El sector de la discapacidad en Argentina se encuentra en máxima alerta ante la posibilidad de un veto presidencial a la recientemente aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad. La Cámara Mendocina de Discapacidad, a través de su miembro de la Comisión Directiva, Yanina García, expresó profunda preocupación por el desfinanciamiento de las prestaciones básicas, vitales para el sostenimiento de los derechos de las personas con discapacidad a la salud.
En diálogo con FM Vos 94.5, explicó que el actual sistema se basa en prestadores privados que sustentan el acceso a los servicios. La desfinanciación de este sistema, que no ha actualizado sus valores desde noviembre de 2024 (a diferencia de otros costos como salarios y tarifas de servicios), amenaza con quebrantar el acceso a las prestaciones. «Actualmente, una prestación de un profesional especializado con tres posgrados vale 12.000 pesos, cuando hacerse las manos con una manicura vale 20.000», ejemplificó García, enfatizando que no es el precio de la manicura lo que está mal, sino lo que deberían valer los servicios de los prestadores.
El gobierno nacional, incluyendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha expresado su rechazo al proyecto, calificándolo de regresivo y perjudicial para el equilibrio fiscal, lo que ha llevado a la amenaza de un veto total o parcial. Sin embargo, para la Cámara Mendocina de Discapacidad, cualquier veto, incluso parcial, dejaría al sistema al borde del colapso.
La importancia de la ley ante un sistema colapsado
Yanina García subrayó que la Ley de Emergencia en Discapacidad es fruto de un trabajo exhaustivo con todas las cámaras del país, a través de FAPAD (Frente Argentino de Prestadores de Atención a la Discapacidad). «La dilatación de los tiempos que implica un veto o una modificación pondría en riesgo el cierre de muchos institutos. Ya no se puede sostener el sistema», afirmó, remarcando que se trata de una emergencia que el sector viene reclamando hace meses.
Derechos humanos
versus equilibrio fiscal Para la Cámara Mendocina de Discapacidad, la discusión no es meramente financiera, sino una cuestión de “derechos» y una regresividad en la adquisición de los mismos, con obligaciones constitucionales que cumplir. «Existen muchos lugares en Argentina donde no se está haciendo foco para obtener financiamiento. Todos sabemos cómo están las mineras, las petroleras», mencionó, sugiriendo que podría haber otros sectores con capacidad de aportar recursos.
«La verdad es que no veo que sea una salida meterse con los derechos de la parte más vulnerable de la población», sentenció, haciendo un llamado a priorizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
