Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza propone crear una Comisión Especial Investigadora para analizar el proceso de licitación y transferencia del paquete accionario del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
La iniciativa apunta específicamente a controlar la actuación del Gobierno de Mendoza en el proceso dispuesto mediante el Decreto Provincial 1436/2026. El complejo constituye uno de los principales activos energéticos del sur provincial, con cuatro centrales hidroeléctricas que operan sobre el río Atuel.
El proyecto plantea que la comisión analice los actos administrativos provinciales, los pliegos de la operación y los criterios utilizados para establecer el valor del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA). También buscará conocer el destino de los fondos que ingresen a la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) producto de la operación.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la decisión de avanzar con la venta del 100% de las acciones de HEMSA. Según los fundamentos de la iniciativa, la Ley 9.486 había establecido dos clases de acciones, distribuidas en un 51% y un 49%, por lo que se plantea determinar si la venta de la totalidad del paquete accionario requería una nueva autorización legislativa.
¿Y EL COMPLEJO DIAMANTE?
También se pretende analizar por qué el Complejo Diamante quedó fuera del esquema, teniendo en cuenta que la Ley 9.630 había contemplado a Los Nihuiles y Diamante como una unidad de gestión.
La propuesta cobra relevancia además porque el propio Decreto 1436/2026 establece que la adjudicación de las acciones deberá ser ratificada posteriormente por la Legislatura provincial. Desde el sector impulsor consideran que los legisladores deberían contar previamente con toda la documentación y los criterios utilizados en la operación para poder tomar esa decisión.
La comisión estaría integrada por representantes de los diferentes bloques de la Cámara de Diputados y tendría facultades para solicitar documentación, requerir informes e impulsar la citación de la ministra de Energía y Ambiente. De aprobarse, tendría un plazo inicial de 180 días para elaborar un dictamen.
