La controversia por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles abrió un debate que excede el reparto de recursos entre Mendoza y La Pampa. Qué hacer con esos ingresos, cómo recuperar la capacidad de generación del complejo, cuáles serán las condiciones de la nueva concesión y qué obligaciones existen sobre el uso del agua fueron algunos de los ejes de una extensa conversación en FM Vos 94.5.
En la mesa participaron los diputados provinciales Franco Ambrosini, de la UCR, y Germán Gómez, del PJ, junto con los abogados Luis Jofre, presidente del Instituto de Derecho Minero, Hidrocarburos y Energías Renovables, y Adriano Indiveri, referente del Instituto de Derecho Ambiental. Durante el intercambio con Ariel Sat y Alejandro Sosa, los invitados expusieron coincidencias, diferencias jurídicas y cuestionamientos sobre las decisiones que deberán tomarse en los próximos años.
Los legisladores coincidieron en defender el derecho de Mendoza a percibir las regalías correspondientes a la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles y en evitar que esos recursos se diluyan en el gasto corriente. Sin embargo, protagonizaron fuertes cruces al analizar la información sobre la futura concesión, los daños en las centrales y las negociaciones con las aseguradoras.
Jofre e Indiveri, por su parte, aportaron perspectivas sobre la generación energética, el carácter interjurisdiccional del Atuel y la necesidad de incorporar las obligaciones ambientales a las decisiones políticas y económicas.
La disputa con La Pampa y el respaldo jurídico que plantean los legisladores
Ambrosini cuestionó la presentación judicial pampeana para frenar el decreto nacional que modificó el esquema de distribución de las regalías. Desde su interpretación, la posición de Mendoza encuentra respaldo en la doctrina y en los antecedentes judiciales.
“La jurisprudencia es clara y son recursos que son de Mendoza”, sostuvo el diputado radical.
También señaló que Mendoza no había sido incorporada como parte al proceso al momento de la entrevista y consideró que la controversia debería ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para Ambrosini, el recorrido judicial terminará debilitando el planteo pampeano.
Gómez compartió la defensa del reclamo mendocino y remarcó que la discusión lleva más de medio siglo. “Ya es una situación de más de 50 años, de un decreto que ha sido totalmente injusto y que incluso la jurisprudencia imperante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a Mendoza”, expresó.
El legislador justicialista sostuvo que el criterio jurídico central está vinculado con el lugar donde se produce la energía. “No hay una cuestión territorial compartida con La Pampa que le diera derecho”, afirmó.
En ese marco, interpretó la medida cautelar solicitada ante la Justicia Federal de Santa Rosa como una estrategia para dilatar la resolución del conflicto. Según dijo, se trata de “una herramienta tendiente a obstaculizar un proceso” frente a una situación que, desde su mirada, está jurídicamente definida.
Gómez también cuestionó la utilización política de la disputa. “La Pampa ha sostenido como bandera política, más allá de los gobiernos que le ha tocado”, señaló, y consideró que el reclamo sobre las regalías debe diferenciarse de las discusiones relacionadas con el río y el ambiente.
Luis Jofre: qué se reparte y de qué depende el ingreso
Jofre se detuvo en una cuestión que consideró necesaria para comprender el alcance económico del debate: el reparto entre provincias corresponde a las regalías y no a la totalidad de los ingresos generados por el complejo.
“Se habla de un 50 y 50 cuando en realidad por ahí confunde al público”, advirtió. Luego precisó: “Hablamos de un 12% repartido entre dos provincias”.
El abogado explicó que el monto final también depende del precio de la energía comercializada. Según sostuvo, en el cálculo “influye el valor de energía del mercado”, por lo que el ingreso no puede analizarse como una suma fija, independiente de la producción y de las condiciones de venta.
Durante el intercambio se mencionó una estimación de aproximadamente 2,5 millones de dólares anuales, vinculada con el funcionamiento parcial del complejo. Jofre aclaró que esa referencia contemplaba “nada más los 90 megavatios que hay hoy en día funcionando, porque el Nihuil 2 y 3 no están funcionando”.
