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Ley Ómnibus de Milei: la industria vitivinícola advierte el impacto crítico de competitividad que generará las retenciones del 8%

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La vitivinicultura sigue siendo el motor de la provincia, pero su estructura está mutando

El sector vitivinícola no está pasando su mejor momento. Hace poco, terminó de transitar una temporada particularmente mala, condicionada por una de las peores cosechas de la historia y una profunda caída de sus ventas, tanto en el mercado interno como en el externo.
Ahora, es uno de los complejos apuntados por el Gobierno para pagar retenciones. Deberá tributar un 8% por sus ventas al exterior.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), en diálogo con FM Vos 94.5 aseguró que esta decisión impactará negativamente en la competitividad de las empresas.
“Nos llama poderosamente la atención que le impongan retenciones a los productos de valor agregado. En general las retenciones se aplican sobre los productos primarios y se exime a los de valor agregado, para estimular su exportación. Primero iban a aplicar una tasa del 15 %, pero ante las malas repercusiones decidieron bajarla al 8%», explicó Sergio Villanueva al comienzo de la nota.
«Si uno analiza detenidamente la situación, observa que el sector del vino viene desde septiembre tributando cero retenciones. Entonces, en la práctica junto a la producción del limón es la única actividad que pasará de cero a 8 %. En el caso del cítrico aún es peor, pasan al 15 % directamente», aclaró.
«Esta decisión llama poderosamente la atención. No sabemos si es por desconocimiento, quizás se piensan que toda la vitivinicultura es la postal de un restaurant de elite o la etiqueta de un vino muy caro. En este contexto, lo que más nos preocupa es que no se considere el tema del valor agregado. En una caja de vino de USD 40 FOB (Free on Board) el vino representa aproximadamente USD 10. La retención del 8% significaría USD 3,2 por caja. Eso implica 32% del valor del vino, este porcentaje es una barbaridad porque se equipara a los valores similares a los derechos de exportación de la soja. Se trata evidentemente de un tema recaudatorio», lanzó Villanueva.
Después, contó que ya elevaron sus reclamos a las autoridades nacionales. «En las últimas horas hemos hablado con el director del área de Bioeconomía del gobierno nacional, Fernando Vilella. Nos dijeron que es un tema de equilibrio fiscal y que compete al ministerio de Economía. Ahora hay que esperar lo qué sucede con la Ley Ómnibus, por eso estamos yendo constantemente al Congreso de la Nación. Queremos informar a nuestros legisladores y autoridades de esta situación y que tomen conciencia del perjuicio que conlleva», remarcó Villanueva.
«Si la ley se aprueba, toda la cadena vitivinícola pasará a tributar. Esperemos que exista la voluntad y la flexibilidad suficiente para modificar esta decisión», agregó.
Por otra parte, opinó sobre las leyes vitivinícolas que derogó Javier Milei en el DNU. “En la década del 90 hubo tres, para mí, procesos desregulatorios, el primero fue la transformación de la empresa Giol al sistema cooperativo, a FECOVITA. La segunda fue el decreto de regulación de Domingo Cavallo que le quitó al INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) facultades que tenían que ver con la regulación de los precios. La tercera fue la asunción de la política de vitivinícola por parte de las provincias que tomaron una serie de herramientas, la más importante de ellas fue la que se implementó con el acuerdo Mendoza-San Juan. Allí, se especificó de no hacer más vino que aquel que necesita el mercado. Esto se hizo para evitar las crisis vitivinícolas ante la caída de los precios. Ahora lo que se hizo con estas medidas fue sacarlas de la papelera de reciclaje. Hay que revisar lo que refiere a la elaboración por cuenta de terceros. Creo que las bodegas provinciales tendrán que trabajar sobre esta cuestión, porque esta reglamentación es importante sobre todo en periodos inflacionarios que es cuando el productor a veces no está conforme con el precio de la uva y recurre a elaborar para defender mejor su precio», argumentó el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina.
A su vez, reflexionó sobre la nueva designación de Carlos Tizio en el INV. «Con él tenemos buena relación, así que no tenemos problemas. Lo que la mayoría de los empresarios reclama es la desburocratización. Creo que hay que cambiar una serie de conceptos. Hay que concentrarse solamente en el control de la producción y el resultado del producto final. Estas son discusiones que se pueden dar, más si se tiene en cuenta que las exportaciones y los consumos no son igual que hace 40 años», expuso el referente del sector.
Asimismo, habló sobre la caída en el consumo interno y las exportaciones. «El escenario es complicado. Obviamente que la crisis económica afecta el nivel del consumo interno, pero además hay una tendencia en el mundo a consumir menos vinos tintos. La gente tiende a consumir bebidas con menores graduaciones alcohólicas y frías. Muchas bebidas fuertes como el vodka o el gin las mezclan con jugos o gaseosas. Eso no ocurre con los vinos, por eso hay que reformular el mercado. Estamos ofreciendo un producto que la gente ya no consume como antes. Las nuevas generaciones van dejando atrás la cultura del vino. Por eso también caen las exportaciones y las demandas de importación de países importantes como Reino Unido, EEUU o China», fundamentó.
«En lo que refiere al consumo en el mercado interno, todo depende del dinero que la gente tenga en el bolsillo. Por todos estos factores comienzan aparecer los fantasmas del excedente y con ello las sombras del precio y su caída, mientras aumentan todos los costos. Creo que las políticas vitivinícolas deben ser manejadas por las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. Dadas las circunstancias me parece que una decisión acertada es no producir más vino que lo que el mercado necesita. El año va a ser muy complicado para el sector», agregó a modo de cierre.

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