El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, jefe de los fiscales provinciales, se refirió a la preocupación que existe en torno al incumplimiento de la cuarentena obligatoria que rige a raíz de la pandemia del coronavirus en Argentina.
Gullé anticipó que los representantes del Ministerio Público Fiscal de las distintas circunscripciones, solicitarán a jueces de garantías que a quienes tienen causas por infringir el artículo 205 del Código Penal, delito en el que incurren los que están por estos días en la vía pública y no pueden justificar dicha presencia, se les ordene realizar trabajos comunitarios en distintos organismos del Estado, preferentemente del ámbito de la salud.
En ese contexto, Gullé afirmó que se puede promover la suspensión del juicio a prueba a quienes tengan causas por violar la cuarentena, a cambio de que realicen trabajos comunitarios para el Estado.
No habrá contemplación con las personas que incumplieron con el aislamiento y es un hecho que terminarán con condenas, en su mayoría en suspenso, con el aditamento de realizar tareas comunitarias.
Para que tengan en cuenta quienes ignoran la obligación de permanecer en sus casas, el hecho de que las causas que se inician en la Justicia terminen con condenas, representa la imposibilidad de obtener el certificado de buena conducta, clave para numerosos trámites. Además, en el caso de empleados públicos, ponen en riesgo su permanencia laboral ante esa situación judicial.
Hasta el mediodía de ayer, a una semana del establecimiento de la cuarentena obligatoria, en Mendoza había 1.355 personas imputadas quienes, al violar el aislamiento, incurrieron directamente en la infracción al artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de prisión a quienes – contrariamente a lo dispuesto por autoridades competentes – promueven la circulación de una epidemia.
