Los abogados y procuradores del Sur siguen preocupados por la afectación del servicio de Justicia durante la pandemia

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial (comprende a los profesionales de San Rafael, General Alvear y Malargüe) volvió a plantearle a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza su “profunda preocupación” por la afectación que se ha observado en varios juzgados del Sur provincial debido a la proliferación de casos positivos de Covid-19 y las consecuentes suspensiones de actividades en dependencias del Poder Judicial. Entre otros casos, se destaca la inhabilidad en los juzgados de Familia de nuestro departamento y se solicitó, en ese sentido, que se arbitren las medidas necesarias de manera urgente para regularizar la atención al público y a los profesionales.
“Resaltando la importancia de las cuestiones de Familia, y reiterando gran cantidad de pedidos realizados inclusive mucho antes de la pandemia, es vital que se nombre más personal para, en lo inmediato, poder trabajar con guardias rotativas, y en lo mediato, eliminar la demora general de las causas en dicho Juzgado. Reiteramos que no es la primera vez que esta Institución hace este pedido, inclusive antes de la pandemia, sin haber obtenido respuestas concretas y eficaces”, sostiene la misiva de los abogados y procuradores sureños.
En la misma afirman –además– que “en las últimas semanas se ha cerrado en su totalidad el Juzgado Penal Colegiado de Malargüe, en el cual se resolvió la suspensión de actividades e inhabilidad hasta el 4 de noviembre por un caso positivo de Covid, de igual forma en el Juzgado de Familia de aquel departamento se suspendieron actividades retomándose recién el miércoles 28 de octubre, y también en el Juzgado de Paz se suspendieron totalmente las actividades decretándose inhabilidad hasta el 30 de octubre. Esta paralización en el departamento de Malargüe y semanas atrás en San Rafael nos convoca a SOLICITARLES que se arbitren las medidas necesarias y urgentes para regularizar la atención a profesionales y evitar, en lo futuro, que se repitan suspensiones casi generales de la actividad judicial”, refiere la crítica nota.
Finalmente, el Colegio expresó que se ha llegado a esta situación “por falta de organización adecuada y de personal suficiente. Ello produce una clara afectación de la atención de profesionales y justiciables, la justicia se ve afectada en su totalidad y los turnos sacados por los profesionales deben ser reprogramados. Esto genera perjuicio claro y directo a los profesionales del derecho, pero especialmente a los ciudadanos”.