La recuperación de esas centrales apareció, por lo tanto, como una condición importante para incrementar la generación y los recursos derivados de ella. Gómez señaló que la potencia total del complejo ronda los 290 megavatios y recordó que las instalaciones afectadas por la tormenta de enero de 2025 deben ser reparadas.
La conversación permitió distinguir dos discusiones relacionadas: por un lado, a qué provincia corresponden las regalías; por otro, cuánto puede generar el complejo en su situación actual y qué inversiones serán necesarias para recuperar su capacidad.
Coincidencias para darles un destino específico a los recursos
Más allá de las diferencias políticas, Ambrosini y Gómez coincidieron en que los ingresos adicionales deberían tener una finalidad concreta.
Gómez recordó que presentó un proyecto para orientar esos recursos hacia obras hídricas y al mantenimiento de la infraestructura vinculada con el agua. Según indicó, la iniciativa lleva seis años paralizada en la Comisión de Economía.
“Esas regalías no deberían ingresar el día que se generen a lo que sería renta general, sino que deberían tener una asignación específica”, manifestó.
El diputado insistió en que el debate debe comenzar antes de que los recursos ingresen. “No es mucho el recurso, pero creo que deberíamos asignarle una finalidad específica para que no se pierda”, expresó.
Ambrosini acompañó esa posición. “No tiene que entrar la regalía a gasto corriente”, sostuvo, y consideró que San Rafael debería seguir el mismo criterio con los fondos que le correspondan.
El legislador radical señaló que el departamento participa de esos ingresos y mencionó cifras del presupuesto municipal, aunque aclaró que sería necesario contar con información de Hacienda para precisar cuánto corresponde exclusivamente a regalías hidroeléctricas y cuánto a otros conceptos.
Para ambos diputados, la discusión sobre el destino de los fondos constituye una oportunidad para sostener inversiones que tengan efectos duraderos sobre la producción, el manejo del agua y la infraestructura.
Indiveri: “El recurso natural tiene muchas funciones, no es solo económica”
Indiveri planteó que el conflicto debe analizarse desde una perspectiva que contemple las funciones ambientales y sociales del agua. Su intervención introdujo una diferencia respecto de una lectura centrada únicamente en la titularidad del recurso o en los beneficios económicos de su aprovechamiento.
“La mirada del derecho ambiental nos trae derechos, pero también nos trae obligaciones”, explicó.
Según sostuvo, el desarrollo de esta rama jurídica exige modificar la manera de abordar los recursos naturales. “El recurso natural tiene muchas funciones, no es solo económica”, afirmó.
El abogado recordó que existen antecedentes de la Corte sobre el conflicto entre Mendoza y La Pampa y señaló que, desde su interpretación, el cambio de enfoque entre los distintos fallos está relacionado con la incorporación del paradigma ambiental.
“La Corte tiene una mirada que cambió desde el 87 al 2017 y lo que cambió fue justamente por el nuevo paradigma ambiental”, expresó.
Para Indiveri, ese enfoque obliga a considerar al agua desde una dimensión colectiva y a evaluar cómo las decisiones de una jurisdicción repercuten sobre otras y sobre los ecosistemas.
“La función ambiental es un derecho fundamental”, sostuvo. Al explicar el alcance de esa afirmación, señaló que esa función debe tener un lugar central cuando se confrontan distintos derechos e intereses.
Su planteo también alcanzó al destino de las regalías. Valoró la posibilidad de utilizarlas para mejorar el manejo del agua y contribuir a acciones de remediación ambiental.
“Es la importancia de qué vamos a hacer con esa regalía”, remarcó. Desde su mirada, la discusión sobre quién recibe los fondos debe estar acompañada por otra: para qué se utilizarán y qué problemas ayudarán a resolver.
El río interjurisdiccional y las condiciones para generar energía
Uno de los puntos del intercambio fue la diferencia entre el carácter interprovincial del Atuel y la ubicación de la infraestructura que permite producir electricidad.
Indiveri señaló que “el recurso, ya lo dijo la Corte, es interprovincial”, en referencia al agua y a la cuenca del Atuel. Su observación apuntó a incorporar las obligaciones que surgen de esa condición al análisis general del conflicto.
Jofre, por su parte, explicó que la generación hidroeléctrica requiere condiciones físicas y obras que no se distribuyen de la misma manera a lo largo del río.
