El Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de Ley de Semillas y Coexistencia de Cultivos, una normativa impulsada por el Ejecutivo en colaboración con el sector privado. Walther Marcolini, senador provincial y promotor de la iniciativa, explicó que la ley busca asegurar la calidad genética del material de propagación vegetal, potenciar la actividad semillera y brindar seguridad jurídica a productores e inversores.
Un marco legal para la competitividad
La ley nace a partir de una demanda directa del sector, específicamente del Clúster de Semillas, conformado por pequeños y medianos productores mendocinos con una larga trayectoria. «En realidad es un proyecto que ha sido promovido desde el Ejecutivo, pero en forma conjunta con el Clúster de Semillas, que son pequeños productores mendocinos», explicó el propio Walther Marcolini a FM Vos 94.5.
Aunque la ley nacional de semillas es de 1973, su reglamentación data de 1983. Por ello, la norma provincial busca actualizar el marco legal para una actividad sumamente intensiva y que ocupa gran cantidad de mano de obra. «Lo que se busca es asegurar es la calidad, la identidad genética del material y la trazabilidad», destacó a continuación.
Registro obligatorio y acuerdos de coexistencia
La ley establece un requisito de inscripción obligatoria para los productores en un nuevo registro. La autoridad de aplicación será el ISCAMEN, organismo que ya tiene delegadas las facultades del Instituto Nacional de la Semilla (INASE).
Los productores deberán consignar, dentro del marco del Registro de Uso de la Tierra (RUT), información detallada: Ubicación georreferenciada del terreno, especies y variedades para cultivar, cantidad de hectáreas destinadas a la producción y fechas estimadas de siembra y floración.
Un aspecto clave de la ley es la coexistencia de cultivos. El senador alvearense explicó que la normativa no establece zonas de exclusión para no violar el derecho constitucional de propiedad. «Sí busca que haya algún tipo de acuerdo entre los vecinos (por eso deben registrarse) para evitar que, al producir el mismo tipo, se dé ese cruzamiento que contamine genéticamente a la semilla pura que debe ser de alta calidad», comentó al respecto.
«El propósito es potenciar la producción, diversificando ya un sector, que es el sector agrícola, y lograr que la semilla de Mendoza pueda salir al mundo, garantizando la calidad genética», enfatizó.
Fiscalización y etapa de reglamentación
La ley prevé sanciones que incluyen multas y la inhabilitación temporal para registrar lotes de semilleros para aquellos que se salgan de la norma. Además, promueve la coordinación interjurisdiccional con provincias vecinas. El rol de control y fiscalización del ISCAMEN será crucial para asegurar el cumplimiento, especialmente en los casos donde se produzcan desacuerdos o se incumplan las normas de distancia mínima de siembra. Una vez que la Cámara de Diputados sancione la ley, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentarla. «En esa instancia va a ser de nuevo importante la complementariedad del trabajo con el propio sector interesado. Vendrá una etapa también muy atractiva, que es la de la reglamentación», anticipó Marcolini.
El entrevistado concluyó con una visión de futuro para el sector. «Creemos que es un aporte interesante a la agricultura, en un sector que tiene mucho potencial y condiciones de clima e hidrología que lo favorecen para obtener semillas de calidad, siendo una manera de ampliar nuestra matriz agrícola», completó.
Puntos clave de la propuesta
El proyecto incluye herramientas fundamentales para la planificación y el control agrícola:
Creación del Registro de Uso de la Tierra (RUT): Los productores deberán inscribir la ubicación, el tipo de cultivo y las fechas de siembra. Esta información es esencial para la planificación y la prevención de interferencias entre parcelas.
Protocolos de coexistencia: Se establecerán normas específicas para la regulación de la ubicación, con posibles aislamientos, barreras vegetales y desfases temporales de siembra para mitigar la polinización cruzada.
Autoridad de aplicación: El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Según los promotores de la ley, esta normativa proporciona la seguridad jurídica que tanto empresas semilleras multinacionales como pequeños productores necesitaban para invertir y crecer en la provincia.
