La reciente aprobación de la ley que establece sanciones a los padres por los actos de acoso escolar cometidos por sus hijos encendió la discusión sobre cómo enfrentar un problema cada vez más visible en las aulas. La norma, que fija montos que van desde los 210 mil hasta los 2 millones 100 mil pesos, además de la posibilidad de aplicar tareas comunitarias en casos iniciales, busca reforzar la responsabilidad parental frente al bullying.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el psicopedagogo Alejandro Castro Santander explicó: “La cifra es como máximo 2 millones 100. Creo que empezaba con 210 mil y llegaba hasta 2 millones 100. Que se irá modificando a través del tiempo, pero bueno, esa es la idea”.
El especialista recordó que esta iniciativa surge luego de hechos que tuvieron gran repercusión en la provincia. “Creo que era una niñita de 11 años que había sufrido bullying durante bastante tiempo. La familia que había pedido intervención de la escuela no tuvo respuesta. Aparecía un padre ahí hasta casi alentando el hostigamiento de este compañero. Y bueno, termina todo esto en una reacción, donde los padres judicializan el tema y la jueza, en su fallo, directamente responsabiliza a la institución educativa”, señaló.
Consultado sobre la actitud de un adulto que alienta estas prácticas, Castro Santander expresó: “Es un tema complejo y lamentablemente hay hogares donde la violencia está naturalizada totalmente, es lo cotidiano. Es la forma que tienen de tratarse, de comunicarse. Ahí se ve muy bien lo que llamamos el aprendizaje de la violencia por parte de los chicos”.
El especialista también destacó que la Dirección General de Escuelas buscó avanzar en protocolos y proyectos de ley para abordar el problema, aunque advirtió: “Yo creo que la intención ha sido muy buena, porque todos estos espacios que quedan por ahí oscuros o que no están claros, tratemos de ver cómo estamos funcionando, proponen un protocolo más preciso con respecto a esto, que creo que se puede mejorar bastante, y proponen un proyecto de ley. El problema cuál es, que yo creo que le está faltando un poco de evidencia”.
Sobre la esencia de la norma, Castro Santander manifestó: “Hace décadas que tenemos claro que el fenómeno de la violencia en general y del bullying en particular en los ámbitos educativos es mucho más complejo. Nosotros decimos que es multicausal, donde por supuesto la familia tiene una primera gran responsabilidad”.
Sin embargo, advirtió que no se debe simplificar el análisis: “Para mí es un error responsabilizar directamente a la familia. Lo que tal vez debería ponerse o quedar claro dentro de la norma es analizar las situaciones y en caso de que se vea, cosa que es bastante complejo… hay casos muy evidentes, como este otro padre que alentaba el hostigamiento, pero hay otros donde no es tan fácil identificarlo”.
En ese sentido, señaló que muchas veces la opinión pública se queda con una visión reducida: “Cuando uno dice ‘acá la culpa la tienen los padres’, adhiere prácticamente el 90%. Pero cuando uno va hilando fino, las responsabilidades están muy compartidas y tienen que ver con el modelo que se utiliza, que es un modelo sistémico-ecológico”.
Sobre el posible impacto de esta normativa, indicó: “Yo creo que es lo que se espera con esta medida, que es una medida más bien punitiva. La experiencia que nosotros tenemos es que no, en realidad es poco el impacto que tienen, porque las medidas que tienen buen pronóstico se apoyan en lo preventivo y colaborativo”.
Castro Santander comparó la experiencia local con modelos internacionales: “En el caso de España, tiene un modelo que es educativo sancionador. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque de doble vía. El Código Civil establece la responsabilidad civil de los padres por los ilícitos de los hijos menores de edad, pero por otro lado hay toda una ley de responsabilidad penal también del menor. No es puramente punitiva. Se hacen muchísimas actividades con la familia porque tenemos claro, y mucho más en nuestra región, que América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo. Entonces necesitamos a la familia como aliada, no solamente verla como la responsable absolutamente de todos los males”.
También mencionó experiencias de Canadá, Noruega y México, donde se trabaja con la familia y se aplican programas de mediación, educación y justicia restaurativa: “La familia no va a las instituciones, entonces se trabaja desde la casa. Para hacer todos los trabajos de desaprendizaje de la violencia. Primero se trabaja en lo preventivo, para después no estar saliendo atrás de los acontecimientos”.
El psicopedagogo fue más allá y vinculó la violencia en las aulas con un contexto cultural y social más amplio: “La violencia en general es una conducta aprendida, lindos modelos le estamos mostrando. El otro día estaba viendo una sesión de la Cámara de Diputados y realmente daba vergüenza, no parecían ni adolescentes, parecían niños chicos. Es impresionante ver el nivel de irresponsabilidad con la que se trataba, de maleducación, de violencia, inclusive, un legislador varón llamando a una pelea física a una legisladora mujer”.
Finalmente, subrayó la importancia de no reducir el problema al bullying en sí mismo: “El bullying es un emergente de otras situaciones que no hemos resuelto bien, como el tema del conflicto o las violencias esporádicas. Por eso se toma el enfoque de toda la escuela, con un programa de convivencia que involucre a directivos, docentes, estudiantes y padres”.
De cara a lo que viene, remarcó: “Yo creo que en la Legislatura se puede mejorar. El tema es que hagamos el esfuerzo para que sea la mejor norma posible, la mejor ley que se pueda construir”.
