El doctor Miguel Mathus Escorihuela, especialista mendocino en derecho de agua y de reconocimiento internacional por su aporte, celebró la decisión del Gobierno nacional sobre las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicados sobre el Atuel en San Rafael, que en su totalidad corresponde a nuestra provincia y afirmó que, a su entender, el reclamo de Mendoza tiene sustento jurídico suficiente para resistir la presentación judicial federal de La Pampa en un juzgado de la localidad de Santa Rosa. Durante una extensa entrevista con Diario San Rafael y Fm Vos 94.5 el especialista repasó los argumentos que sostiene la provincia, el origen de la disputa y su propia participación en las gestiones realizadas décadas atrás.
«Me parece excelente la medida que tomó el Gobierno de la Nación al restituirle a la provincia el 100% de la cobranza de las regalías hidroeléctricas que le corresponden en virtud de la ley de energía por la producción de energía en el sistema de Los Nihuiles», expresó. Su satisfacción estuvo acompañada por un reproche a la duración del conflicto: «Lo único que me cabe lamentar es que hayan pasado casi 50 años para resolver esta cuestión».
Para Mathus Escorihuela, el punto central es separar dos cuestiones que, según explicó, La Pampa presenta como si fueran una sola. «Mendoza nunca ha discutido la interprovincialidad del río Atuel. Pero la interprovincialidad del río Atuel no significa que exista interprovincialidad con las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles», sostuvo.
En ese sentido, argumentó que la pendiente del terreno aprovechada por las centrales para generar electricidad se encuentra en Mendoza. La definió como «un recurso natural exclusivo y excluyente de la provincia de Mendoza» y consideró que la nueva decisión nacional vino a «poner las cosas en su lugar». Según afirmó, la postura mendocina se apoya tanto en la legislación argentina como en principios del derecho internacional aplicables a la materia.
La sentencia de la Corte y el planteo pampeano
Al ser consultado por los antecedentes judiciales invocados por el gobernador Sergio Ziliotto, Mathus Escorihuela reconoció que existe un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el Atuel del año 1992. Sin embargo, cuestionó la interpretación que, a su juicio, hace La Pampa de ese antecedente.
«El planteo de la gente del Gobierno de La Pampa es correcto. Esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia existe. Lo que pasa es que el gobernador de La Pampa no aclara lo que esa sentencia dice», señaló. De acuerdo con su explicación, el fallo reconoce el carácter interprovincial del río y el derecho de Mendoza a utilizar sus aguas para regar una determinada superficie. Dijo recordar que se trataba de «78.000 y pico de hectáreas», aunque aclaró que no tenía presente la cifra exacta.
El especialista afirmó que Mendoza todavía no riega la totalidad de esa superficie y que la provincia aceptó lo dispuesto por la Corte. Pero insistió en que ese pronunciamiento sobre el uso del agua no equivale, en su interpretación, a reconocerle a La Pampa derechos sobre las regalías producidas por las centrales hidroeléctricas.
Sus críticas a la continuidad de la controversia fueron duras. Afirmó que La Pampa ha mantenido una «vocación procesal de estar permanentemente en juicio por algo» y comparó la actitud de sus autoridades con la de un abogado que, después de perder un caso, sigue apelando para darle una respuesta a su cliente.
«Este asunto está terminado, terminado legalmente por disposición del Gobierno de la Nación y por sentencia de la Corte. Esto ya ha pasado en autoridad de cosa juzgada. No cabe ningún recurso más de ninguna índole. Esto está resuelto, legalmente resuelto», aseguró. Se trata de la posición jurídica expresada por Mathus Escorihuela en la entrevista, mientras el planteo judicial presentado por La Pampa sigue su propio trámite.
Preguntado por los pasos que debería dar Mendoza ante esa presentación, respondió que la provincia tendrá que defenderse en el expediente y exponer allí los fundamentos de su postura. «Mendoza se va a defender en este juicio ante la autoridad judicial que haya promovido esto de La Pampa», indicó. Según anticipó, el argumento provincial será que el asunto ya fue resuelto y que los antecedentes citados no otorgan a La Pampa el derecho que reclama sobre las regalías.
