Mathus Escorihuela opinó sobre el proyecto del nuevo Código de Aguas: «Hay algunas cosas graves que se deben modificar»

El agua es el recurso más valioso que tiene la provincia de Mendoza. En ese sentido, el Departamento General de Irrigación (DGI) ha propuesto un nuevo Código de Aguas. La legislación que rige para el uso del recurso se estableció en el año 1884, por ello desde el gobierno provincial consideran que es necesario avanzar sobre un proyecto que se ajuste al contexto actual de las condiciones del medioambiente.
El doctor Miguel Mathus Escorihuela, académico, exsenador nacional y experto en Derecho del Agua, en diálogo con FM Vos 94.5 analizó las complejidades que conlleva consigo la nueva propuesta.
«Lo primero que quiero aclarar es que me desempeño como auditor de una comisión que trabaja ad honorem para realizar una revisión de este proyecto de Código de Aguas. Junto al doctor Arturo Lafalla, el doctor Alejandro Pérez Hualde, el ingeniero agrónomo Javier Zuleta y el doctor Miguel Solanes, nos venimos ocupando de este tema. Todos ellos son expertos y especialistas en la materia. En medio de este reportaje, le quiero hacer un homenaje muy personal al doctor Aldo Guarino Arias. Este hombre del sur provincial siempre luchó por el agua de Mendoza. Me parece absolutamente conveniente recordarlo en el principio de esta nota», expresó Miguel Mathus Escorihuela.
Después de esa sentida presentación, el abogado especialista en materia hídrica se refirió a los pormenores del proyecto. «La propuesta no es ni mala ni buena. Se trata de un proyecto regular. Todo esto, a través de una larga nota, se lo hemos hecho saber a Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación. No se han tenido en cuenta las observaciones ni las críticas que se han formulado. En este escenario, es que les hemos planteado que si no van a tener en cuenta nuestra opinión no tiene ningún sentido que nosotros continuemos participando en este trabajo, el cual es de suma importancia y significancia para toda la provincia», manifestó.
Después de esa exposición, describió las falencias que presentan algunos puntos del proyecto. «La ley vigente en la provincia es de 1884, es decir que tiene 140 años de vigor. En su tiempo fue pionera y fue una de las mejores leyes de agua del mundo. Si la normativa dio sus frutos en estos años se puede aggiornar la misma o hacer uno nuevo Código de Aguas. El gobierno optó por esto último y me parece que no es lo conveniente», dijo Mathus Escorihuela de forma convincente.
«Paralelamente a esta cuestión, se contrató a la empresa israelí Mekorot que ha hecho una tarea referida a la oferta y demanda de agua en la provincia en los próximos 20 o 25 años. Sobre esto también nos falta información. No conocemos los resultados de ese estudio y es necesario poder saberlo, ya que hay una relación directa entre esa investigación y la redacción del nuevo Código de Aguas», analizó.
En esa misma línea, continuó indicando los distintos problemas que fueron surgiendo en las primeras etapas del proyecto. «Nos fueron entregando el proyecto a retazos. El Código plantea la centralización del agua en lugar de lo que pregona la ley 322 y la Constitución de Mendoza, que es descentralizar la administración del recurso. En ese aspecto, consideramos que la iniciativa va en contra de los regantes y de los concesionarios del agua», declaró Miguel Mathus Escorihuela.
«Aquí hay algunas cosas graves que se deben modificar. En primer término, nuestro Código habla siempre de la descentralización de la administración del agua en nuestros ríos. No utiliza la palabra cuenca. Esto es porque el gobierno de la Nación dictaminó hace unos cuatros años la ley 6288, estableciendo que cuando existían cuencas en el ámbito territorial de la Nación las mismas quedaban bajo la jurisdicción política y administrativa del gobierno nacional. En ese sentido, esa normativa es totalmente anticonstitucional. Nuestra Constitución es muy clara: los recursos hídricos que se encuentran en el ámbito territorial de cada provincia son parte de su patrimonio, por ello las provincias deben ejercer en plenitud todas las atribuciones sobre el agua de los ríos para su buen aprovechamiento», añadió el letrado.
