La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto clave para la reorganización de las políticas de seguridad ciudadana en la provincia. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, establece un marco normativo al que deberán adherir los municipios que decidan participar en acciones preventivas vinculadas con la seguridad. La diputada provincial Cecilia Rodríguez, en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, brindó detalles sobre el alcance de la propuesta legislativa, que ahora espera tratamiento en el Senado.
“Este proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo Provincial, lo que hace es establecer un sistema de seguridad ciudadana, o sea de normativizarlo, en el que se contempla la posibilidad de que los municipios que quieran involucrarse en la cuestión de la seguridad en los aspectos preventivos puedan hacerlo”, explicó la legisladora. Al mismo tiempo, remarcó que si un municipio decide involucrarse en estas tareas, “ahí sí deben adecuarse obligatoriamente a esta normativa”.
Rodríguez señaló que actualmente existen distintos niveles de intervención municipal en materia de seguridad, con experiencias dispares y marcos normativos propios. “Lo que ha sucedido en los hechos es que algunos municipios de distinta manera han avanzado teniendo estos cuerpos de preventores, o lo que en algún momento se llamó policías locales, algunos avanzando por ejemplo en ordenanzas propias”, explicó. Esta situación ha generado “una falta de uniformidad en distintos aspectos”, motivo por el cual la ley busca ordenar criterios, competencias y funciones.
“Delimitando por ejemplo sus competencias, sus delimitaciones, la coordinación que deben tener con las fuerzas y específicamente policiales tanto de la provincia de Mendoza como federales”, agregó la diputada. Además, enfatizó que el proyecto “remarca claramente la cuestión preventiva no sólo en lo que tiene que ver en la lucha contra el delito y las cuestiones contravencionales que también son muy importantes en relación a los municipios, sino que también aborda otras aristas, como son por ejemplo los relevamientos urbanos, todas las cuestiones que tienen que ver con lo edilicio”.
La ley también contempla la integración de lo que ya existe a nivel local, pero bajo una reglamentación precisa. “Se va a integrar, se va a dejar claro lo que se puede hacer, lo que no”, afirmó Rodríguez. En ese sentido, una de las novedades más comentadas del texto es la autorización del uso de armas de baja letalidad, lo que ha generado amplio debate. “Se ha incluido esta cuestión que ha salido por muchos medios, que tiene que ver con permitirles estas armas de baja letalidad”, confirmó la legisladora.
Pero la norma no deja espacio para ambigüedades: “Lo permite pero lo hace de una manera en la que es taxativa, enumera cuáles son esas, las conceptualiza y las enumeran, cuáles son estas armas de baja letalidad”. En cuanto a la capacitación para el uso de estas herramientas, Rodríguez indicó que “la capacitación y los permisos para utilizarlas de parte de los municipios, va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública”.
Consultada sobre qué dispositivos específicos contempla la ley, Rodríguez señaló: “Estamos hablando de pistolas Taser, también estamos hablando de alguna tecnología como son hipodrones, estamos hablando de los canes adiestrados”. Y agregó: “Es una serie de, no son solamente las pistolas, esta marca en particular de Taser, pero bueno, es un claro ejemplo porque es un arma que sirve para inmovilizar, pero no es un arma letal, eso es lo importante, que en muchas situaciones son necesarias”.
Respecto al recorrido legislativo del proyecto, Rodríguez confirmó que ahora será el turno del Senado: “Esto pasa en senadores, también va a tener una discusión en sus comisiones”. En Diputados, según detalló, fue debatido en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías Constitucionales. “Así que fue un tratamiento en plenario”, remarcó.
La diputada sostuvo que el objetivo es unificar criterios en todos los niveles del Estado que intervienen en la seguridad ciudadana, sin restar facultades a los municipios, pero garantizando que cualquier intervención se realice bajo estándares comunes y supervisados por el Ministerio de Seguridad.
