Un contrapunto político e institucional irrumpió en la agenda provincial tras el reclamo formal del bloque de diputados del Partido Justicialista (PJ) para que la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, junto al presidente de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), Gerardo Rabinovich, se presenten la próxima semana en la Legislatura. La convocatoria busca que los funcionarios expongan y brinden explicaciones detalladas sobre el proceso licitatorio en curso para la concesión por 30 años del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, considerado un activo estratégico fundamental para la matriz energética local y nacional.
La principal observación del arco opositor radica en una severa inconsistencia financiera: de acuerdo con informes administrativos oficiales, los daños sufridos por las instalaciones tras la tormenta de enero de 2025 fueron estimados en cerca de 80 millones de dólares; sin embargo, negociaciones extraoficiales conducidas por la cartera energética fijarían el resarcimiento con las compañías aseguradoras en un monto que no superaría los 40 millones de dólares. A esta brecha se le suma el incumplimiento del Poder Ejecutivo en la entrega trimestral de informes obligatorios, la cesión de potestades regulatorias a la Nación y la sospecha de una licitación estructurada a medida.
El sanrafaelino Germán Gómez, presidente del bloque de diputados justicialistas, analizó en FM Vos 94.5 la prolijidad técnica del expediente, los vacíos de información y las acciones parlamentarias impulsadas por la oposición.
La controversia de las indemnizaciones: U$S 80 millones de daño frente a U$S 40 millones de arreglo
Durante la entrevista, el diputado aseguró que la diferencia entre las pericias técnicas obrantes en el expediente y los valores proyectados para el cobro de la póliza de seguro genera severos cuestionamientos sobre el resguardo del patrimonio mendocino. «El pedido de informes surge fundamentalmente porque en su momento se autorizó todo este proceso de licitación que hoy se está realizando de manera conjunta con el gobierno nacional, y donde actualmente vemos una enorme cantidad de dudas, imprecisiones y falta absoluta de información. Creemos que amerita que la ministra de Energía y Ambiente y el presidente de EMESA den explicaciones de algunas cuestiones que entendemos que no están muy claras, y que deben ser explicadas con mayor exactitud. No estamos hablando de una simple licitación, sino del sistema energético de Los Nihuiles, que posee un valor estratégico gravitante para Mendoza», explicó.
«Como consecuencia del evento climático de enero de 2025 se produjeron severos deterioros en el sistema. Hubo estimaciones oficiales que calculan la reparación de esos daños en cerca de 80 millones de dólares. Sin embargo, la provincia no está informando de cuánto es el deterioro real. Información que no está del todo clara indica que el Ministerio de Energía estaría encarando negociaciones extrajudiciales para resolver la indemnización con la compañía aseguradora por un monto que no superaría los 40 millones de dólares», detalló Germán Gómez.
«Implica una suma extremadamente baja frente a lo que determinaron los informes oficiales obrantes en los expedientes. La ministra Latorre debe explicar las razones jurídicas, administrativas y políticas por las cuales la provincia aceptaría un arreglo que representa menos de la mitad del perjuicio real. Si la provincia cuenta con todas las herramientas legales para exigir los 80 millones de dólares, ¿quién se va a hacer cargo de los 40 millones faltantes? Estamos hablando de bienes que nos pertenecen a todos los mendocinos. Son cuestiones que la ministra tiene que explicar», advirtió el diputado justicialista.
Falta de datos, decretos correctivos y la pérdida de soberanía energética
Además de todo lo expuesto, el bloque opositor denuncia la falta de remisión de cinco informes obligatorios por ley y la cesión injustificada de atribuciones locales a la jurisdicción federal. «La misma ley que reguló este marco le imponía al Poder Ejecutivo la obligación estricta de remitir informes a la Legislatura cada 90 días sobre el estado de reparación de las instalaciones. Esos informes, que en total deberían ser cinco, nunca fueron enviados. Nunca se acompañó la documentación requerida», denunció Germán Gómez.
«Queremos saber por qué no se presentaron todos esos informes, por qué tenemos estas situaciones irregulares. Se emiten decretos que luego deben ser subsanados por otras normas, se debe informar por qué es tan desprolijo todo el proceso que se ha llevado adelante. Pero además, nos llama sospechosamente la atención que, habiendo puesto la provincia de Mendoza los recursos para armar este proceso licitatorio, se terminó cediendo potestades estratégicas clave a la Nación, las cuales deberían quedar bajo la órbita mendocina«, argumentó.
«Estas cesiones injustificadas abren serios interrogantes y dudas sobre si no estamos frente a un proceso administrativo viciado y orientado a beneficiar a una determinada empresa o persona en particular. Es una situación que la ministra tiene la obligación de aclarar de inmediato ante el Poder Legislativo», expuso el funcionario.
Exigencia de tratamiento inmediato y advertencia por la vía judicial
Cabe destacar que el justicialismo busca que la citación se concrete la próxima semana para evitar que las actuaciones lleguen a la Cámara de Diputados en condición de hecho consumado. «Nosotros vamos a presentar el expediente exigiendo que el tema se resuelva de manera inmediata. Pretendemos que la citación se concrete la próxima semana para que la ministra Latorre y las autoridades de EMESA acompañen toda la documentación respaldatoria y despejen las dudas que compartimos varios legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado», sostuvo.
Por otro lado, reveló cuáles son los pasos que seguirán en el caso de que esto no se concrete. «Si el oficialismo no accede a la concurrencia de los funcionarios, iniciaremos otros procesos institucionales para garantizar el acceso a la información. Si esperamos a que el expediente llegue a la Legislatura para su sola ratificación, nos vamos a encontrar con que el trámite ya está terminado», señaló Gómez.
«Frente a la entrega en concesión de uno de los sistemas energéticos más importantes del país por un plazo de 30 años, no nos vamos a quedar quietos ni callados. Vamos a exigir información concreta, precisa y real para garantizar la transparencia de una operación de semejante magnitud«, concluyó el diputado dejando muy en claro su postura.
