El Ministerio de Seguridad de la provincia reconoció que los ciberataques a los sistemas digitales del Estado vienen teniendo un fuerte incremento al ritmo del desarrollo de la inteligencia artificial y para eso impulsan una legislación que permitirá darle marco normativo: la Ley de Ciberseguridad. El proyecto ya comenzó su tratamiento este miércoles y permite estructurar la defensa del Gobierno ante posibles vulneraciones por accesos no autorizados a los sistemas del Estado.
El escrito fue presentado por la ministra Mercedes Rus ante la Comisión de Legislación y Asuntos Institucionales, junto con el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.
“El proyecto plantea, como política de Estado, proteger los sistemas y las infraestructuras críticas que, atravesadas por la digitalización y por sistemas informáticos, sostienen entre otras cosas el sistema de transporte, el sistema eléctrico, energético, de salud, de educación y los sistemas de seguridad“, aclaró la ministra Rus, y puso como ejemplo el 911. La idea es acompañar con ciberseguridad todos los avances en digitalización que generó la Ley de Modernización.
La ley contempla no solo las infraestructuras digitales públicas sino las privadas de aquellos organismos que tengan vinculación con el Estado, como prestadores. Pretende crear un Comité Ejecutivo integrado por personal técnico y con representación de los ministerios que manejan datos más sensibles y otros poderes.
El problema de los ciberataques
En diálogo con El Sol, Biskupovich reconoció que se incrementaron mucho los ciberataques en los últimos años, especialmente con el uso de la inteligencia artificial. “Hoy ya no hay que estar tan preparado para poder hacer o planificar un ciberataque; pero de la misma manera hay muchas herramientas también basadas en inteligencia artificial para poder defender esos ataques“, señaló.
“En el país se reciben a diario cientos de ataques a organismos y en la provincia no estamos ajenos. Todos los días tenemos equipos destinados a que esos ataques no prosperen“, advirtió. Recientemente se dieron a conocer públicamente casos de operaciones que intentaron vulnerar los sistemas de la DGE, OSEP y la Universidad de Cuyo.
Sin embargo, no hay datos oficiales ni estadísticas porque no hay ley que obligue a registrarlos. Este proyecto justamente pretende crear el Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad.
Sobre cómo se trabaja con esos intentos, Biskupovich reconoció que en la actualidad no cuentan con un protocolo definido, sino que está en construcción y por eso también pretenden avanzar con la ley. Pero aseguró se destina tecnología y equipos técnicos monitorean los intentos de ataque.
Aseguró que la La Ley de Modernización ya contemplaba comenzar un camino de protección digital y parte de la tecnología implementada es la que actualmente permite custodiar los sistemas. También hubo capacitación al personal tanto en las herramientas como en las técnicas para evitar que prospere una filtración.
Para eso, utilizan un concepto clave: resiliencia. La idea es que si se produce un ataque, la prioridad es que todos los servicios públicos que se prestan sigan funcionando y no se comprometan. “Nosotros sabemos que los ataques van a seguir creciendo porque cada vez es más fácil realizar un ataque, pero tenemos que garantizar que, si recibimos un ataque, los servicios esenciales de la provincia se sigan prestando”, reconoció.
La ayuda de “hacker buenos”
El texto del proyecto contempla la regulación de la actividad del White Hat (o hacker de sombrero blanco) el término que adoptaron los expertos en ciberseguridad que utilizan sus habilidades para vulnerar sistemas con el objetivo de encontrar fallas de seguridad, y detectarlas. A diferencia de los que vulneran sistemas para apropiarse de los datos y delinquir.
El texto habilita la colaboración legal, responsable y mediante canales seguros para la recepción de reportes. Como contrapartida, ofrece garantías jurídicas para permitir que estos especialistas no reciban consecuencias legales.
El contacto del Ministerio de Seguridad con estos especialistas surgió tras el desarrollo de la White Hat Conference, una conferencia de referencia internacional que se llevó a cabo durante junio en Mendoza. “Ellos nos plantearon que su necesidad de aportar a esta normativa no es económica, sino de vocación“, explicó Biskupovich.
“Lo que nos pidieron es garantías de que una vez que ellos reportan una vulnerabilidad, nadie va a ir contra ellos por haberla detectado, o por haber entrado a un sistema“, aseguró el funcionario. Contó que estos especialistas conocen cientos de vulnerabilidades a nivel nacional pero que no las informan por temor a tener consecuencias.
Críticas a la ley
Durante el acto estuvieron representados los distintos espacios políticos que componen la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, incluido su presidente Walther Marcolini y los oficialistas Natacha Eisenchlas y Martín Kerchner. Pero también los opositores Adriana Cano, Ariel Pringles y Félix González.
Entre las personas que presentaron críticas, el kirchnerista Félix González aseguró que tiene dudas respecto a la habilitación de la contrataciones directas en materia de ciberseguridad y el costo presupuestario de la implementación. Aunque la ministra aclaró que por el momento tiene costo 0, hasta que se haga efectiva la reglamentación en caso de ser aprobada. También puso dudas sobre la coordinación de todos los ministerios en el uso de los datos.
El senador Ariel Pringles (La Unión Mendocina) puso la lupa sobre las disposiciones sancionatorias que están amparadas en el proyecto, que a su criterios son “restrictivas” y que están aplicadas exclusivamente por el Comité Ejecutivo mencionado. También sobre cómo este administra la totalidad de los datos, aunque Biskupovich aseguró que el Comité no tendrá la guarda ni centralización de los datos (cada efector y organismo privado lo hará) sino que exclusivamente centralizará la respuesta ante ataques.
