El Gobierno nacional se muestra confiado frente a la posible judicialización de la reforma de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, y ya trabaja en la estrategia legal para sostener su aplicación.
La tarea está en manos del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien encabeza el diseño de la defensa ante los amparos y medidas cautelares presentadas por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y distintas organizaciones ambientalistas. En la Casa Rosada mantienen hermetismo sobre los argumentos, aunque aseguran que el proceso legislativo fue sólido.
La modificación de la norma, impulsada con el respaldo de varias provincias, introduce cambios en los criterios de protección ambiental y otorga mayor autonomía a los distritos para definir áreas estratégicas vinculadas al recurso hídrico.
Desde el oficialismo destacan que la iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría en Diputados y remarcan que atravesó instancias formales como la audiencia pública, en la que participaron miles de inscriptos. Consideran que estos elementos serán claves para defender la constitucionalidad de la reforma.
Amparos, críticas y disputa por el agua
La reacción judicial no tardó en llegar. El gobierno pampeano presentó un amparo para frenar la aplicación de la ley, con el argumento de que podría afectar el caudal del río Colorado y comprometer el acceso al agua para una parte significativa de su población.
A esta postura se suman organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que cuestionan tanto el contenido de la reforma como el procedimiento legislativo. Entre los principales puntos de crítica, señalan un presunto incumplimiento del Acuerdo de Escazú y advierten sobre un posible retroceso en materia de protección ambiental.
También se abre un debate sobre la competencia entre jurisdicciones, uno de los ejes centrales de la disputa judicial. Mientras el oficialismo defiende la descentralización hacia las provincias, los detractores sostienen que se pone en riesgo un recurso estratégico de alcance nacional.
En el Congreso, algunos legisladores anticipan que el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema, donde el antecedente de 2019, que avaló la ley original, aparece como un punto de referencia clave.
Pese a este escenario, en el Gobierno aseguran que la judicialización era esperable y confían en que la reforma resistirá los cuestionamientos. La disputa, ahora, se traslada a los tribunales.
