Liberaron bajo fianza a los dueños de la agroveterinaria que habrían agredido a un abogado y a un oficial de justicia

Los dueños de la agroveterinaria “Adolfo”, que habían sido detenidos el miércoles último a raíz de una violenta situación que se presentó en su local comercial, recuperaron ayer su libertad.
Gustavo Martínez y Andrea Arreceygor, que están formalmente imputados como coautores de los delitos de desobediencia a una orden judicial, lesiones, daño y privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia en concurso real, fueron liberados en la víspera por orden del fiscal Javier Giaroli después de haber recibido éste los informes periciales psicológicos y de antecedentes correspondientes, y de cumplir con una caución (fianza) de 50 mil pesos la mujer y 100 mil el hombre, aunque seguirán vinculados a la causa.
Tal como informábamos en nuestra edición de ayer, la pareja habría reaccionado intempestivamente ante un embargo judicial que un oficial de justicia y un abogado pretendían ejecutar en el comercio referido, a raíz de una demanda laboral que los empresarios habían perdido meses atrás en la Justicia local.
De acuerdo a información que Diario San Rafael pudo recabar en ámbitos tribunalicios, el proceso laboral original concluyó con una condena contra los dueños de la agroveterinaria, quienes debían abonarle a un ex empleado una suma resarcitoria cercana a los 40.000 pesos.
A pesar de esa resolución, los empresarios no abonaron lo ordenado por lo que los representantes legales del trabajador iniciaron un proceso de ejecución de sentencia a fin de cobrar su acreencia. En el marco de este nuevo procedimiento fue que se dictó la orden de trabar embargo sobre bienes de los demandados hasta cubrir el capital, los costos y las costas de aquella sentencia laboral.
Con esa resolución en la mano, los dos hombres se constituyeron el miércoles en horas de la mañana en el local comercial y, ante la comunicación de la medida, la pareja habría agredido a los requirentes, le habrían roto el celular al abogado mencionado y los habrían encerrado en el interior del comercio, generando la imputación mencionada precedentemente.
A raíz de la denuncia que radicaron las víctimas en la comisaría 32ª, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de la pareja, cuyos integrantes quedaron alojados en esa dependencia policial hasta ayer (la mujer debió ser trasladada durante la noche del miércoles al hospital Schestakow por un problema de salud), cuando recuperaron su libertad. Asimismo, la justicia dispuso el secuestro de un equipo de videograbación que habria registrado las imágenes de las cámaras de seguridad del local en el momento del suceso. A los funcionarios judiciales que actúan en la investigación les llamó la atención la “desmesura y la violencia” con que habrían actuado los comerciantes ante la medida judicial.
No obstante la decisión liberatoria del fiscal Giaroli, la pareja deberá observar una prohibición de acercamiento para con las víctimas y continuarán enfrentando el proceso judicial en su contra para responder respecto a su presunta responsabilidad en lo sucedido.