“La única posibilidad de generar energía eléctrica es que tengamos la fuente de donde deriva el río”, indicó, y agregó que también se necesita “la pendiente para generar y la infraestructura”.
Según sostuvo, el recorrido del Atuel en territorio pampeano no cuenta con la pendiente necesaria para desarrollar una obra hidroeléctrica de esas características. Su argumento apuntó a distinguir la circulación del agua de las condiciones que hacen posible el aprovechamiento energético.
Jofre también manifestó una diferencia con Indiveri sobre la utilización de las regalías para recomponer el daño ambiental reconocido en el conflicto entre provincias.
“Quizás disienta con el doctor del Instituto de Derecho Ambiental en que parte de esas regalías deberían utilizarse para recomponer ese daño ambiental”, expresó.
El abogado sostuvo que la Corte ya había establecido una respuesta al problema mediante un caudal mínimo hacia La Pampa. Recordó la referencia a 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial, aunque evitó afirmar que esa obligación estuviera siendo cumplida.
“¿Que se cumple o no? No sé si se cumple”, aclaró.
La diferencia entre ambos especialistas mostró que, aun compartiendo la necesidad de atender las obligaciones ambientales, existen distintas interpretaciones sobre cómo vincularlas con los ingresos hidroeléctricos y con las medidas dispuestas judicialmente.
El uso del agua y las obras que deberían discutirse
Indiveri insistió en que la eficiencia del riego y el manejo del agua deben ocupar un lugar central en la agenda provincial.
“Si nosotros salimos a ver las fincas donde se riega, el desperdicio de agua es grande”, afirmó. Luego planteó: “¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿A dónde va?”.
Para el abogado, la asignación de recursos debería apoyarse en una evaluación de las necesidades productivas y ambientales. En ese sentido, mencionó la importancia de mejorar las prácticas de riego y de analizar las obras desde una perspectiva integral.
“El ambiente está interconectado. Esa es la realidad”, sostuvo.
Indiveri también advirtió que las intervenciones sobre los canales no deben pensarse únicamente en términos de transportar agua con mayor rapidez o reducir infiltraciones. Según explicó, esas infiltraciones pueden cumplir funciones dentro del sistema natural y su modificación requiere considerar los efectos sobre otros ambientes.
“El agua no se pierde, se drena para abajo”, expresó al desarrollar su argumento sobre la relación entre el riego, el subsuelo y los humedales.
Su planteo fue que las obras deben incorporar conocimientos de distintas disciplinas y evaluar sus consecuencias más allá del resultado inmediato.
Ambrosini, en tanto, sostuvo que para garantizar la llegada de agua a La Pampa también se necesitan obras y cooperación entre jurisdicciones. Según afirmó, Mendoza manifestó disposición para avanzar, mientras que cuestionó la actitud de la provincia vecina.
Gómez volvió sobre la necesidad de invertir en el manejo hídrico provincial. “Tienen que hacerse obras tendientes a mejorar, a hacer más efectivo el manejo del agua en la provincia de Mendoza”, sostuvo.
También cuestionó la falta de inversiones que, a su entender, permitan responder tanto a períodos de escasez como a escenarios de mayor disponibilidad.
“El manejo del agua es central para la provincia de Mendoza”, remarcó. Por eso, reclamó una discusión política que incorpore a distintos sectores y que defina prioridades con una visión de largo plazo.
La nueva concesión y los reclamos de información
El tono del debate cambió cuando se abordó la futura concesión de Los Nihuiles. Gómez cuestionó la información disponible y reclamó explicaciones de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ante los legisladores.
“¿Por qué no viene la ministra y da explicación a las cosas que le hemos pedido?”, preguntó.
El diputado justicialista sostuvo que una decisión con efectos durante 30 años requiere un tratamiento que exceda al gobierno actual. Desde su perspectiva, la duración de la concesión vuelve indispensable conocer los detalles técnicos, económicos y jurídicos del proceso.
“Me parece que debería darse en otro contexto que hoy no se está dando”, manifestó.