«La provincia tiene el pleno dominio en su jurisdicción de sus ríos. Como consecuencia del río Desaguadero, todos los ríos nuestros que van a parar al Desaguadero como el río Mendoza, Diamante, el Atuel o Grande hubieran quedado bajo la jurisdicción de la Nación, lo que es un verdadero disparate, totalmente inconstitucional. Esta es una observación grave que le hemos hecho y la provincia tendrá que cuidarse muy bien de que este avance de la Nación sobre derechos y atribuciones provinciales no lleve a cabo. Por eso, sugerimos que revisen todo el contenido del nuevo código, se debe hablar de ríos y no de cuencas. La palabra cuenca se debe eliminar», aseguró el doctor Escorihuela.
«Quienes deben intervenir en la discusión del Código de Aguas son el gobierno y los interesados directos: los concesionarios, permisionarios, inspectores de cauce y los usuarios del recurso. Estamos hablando de una redacción de un proyecto muy técnico, no puede opinar cualquier persona porque sí. En eso hay que ser totalmente claros», observó.
«Toda la administración del agua de Mendoza se mantiene con las cargas que pagan los usuarios que ya son muchas. Las tasas son bastante elevadas y múltiples. También, en ese sentido se debe avanzar hacia una revisión. En Mendoza la agricultura no es muy rentable. Aquí no se siembra soja ni se produce maíz, que se exportan en grandes volúmenes», exteriorizó Miguel Mathus Escorihuela.
«Habría la intención del gobierno provincial de transformar al Departamento General de Irrigación, que es una autoridad de riego, en una autoridad de aguas. Si ese es el propósito, yo digo que estamos ante una acción absolutamente ilegal. Se violaría lo que establece la Constitución provincial. En ese caso, habría que convocar a una Convención Constituyente para hacer esa modificación. Quieren instituir la figura de la Autoridad del Agua para manejar todas las decisiones sobre el uso del agua, es decir el consumo doméstico, el riego agrícola, la hidroelectricidad, Edemsa, el Epas, la forma de transmisión de la energía eléctrica, incluso lo vinculado al uso minero e industrial. La ley originaria aún vigente plantea todo lo contrario: la descentralización y un papel activo de los usuarios para una mejor administración del recurso», destacó.
«No puede haber un manejo arbitrario de los recursos. Por ende, hay que extremar los recursos y las herramientas de Irrigación. Por ello, se deben crear otras instancias para que no ocurra que los recursos que aportan anualmente los regantes se manejen de forma arbitraria. Las inspecciones de cauce son muy importantes, ya que son las encargadas de la distribución efectiva del agua, y deben sufrir algunos cambios. Nosotros en la Comisión los hemos denominado los gordos de la CGT en Mendoza. Hay inspectores que hace más de 30 años ejercen la jefatura atentando contra el principio de renovación periódica que estable la Constitución. Esto debe ser modificado de una buena vez», enfatizó el abogado y exsenador nacional.
Otro punto que destacó como muy importante es lo que ocurre con el registro y el catastro. “Irrigación no sabe cuántas hectáreas se están regando efectivamente en la provincia de Mendoza. Hay concesiones que figuran que se han entregado y que en la práctica no se utilizan. El Departamento de Irrigación durante el transcurso de muchas administraciones no ha presentado una meticulosa inspección de Catastro. A medida que van figurando más hectáreas en los padrones, Irrigación recauda más por año. Hay que saber quién tiene derecho a usar el agua con el permiso otorgado legalmente. Dónde y cuándo y en qué terreno se utiliza el recurso. Cuál es la superficie real de lo que se está regando. No puede ser que se vayan traficando los derechos de agua de una propiedad a otra. Hay que depurar la actuación del registro y catastro del agua», lanzó.
Finalmente, se enunció en cuanto a los derechos sobre el recurso y la vigencia de los mismos. «Mekorot aconseja que los derechos tienen que tener una vigencia de 30 años. En virtud de principios constitucionales, no tiene un término en la legislación actual, entonces lo que sugiere la empresa israelí en su estudio es que cada cinco años se analice cómo se está utilizando el agua y si se hace un uso eficiente de la misma. De acuerdo a esto, es que se debería acordar o no el plazo de vigencia. Eso nos parece un verdadero disparate. Acá, si se hacen inversiones grandes los gastos no se recuperen ni en un año ni en dos. Las inversiones en agricultura se recuperan recién a los 15 años, contra eso también nos oponemos”.
“Nosotros no nos negamos a continuar ayudando al gobierno de la provincia, pero en la medida que nos escuchen y se nos tenga en cuenta y nos expliquen porqué, cuáles son los fundamentos de ese articulado que se quiere sancionar», cerró Mathus Escorihuela.