Leyes y justicia

A la hora de la evaluación final de la gestión nacional que encabeza el presidente Macri, seguramente los aumentos en las tarifas de los servicios públicos depararán un capítulo destacado. En esa instancia, la necesidad y oportunidad de éstos serán valoradas y, de ello, resultará una conclusión respecto a lo positivo o negativo que fueron y su correlación con el costo político que conllevan.
Por estos días, la polémica se ha centrado en el costo del gas y, llamativamente, no tiene que ver con los aumentos en sí (de acuerdo a los guarismos oficiales, en Mendoza las boletas se han incrementado en más del 500% en promedio desde 2015), sino con un “plus” que deberemos abonar los consumidores a partir del 1 de enero del año que viene debido a la devaluación que vislumbró el peso argentino respecto al dólar. De acuerdo a lo que explicó el ahora ocupante de uno de los sillones más calientes del Gabinete nacional, el secretario de Energía, Javier Iguacel, los usuarios deberemos abonarle a las empresas distribuidoras un extra durante 24 meses ya que, según informó Iguacel, “las empresas no deben perder ante la devaluación” y justificó la medida en que “la ley y los contratos lo dicen”.
Lógicamente, el anuncio repercutió negativamente en una parte mayoritaria de la sociedad y también en la clase política, incluso dentro del propio Cambiemos. De hecho, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo consideró que los aumentos “ya son imposibles de pagar”.
Otra controversia actual –una más- es la que se da en el ámbito provincial respecto de la posible modificación de la ley 7.722 para posibilitar la explotación de la minería metalífera en nuestro territorio. Entre las críticas que realizan quienes están en contra de esa actividad, además de la posible afectación ambiental de los emprendimientos, está aquella que sostiene que las empresas explotadoras no dejan grandes cifras de dinero en la provincia en concepto de regalías. La explicación oficial es: “La ley determina cuánto deben pagar”.
Dos ejemplos de cómo, en un país plagado de leyes, muchas de ellas no tienen legitimidad por ir en contra de los intereses ciudadanos y, muchas veces, de la idea de justicia.