Magistrados de Mendoza rechazan la reforma jubilatoria

La Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza rechazó en forma terminante el proyecto de reforma del sistema jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación y que será tratado en estos días.
La entidad asegura que el proyecto fue elaborado de manera «inconsulta» y habla de una “sutil intromisión” del Poder Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial.
En FM Vos (94.5), Silvina Furlotti, titular de la Asociación de Magistrados de Mendoza, expresó que “vemos con mucha preocupación el estado actual del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, porque no fue consultado, es más, pedimos varias veces ser escuchados y no se nos escuchó. Nos preocupa más aún que hoy lo quieren tratar a libro cerrado, sin discusión alguna. No se sabe con claridad cuál es el nuevo régimen; algunos hablan de que se puede bajar la jubilación hasta un 60% del haber del magistrado en actividad, y se aumenta la edad de las mujeres por sobre el resto, lo vemos como una discriminación porque las mujeres juezas tenemos que trabajar hasta los 65, cuando el resto de las mujeres lo hacen hasta los 60”.
El comunicado de la Asociación dice que “rechaza el proyecto presentado por el PEN al Congreso de la Nación, que modifica el régimen jubilatorio de ley 24.018, que atenta contra la independencia judicial, el principio de intangibilidad de las remuneraciones y la inamovilidad en los cargos”.
Agrega que en este sentido lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “La protección que el legislador ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondiente a los magistrados no se sustenta sobre bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el contrario, goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las instituciones republicanas, tendientes a la independencia funcional y que se infieren de los principios de intangibilidad y de inamovilidad de los magistrados en sus cargos” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10/04/2001, “Gaibisso, César A. y otros c. M. J.”, 324:1177, LA LEY 2001-D, 490 DJ 2001-2, 813, AR/JUR/1226/2001).
“El proyecto de reforma ha sido elaborado de manera inconsulta y sin tener en cuenta la realidad de las provincias, como la de Mendoza, que tienen sus cajas transferidas a la Nación. La inminencia de la aprobación del proyecto, sin debate ni discusión alguna, ha provocado y provocará el retiro de magistrados/as mendocinos/as con gran experiencia y vocación de servicio, generando un vaciamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa, lo cual resentirá la prestación del servicio de justicia e implica una sutil intromisión de otro poder en el poder judicial que afecta el principio de división de poderes”.
Apunta además a que este proyecto trata de manera desigual y discriminatoria a las mujeres magistradas, al subir la edad jubilatoria a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres argentinas. Este proyecto atenta contra las legítimas expectativas de los magistrados/as en actividad y pone en peligro “el ejercicio independiente y sereno de su función”. Tal como ya lo ha dicho la Corte Nacional: “El monto del haber que le corresponde a un juez jubilado forma parte de la expectativa de todo magistrado en actividad, quien -ya sea por un hecho fortuito (incapacidad sobreviniente) o por el transcurso del tiempo (cumplimiento de la edad requerida para el retiro o jubilación)- cuenta con tal régimen y haber para el ejercicio independiente y sereno de su función, que es lo que persigue la garantía constitucional de incolumidad de las remuneraciones.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10/04/2001, “Gaibisso, César A. y otros c. M. J.”, 324:1177, LA LEY 2001-D, 490 DJ 2001-2, 813, AR/JUR/1226/2001)”.
Finaliza señalando que “la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, en razón de lo expuesto, exhorta a las autoridades correspondientes al diálogo y hace saber a sus asociados y asociadas que, ante la posible aprobación del proyecto sin ser oídos/as, se están haciendo las consultas respectivas para analizar la posibilidad del inicio de acciones judiciales”.