El reciente convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y la Dirección Nacional de Vialidad, que transfiere a la provincia la responsabilidad del mantenimiento de tramos de rutas nacionales con recursos propios, generó un intenso debate en la Cámara de Diputados. Aunque fue aprobado por mayoría, 12 legisladores votaron en contra. Entre ellos se encuentra la diputada malargüina Jimena Cogo (La Unión Mendocina), quien detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 las razones de su postura crítica.
“Votamos en contra, y en particular yo, sobre todo, por tener una visión consecuente de lo que vengo planteando desde hace más de un año”, expresó Cogo, al tiempo que argumentó que su decisión se basó en tres aspectos fundamentales: la legalidad del fondo utilizado, el riesgo patrimonial para la provincia y los criterios territoriales del acuerdo.
En primer lugar, la legisladora cuestionó el origen y destino del Fondo de Resarcimiento, creado como compensación por la no realización del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. “Sostengo que el Fondo de Resarcimiento tiene un origen discutible por haber eludido en su momento la intervención del Congreso Nacional”, señaló. A esto agregó que “ese Fondo tuvo un desvío de finalidad. Hay una vulneración del principio de finalidad, porque se destinó originalmente a una obra específica en el sur provincial y ahora se usa para rutas”.
Cogo remarcó que no se trata de una negativa al desarrollo vial. “Sería una locura pensar que uno se está oponiendo a rutas, mantenimiento y mejoramiento de las trazas viales, cuando todos sabemos en las condiciones en las que están. Nadie aquí se opone al progreso”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que “hay un riesgo patrimonial a nivel provincial en donde se están asumiendo obras sin garantías de reintegro”.
Como ejemplo, citó cláusulas del convenio que, según su interpretación, colocan a Mendoza en una situación de desventaja jurídica. “La Provincia asume a su exclusivo cargo la responsabilidad civil y todo tipo de indemnización que pudiera surgir durante la realización de las tareas”, leyó en referencia a la cláusula novena. “En otra, dice que la provincia queda obligada a resarcir a Vialidad Nacional por todos los daños y perjuicios que se causaran a terceros. Y en la cláusula décima, la Provincia se compromete a mantener indemne a Vialidad Nacional por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida o cualquier otro concepto”, detalló.
Para la diputada malargüina, estas condiciones configuran “un esquema de sumisión jurídica de condiciones leoninas” y representan “un aspecto totalmente regresivo y negativo”. En ese sentido, manifestó: “Puedo entender que el ciudadano de a pie se enoje con este voto negativo, pero como legisladora tengo la consistencia y la coherencia mental para decir que esto está mal”.
El uso del Fondo Vial Nacional, que se constituye con el impuesto a los combustibles y del que las provincias reciben un porcentaje, también fue mencionado por Cogo como parte del debate: “Son obras que en definitiva los mendocinos, los sanrafaelinos, los alvearenses, los malargüinos, cada uno en su departamento, ha pagado a través del impuesto de los combustibles”.
A modo de ejemplo práctico, se refirió al caso de los puentes sobre la Ruta Nacional 40 que une San Rafael con Mendoza, los cuales se derrumbaron hace más de cinco años y nunca fueron reparados. A partir de la firma del convenio, la responsabilidad legal por un eventual accidente recaería sobre la provincia y no sobre Vialidad Nacional. “Hay una renuncia implícita a las acciones judiciales y explícita a la sumisión de los tribunales federales, y eso está en la cláusula 14. En este esquema de sumisión jurídica no es bueno para los mendocinos”, subrayó.
Aunque aseguró estar “a favor de sistemas de peajes bien pensados, planificados y coordinados entre los distintos niveles de gobierno”, insistió en que “las competencias delegadas deben ser acompañadas con los recursos equivalentes”.
Además, criticó la falta de discusión sobre cómo se recuperarán los fondos del resarcimiento utilizados en estas nuevas obras. “Tendríamos que haber debatido de qué manera vamos a recuperar esos fondos, que de alguna manera ya los hemos aportado para las obras viales a través del impuesto de los combustibles”, sostuvo.
Por otra parte, expresó el malestar de Malargüe, departamento que representa, señalando: “Fue el departamento en donde no se hizo la obra hidroeléctrica más grande del siglo y entonces nos sentimos como uno de los departamentos más damnificados”.
En cuanto a los criterios utilizados para definir qué obras tomará a su cargo la provincia, Cogo criticó que se haya utilizado como único parámetro el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), una estadística que mide el promedio de vehículos que circulan por un tramo. “Si ese va a ser el criterio, ¿qué visión de desarrollo tenemos en nuestra provincia?”, se preguntó, y advirtió que con ese enfoque “los que están más alejados y que no tienen la densidad poblacional nunca van a ser beneficiados”.
“Todos tenemos derecho de poder acceder a rutas que estén conservadas, rutas y otras obras también nacionales”, expresó. “Si seguimos concentrando recursos en el Gran Mendoza, vamos dejando a los lugares más alejados cada vez más alejados”, concluyó.
Finalmente, reafirmó su postura: “En este combo de criterios territoriales, de aspectos fiscales totalmente regresivos y una vulneración del principio de finalidad para lo cual fue pensado el fondo de resarcimiento, me mantuve en esta postura de ser consecuente y coherente y voté negativo”.
