La reciente advertencia lanzada por profesionales de la salud y referentes sociales en nuestro departamento respecto al severo deterioro en la salud mental de los jubilados sanrafaelinos expone, acaso con la crueldad más descarnada, el verdadero rostro de la actual política económica nacional.
Cuadros de ansiedad crónica, estados depresivos y un progresivo aislamiento comunitario no son anomalías estadísticas ni patologías de origen estrictamente biológico; constituyen la manifestación sintomática y el costo humano directo de un modelo de ajuste que ha transformado la subsistencia diaria en una carrera de obstáculos impracticable para los sectores más desprotegidos de la sociedad civil.
La pérdida sistemática del poder adquisitivo frente a la escalada de la canasta básica y la drástica reducción en la cobertura de medicamentos esenciales han colocado a la ancianidad en una encrucijada indigna. Carlos Chávez, referente de Jubilados y Pensionados Autoconvocados, visibilizó ante los micrófonos de Fm Vos y Diario San Rafael esta dramática realidad tras la reciente charla sobre salud mental realizada en el Club Español, describiendo con precisión el sufrimiento emocional que atraviesan muchas personas mayores. Chávez puntualizó que, ante la devaluación de sus ingresos, «hay personas que llegan a la farmacia y tienen que elegir qué medicamento comprar porque el dinero no les alcanza para llevar todo lo que necesitan y, al mismo tiempo, poder comer».
Sin embargo, este escenario de vulnerabilidad no representa un hecho aislado ni un daño colateral imprevisto en las planillas del poder central. Por el contrario, se inscribe con coherencia dentro de un diseño macroeconómico de matriz netamente exclusoria, cuyo principal mecanismo de equilibrio fiscal descansa sobre el recorte de las partidas destinadas a los sectores que carecen de capacidad de presión corporativa.
El rigor del dogma oficial no se detiene en las jubilaciones ni en las prestaciones de PAMI que, según advierten a nivel local, incrementan la angustia y la incertidumbre. El repliegue del Estado se evidencia con igual sistematicidad en la parálisis de los programas de asistencia a las personas con discapacidad, en el desfinanciamiento crónico de la educación pública que asfixia el futuro de los estudiantes, y en la preocupante retracción de las políticas de contención social destinadas a los niños de los estratos más postergados.
Para una comunidad como la de San Rafael, el impacto de estas directrices se percibe de forma directa en el tejido social cotidiano. Tal como concluyó Chávez al interpelar a la comunidad local, «hablar de salud mental también es hablar de la realidad que viven hoy nuestros jubilados». La salud mental de nuestros adultos mayores, así como la seguridad de la niñez y las oportunidades de los jóvenes, no pueden quedar supeditadas a la fría lógica del déficit cero si este se consigue a expensas de la dignidad humana fundamental. La viabilidad de una nación debería medirse por la capacidad estructural de proteger a sus integrantes más débiles. Hasta tanto la política pública no recupere ese principio ético elemental, el declamado orden económico continuará construyéndose sobre el descarte de los sectores más vulnerables.