El origen de un conflicto que, según dijo, respondió a razones políticas
Mathus Escorihuela también se detuvo en el origen de la distribución que durante años permitió a La Pampa percibir la mitad de las regalías. Afirmó que participó en gestiones vinculadas con aquella decisión y sostuvo que la asignación del 50% a la provincia vecina respondió a «cuestiones políticas de conveniencia circunstancial».
Según su relato, el entonces ministro del Interior, que mantenía vínculos políticos estrechos con las autoridades pampeanas, intervino en la decisión de otorgarle ese porcentaje. «Ese decreto [les dio] el 50% de las regalías hidroeléctricas sin derecho alguno», afirmó. Agregó que Mendoza planteó la nulidad de la medida y sostuvo sus objeciones a lo largo de los años.
El abogado mencionó, además, las dificultades que atravesó la tramitación del conflicto. Dijo que hubo «una serie de peripecias procesales, judiciales» y aseguró que el expediente llegó a perderse y debió ser reconstruido, circunstancia que calificó de sospechosa. A su entender, esos episodios contribuyeron a una demora «muy lamentable» en la resolución del reclamo.
La reunión durante un partido de polo
Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue el recuerdo de una reunión que Mathus Escorihuela dijo haber mantenido personalmente con Albano Harguindeguy. Contó que, en aquella época, presidía el Comité Ejecutivo Técnico del río Colorado, Grande y Barrancas y representaba a Mendoza en asuntos relacionados con el Atuel.
Según relató, pidió entrevistarse con el ministro para cuestionar el decreto. Harguindeguy le propuso hablar durante el descanso de un partido de polo en Campo de Mayo. «Me hizo ir a Campo de Mayo, donde él estaba jugando al polo, y tuve que esperar que terminara su partido», recordó.
Mathus Escorihuela afirmó que, una vez a solas, le expuso sus objeciones: «Mire, ministro, este decreto que usted ha dictado adolece de tales y tales fallas; es un decreto nulo, la provincia de Mendoza no lo va a aceptar». Según su testimonio, Harguindeguy le respondió en un tono que describió como desagradable: «Si yo tengo que ir con mis soldados a levantar las compuertas del dique en Nihuil, lo voy a hacer, porque esto se va a hacer así como yo lo he dispuesto con el decreto».
El especialista contó que le advirtió sobre la reacción que semejante medida provocaría en la provincia. «Usted por la fuerza puede hacer todo lo que me acaba de decir, pero usted va a correr con las consecuencias del escándalo que se va a producir en Mendoza y con la reacción que va a tener todo el pueblo de San Rafael, de General Alvear y de la provincia entera, porque esto no lo vamos a aceptar», dijo que fue su respuesta.
Para Mathus Escorihuela, aquel intercambio resume la forma en que se abordó la disputa desde el comienzo. «Esto se ha manejado muy mal», afirmó, y agregó que, en su opinión, se actuó «violando la ley» y sin analizar debidamente los hechos.
Respaldo al Gobierno provincial
Hacia el final de la conversación, Mathus Escorihuela aclaró que todavía no había mantenido una reunión reciente con el gobernador ni con funcionarios provinciales sobre los próximos pasos judiciales. Explicó que se encontraba en La Rioja y Catamarca por compromisos académicos de su especialidad, aunque ya le había transmitido al mandatario mendocino su apoyo.
«Ya le he hecho llegar al gobernador mi solidaridad con lo actuado y, por supuesto, como siempre, he estado al servicio de la provincia en todas estas cuestiones como mendocino», expresó. También reiteró su deseo de que la controversia encuentre una definición: «A mí me satisface mucho y espero que esto se termine de una buena vez».
La entrevista se produjo en medio de un nuevo capítulo judicial. Un juzgado federal de Santa Rosa ordenó suspender de forma provisoria los artículos del decreto nacional referidos al reparto de las regalías, mientras tramita el planteo de La Pampa. Esa intervención no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto y mantiene abierta la disputa que el especialista en derecho de agua Mathus Escorihuela considera jurídicamente resuelta.
