentos que ha tenido la Justicia de Mendoza. En este sentido, pienso que el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, estuvo correcto en solicitarle a la Fiscalía de Estado que haga un análisis de la situación y que se tomen las medidas correspondientes para dejar sin efecto a estas resoluciones. Las consecuencias podrían a llegar a ser graves si empiezan a sentar precedentes, tal como sucede en las provincias de Chubut, Neuquén o Río Negro. Acá no hemos tenido conflicto con comunidades originarias o con quienes dicen serlo. No estamos en contra del derecho constitucional de los pueblos originarios. Al contrario, nuestra provincia es pionera en su reconocimiento con una ley provincial. Se hicieron trabajos de relevamientos de títulos de la propiedad en el desierto de Lavalle, entre otras cosas», precisó la diputada nacional de Mendoza.
Además, comentó las irregularidades que hubo durante el relevamiento que hizo el INAI en esa zona del sur de Mendoza. «El procedimiento estuvo totalmente viciado, al punto tal que no pudo intervenir ni el municipio de San Rafael ni la provincia de Mendoza. Tampoco existen constancias catastrales, a las que la misma ley hace referencia. Es decir, sacaron una resolución incumpliendo la propia ley que enmarca las competencias del mismo INAI. Durante este proceso no participaron técnicos, profesionales, universidades ni organismos locales. Solo estuvo presente una comitiva que vino de Buenos Aires a hacer una serie de encuestas y relevamientos, para que en menos de un año tomen una resolución de un trámite que estaba paralizado hace más de 9 años», argumentó la legisladora.
«Para que las tierras puedan ser ocupadas se debe acreditar un vínculo ancestral con el territorio, pero en este caso el informe histórico y antropológico que presentaron tiene 40 páginas, en las cuales solamente hay un párrafo que hace referencia a esta cuestión. Quien determina el derecho a la propiedad de esas tierras es la Justicia, que ya se expidió en dos oportunidades en contra de esta cesión. Lamentablemente, este es un modus operandi del kirchnerismo para distraer a los argentinos con otros temas. Este mismo kirchnerismo en el Congreso de la Nación le intenta hacer un juicio político a la Corte Suprema sin ningún tipo de argumento válido, avasallando la autonomía de los diferentes poderes y de las provincias», arremetió al final de la entrevista Jimena Latorre.