Ambrosini rechazó el cuestionamiento y afirmó que el Ejecutivo había remitido las respuestas a los pedidos de informes. Según explicó, lo que todavía faltaba conocer eran los pliegos, porque se encontraban en elaboración al momento de la entrevista.
“Lo que están faltando son los pliegos, pero los pliegos se están creando”, señaló.
El legislador radical también rechazó las versiones sobre un eventual direccionamiento de la licitación. “Una vez que salgan los pliegos van a poder participar todas las empresas”, sostuvo.
Para Ambrosini, corresponde evaluar el procedimiento a medida que se publiquen sus condiciones y se presenten los interesados. Gómez, en cambio, insistió en que ya existían preguntas pendientes que debían ser respondidas antes de avanzar.
Los daños en las centrales y el eventual acuerdo con las aseguradoras
Otro de los momentos de mayor tensión se produjo al discutir la valoración de los daños provocados por la tormenta de enero de 2025 y las condiciones de un posible acuerdo con las compañías de seguros.
Gómez aseguró que un informe oficial incorporado al expediente situaba los daños en más de 80 millones de dólares. A partir de ese dato, cuestionó las versiones sobre una eventual negociación por una suma inferior.
“Denme las razones, los justificativos técnicos jurídicos”, reclamó.
El legislador insistió en que cualquier acuerdo debe tener una explicación fundada sobre la relación entre los daños estimados, la cobertura contratada y las posibilidades de cobro.
“¿Cuáles son las razones para arreglar por menos?”, preguntó.
Ambrosini sostuvo que las indemnizaciones deben analizarse según las condiciones del seguro y remarcó que el futuro adjudicatario tendrá la obligación de reparar las centrales.
Según explicó, quien resulte adjudicado cobrará el seguro y deberá dejar las instalaciones “en condiciones de empezar a generar energía”.
Gómez mantuvo su pedido de explicaciones a la ministra y consideró que los informes técnicos deben permitir comprender qué daños reconoce el Ejecutivo y cuáles serían los fundamentos de una negociación.
El intercambio dejó en evidencia que la recuperación del complejo no se discute solamente desde el punto de vista de las inversiones futuras, sino también en relación con los recursos disponibles para reparar las instalaciones y las responsabilidades que asumirá el nuevo concesionario.
Sierra Pintada y el requisito de una remediación previa
La conversación también abordó la situación de Sierra Pintada y las condiciones para una eventual reactivación de la explotación de uranio.
Indiveri sostuvo que el fallo judicial que citó durante la entrevista establece la necesidad de una remediación previa. Aclaró, además, que su conocimiento sobre el estado de las tareas era limitado y que el Instituto de Derecho Ambiental había solicitado información.
“El fallo del 2010 habla que no se puede volver a reactivar hasta que no haya una remediación y la remediación, hasta donde nosotros sabemos, no está hecha”, expresó.
El abogado rechazó la posibilidad de dar por superada esa exigencia con el solo anuncio de trabajos en marcha. “Primero hay que trabajar en la remediación. Una vez que la remediación esté terminada, bueno, podemos empezar a hablar de vuelta en reactivarla”, sostuvo.
También planteó preguntas sobre el estado concreto de las tareas: “¿Se está haciendo o no se está haciendo? ¿En qué tipo? No lo sabemos”.
En ese marco, explicó: “Desde el Instituto hemos pedido un pedido de informe para ver en qué estado está la remediación. Todavía no lo tenemos”.
Indiveri remarcó que las decisiones deben respetar el marco jurídico construido en materia ambiental y considerar a la población que convive con los efectos de las actividades.
“Hay una sociedad que vive alrededor de un problema grande”, advirtió.
Jofre: controles, reparación y evaluación de una eventual explotación
Jofre planteó que la actividad debe analizarse dentro de las normas vigentes y con la intervención de los organismos responsables de controlar su cumplimiento.
“Las normativas de control están dadas como para que se hagan las actividades”, sostuvo, al explicar que el marco institucional debe permitir verificar los trabajos y sus resultados.
Para el abogado, los controles tienen que determinar “si realmente se está haciendo, cómo, cuándo y en qué condiciones va a quedar esa remediación”.
Su posición fue favorable a comenzar y completar la reparación, para luego evaluar una eventual explotación si están dadas las condiciones.
