El gobierno de Mendoza dejó sin efecto el polémico protocolo balístico para la identificación de armas de fuego que había sido oficializado la semana pasada. La decisión se conoció este miércoles, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la baja de la resolución fechada el 2 de diciembre.
La medida establecía un Protocolo de Toma de Muestra Balística con el objetivo de estandarizar la obtención y análisis de evidencias provenientes del uso de armas de fuego en la provincia.
Sin embargo, luego de las críticas surgidas desde el sector de legítimos usuarios, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás y abrir una instancia de revisión normativa.
Con las críticas del sector de legítimos portadores -que se detallan más abajo-, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que avanzarán en una reforma integral de la ley vinculada a la identificación y control de armas de fuego, con el objetivo de contemplar las observaciones técnicas realizadas.
La decisión de dar de baja la resolución implicó que, por el momento, no se implementará el esquema de toma obligatoria de muestras balísticas tal como estaba previsto.
Qué establecía el protocolo
La resolución, ahora derogada, fijaba lineamientos técnicos uniformes para la toma de muestras balísticas, procedimiento que permitía identificar armas utilizadas en hechos delictivos a partir de las marcas únicas que cada arma imprime en proyectiles y vainas servidas.
Desde el Gobierno se había presentado como un avance en materia de seguridad, alineado con estándares internacionales y con la intención de fortalecer la trazabilidad en una provincia estratégica por su tránsito internacional.
El sistema apuntaba principalmente a incorporar registros técnicos que facilitaran la comparación de evidencias en investigaciones judiciales.
Las críticas
Para Luis Alberto Piazza, presidente de la Asociación Civil Mendoza de Actividad Cinegética (Acmac), la iniciativa “no está mal en su intención”, pero presenta serias dificultades en su implementación.
“El Estado quiere controlar a quienes ya están controlados: los legítimos usuarios”, sostuvo en diálogo con El Sol.
Según explicó, la mayoría de los delitos con armas de fuego no involucran a usuarios registrados, sino a armas del mercado ilegal o incluso sustraídas de depósitos judiciales.
Piazza planteó que el protocolo podría generar una sobrecarga para quienes tienen armas declaradas y cumplen con la normativa vigente, mientras que el universo de armas no registradas quedaría fuera del sistema.
Costos, logística y munición: el debate
Uno de los cuestionamientos centrales tiene que ver con los costos y la operatividad del procedimiento.
El especialista dejó en claro que se necesita de una logística para saber quién proveerá la munición para realizar los disparos de prueba y cómo se instrumentará el traslado de armas por parte de los usuarios hasta los centros de peritaje.
“No está claro quién asume estos gastos ni cómo se evitarán pérdidas de tiempo y complicaciones administrativas”, ejemplificó.
También advirtió sobre la situación de armas antiguas o de colección, cuyos calibres ya no se fabrican. En esos casos, la obtención de munición puede resultar compleja o directamente imposible.
Armas oficiales y mercado ilegal
Otro eje de la crítica apuntó a la prioridad en los controles. Piazza consideró que antes de avanzar sobre armas de legítimos usuarios deberían “peritarse” todas las armas de fuerzas de seguridad y las que permanecen en depósitos judiciales.
Además, puso el foco en el mercado ilegal: “Las armas que se alquilan, se prestan o se descartan después de un delito no van a estar registradas en este sistema”.
En ese sentido, advirtió que si bien el registro podría permitir vincular un arma a un hecho tiempo después, eso no necesariamente garantiza el esclarecimiento inmediato del delito.
Cambios técnicos y limitaciones prácticas
El presidente de Acmac también mencionó una cuestión técnica: la posibilidad de intercambiar cañones en algunas armas cortas. De acuerdo con el especialista, muchos tiradores deportivos poseen más de un cañón para la misma arma, lo que podría alterar las marcas balísticas.
“En la práctica va a ser muy difícil de controlar”, afirmó, al tiempo que planteó dudas sobre la preparación logística y presupuestaria del Estado para implementar controles periódicos, como la eventual repetición de peritajes cada cinco años.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/marcha-atras-seguridad-dejo-sin-efecto-el-protocolo-balistico/
