El 11 de enero de este año, una tormenta de gran magnitud azotó el sur mendocino y, en particular, el departamento de San Rafael.
El fenómeno climático afectó y dañó significativamente las centrales 2 y 3 del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, dejando al descubierto la fragilidad de un sistema clave para el abastecimiento eléctrico de la región.
Ese episodio fue el preludio de un proceso más amplio. A fines de mayo, el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la Ley 9630, que declaró en emergencia al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por un período de 14 meses contados desde su promulgación.
La norma, que ya lleva casi 6 meses y le restan 8 más, busca dar un marco legal a una etapa de transición delicada mientras se define el futuro concesionario del complejo.
LA EMERGENCIA
La ley establece la continuidad del período de transición a cargo de HINISA (Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A.), al tiempo que ordena revisar el cumplimiento integral del contrato vigente por el uso hidroeléctrico de las aguas del río Atuel y otros bienes de dominio provincial.
En paralelo, habilita a que HIDISA (Hidroeléctrica Diamante S.A.) continúe operando con las aguas del río Diamante para la generación de energía, siempre que cumpla con las obligaciones previstas en su concesión.
Entre los puntos centrales, la 9630 faculta al Poder Ejecutivo a concesionar el uso hidroeléctrico de ambos sistemas por un plazo de hasta 30 años, con la posibilidad de licitarlos de manera conjunta.
También autoriza la realización de contrataciones directas, por fuera del régimen administrativo habitual, para garantizar el funcionamiento, la operación, el mantenimiento y las reparaciones necesarias en el sistema Los Nihuiles durante el período de emergencia.
La norma además permite al Gobierno reasignar fondos y exigir información al actual concesionario, con el objetivo de facilitar la transición y asegurar la futura adjudicación del complejo. Como contrapeso, el Ejecutivo debe informar cada 90 días a la Legislatura sobre el avance del proceso licitatorio y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio eléctrico.
¿EL FUTURO?
Con aún ocho meses por delante dentro del plazo fijado por la ley, comienza a delinearse un escenario cargado de interrogantes para el sur provincial.
La combinación de una infraestructura dañada por eventos climáticos extremos, un sistema en emergencia y la indefinición sobre el modelo de concesión mantiene en alerta a usuarios, empresas y autoridades locales.
Lo que se resuelva en los próximos meses será clave para el futuro energético del sur mendocino y para el aprovechamiento de dos ríos estratégicos: el Atuel y el Diamante.