“Que se arranque con todo el tema de reparación del posible daño que se pueda haber generado”, expresó. Después, precisó que la posibilidad de retomar la actividad debe considerarse “una vez culminado” ese proceso y “si se dan las condiciones”.
Jofre también mencionó la importancia de construir una opinión conjunta desde el Colegio de Abogados, con aportes de los institutos especializados. El planteo apuntó a reunir las perspectivas jurídicas sobre la actividad, los controles y las obligaciones ambientales.
La intervención del especialista vinculó la posibilidad de desarrollar proyectos con la necesidad de verificar previamente que se hayan cumplido las exigencias de reparación.
Indiveri: las obligaciones con las generaciones futuras
En uno de los pasajes más enfáticos de su participación, Indiveri sostuvo que la discusión ambiental debe incorporar a quienes vivirán en el territorio en el futuro.
“No hay que pensar solamente en la sociedad que está hoy parada en San Rafael, tenemos que pensar en la sociedad que va a estar parada 100, 200, 300 años”, afirmó.
El abogado remarcó que el tiempo de las decisiones políticas y económicas puede ser mucho más corto que el de sus consecuencias ambientales.
“Nosotros estamos de paso acá. Esos daños ambientales no están de paso y se quedan permanentes”, expresó.
Desde esa mirada, explicó que el derecho ambiental incorpora principios para orientar a legisladores, abogados, funcionarios y jueces. Según señaló, esas herramientas deben guiar las decisiones y establecer los límites de las actividades.
También vinculó ese criterio con el debate sobre el agua y las regalías de Los Nihuiles. “Tiene una función colectiva, es un bien de todos”, sostuvo al referirse a la dimensión ambiental de los recursos.
“El deber que tenemos es que en las generaciones futuras sigan teniendo ese mismo derecho que nosotros adquirimos hoy”, agregó.
Por eso, reclamó que el respeto a las obligaciones ambientales forme parte de las decisiones desde su inicio. “Hagamos las cosas como se tienen que hacer”, sintetizó.
Gómez pidió concluir y auditar la remediación
Gómez coincidió en que cualquier avance sobre Sierra Pintada debe respetar el fallo judicial y las exigencias de remediación.
“Hay que tener mucha cautela. Y respetar la ley, y respetar las instituciones”, manifestó.
El legislador sostuvo que no alcanza con informar que existe un proceso en marcha: es necesario concluirlo y comprobar que las tareas se realizaron efectivamente.
“No solo tiene que estar terminado, sino que tiene que estar verificado que efectivamente se haya realizado el proceso de remediación”, afirmó.
Luego enumeró los pasos que, desde su perspectiva, deben cumplirse: iniciar las tareas, concluirlas y auditar sus resultados. Para Gómez, esa verificación constituye una condición fundamental antes de evaluar una etapa posterior.
Hidrocarburos, inversiones y el debate legislativo
En el cierre, Ambrosini mencionó el ingreso de una iniciativa para modificar la normativa de hidrocarburos. Según explicó, el objetivo es adecuar el marco vigente a las condiciones actuales de la actividad y sostener las inversiones.
“Lo que se está buscando es que siga habiendo inversión, que se siga alentando la inversión y cuidando los recursos de la provincia”, expresó.
El diputado radical manifestó su expectativa de contar con los aportes del Colegio de Abogados y de distintas entidades intermedias durante el tratamiento legislativo.
Gómez anticipó que el PJ estudiará el proyecto y evaluará sus efectos sobre los intereses provinciales. Recordó que, aun en medio de diferencias con el oficialismo, su espacio acompañó propuestas que consideró beneficiosas para Mendoza.
“Lo que no nos guste o que no sea claro y no sirve a los intereses de la provincia de Mendoza, lo hemos votado en contra”, señaló.
La mesa dejó planteada una agenda que une el reclamo por las regalías con decisiones sobre infraestructura, producción y ambiente. La defensa de los recursos mendocinos encontró coincidencias entre los legisladores; su destino, los controles sobre la concesión y las obligaciones ambientales abrieron una discusión más amplia sobre cómo administrar el agua y la energía durante las próximas décadas.
