En un contexto de ajustes económicos y cambios en la seguridad social, el acceso a la salud y el futuro del sistema jubilatorio se han convertido en temas de máxima preocupación. La abogada Florencia Markarian, especialista en derecho previsional, detalló el impacto del nuevo tope para acceder a medicamentos gratuitos de PAMI y adelantó los ejes de lo que podría ser una reforma estructural del sistema en Argentina. «Lamentablemente, la gran mayoría de los jubilados hoy están dentro de los haberes mínimos», señaló en diálogo con FM Vos 94.5.
Con la actualización de los haberes en el mes de abril, se modificaron también los parámetros necesarios para acceder al beneficio de medicamentos sin costo a través de la obra social de los jubilados. «Para acceder a los medicamentos gratuitos, una de las exigencias del PAMI es que el solicitante cobre hasta un haber mínimo y medio. Con los valores fijados para abril, el haber mínimo quedó en 380.319,31 pesos, lo que significa que el tope para acceder a este beneficio se eleva a los 570.478,97 pesos mensuales. Teniendo en cuenta que hay 5.200.000 afiliados, este número alcanza a la gran mayoría, ya que son muy pocos los que escapan a los haberes mínimos», indicó Markarian ni bien arrancó la nota.
Excepciones y coberturas aseguradas
A pesar de los límites de ingresos establecidos por la normativa vigente, el sistema de seguridad social prevé mecanismos específicos para garantizar que la salud de los adultos mayores no se vea comprometida en situaciones críticas o ante patologías crónicas que demandan atención ininterrumpida.
Para aquellos casos donde el bolsillo del jubilado se ve sobrepasado por el costo de la salud, existe la denominada vía de excepción. «Aquellos que superan el tope de los 570.000 pesos, pero pueden demostrar que utilizan el 15% o más de su haber jubilatorio para el pago de remedios, pueden solicitar la medicación gratuita mediante un trámite excepcional», explicó la Dra. Florencia Markarian. Esta herramienta busca proteger a quienes, aun cobrando por encima del mínimo, destinan una parte sustancial de sus ingresos al mantenimiento de su bienestar físico.
Por otro lado, la abogada destacó que el sistema mantiene tratamientos garantizados que funcionan como una red de seguridad absoluta, sin importar la capacidad económica del paciente. «Existen coberturas que están aseguradas independientemente del monto del haber. Tratamientos oncológicos, pacientes trasplantados, personas que padecen diabetes, VIH o hepatitis están cubiertos al 100% sin importar cuánto cobre el afiliado», especificó la entrevistada, llevando tranquilidad a los pacientes que enfrentan enfermedades de alta complejidad.
La situación operativa de la obra social estatal también enfrenta desafíos logísticos y financieros que repercuten directamente en la atención diaria. «Es cierto que hubo atrasos significativos con la entrega de insumos como pañales y también con la vacunación. Si bien las demoras son una característica recurrente, finalmente se terminan solucionando. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el financiamiento: hoy existen demoras de hasta tres meses en los pagos no solo a las farmacias, sino también a los prestadores médicos», advirtió la experta. «Esto genera dificultades críticas para que las farmacias puedan sostener sus stocks frente a las droguerías», amplió.
Hacia una reforma previsional profunda
Tras la concreción de las reformas laboral y tributaria, el gobierno nacional ha puesto la mirada en un abordaje de fondo del sistema previsional argentino. Dentro de ese contexto, la Dra. Florencia Markarian remarcó los lineamientos de un proyecto que busca reducir el gasto público y modernizar el acceso a la jubilación bajo criterios de sostenibilidad financiera. «La idea central es el aumento progresivo de la edad jubilatoria conforme al incremento de la expectativa de vida, un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Además, se busca eliminar la exigencia rígida de los 30 años de servicios para que cada persona pueda jubilarse de acuerdo a lo que efectivamente aportó durante su trayectoria laboral, asegurando siempre un piso mínimo equivalente al valor de la PUAM», expuso en ese tramo de la entrevista.
Por otra parte, la abogada anticipó que se avecina una fuerte polémica por las pensiones, debido a los cambios estructurales en los beneficios derivados. «Uno de los puntos que generará más debate es la revisión de la pensión vitalicia. Se busca que sea proporcional a la edad y que, en caso de fallecimiento del cónyuge, no se perciban todos los componentes que hoy integran la pensión. El objetivo final es simplificar el haber en una prestación básica y una proporcional, buscando un ahorro del PBI frente al alto costo que hoy representan las moratorias para el Estado», informó.
El costo de las moratorias versus el nuevo modelo
El análisis técnico comparativo entre el sistema actual y las propuestas de reforma arroja datos sobre la sustentabilidad financiera del Estado. «Un estudio del CIPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) evaluó el costo de continuar con las moratorias actuales frente al nuevo proyecto presentado. El resultado arrojó que seguir con el esquema de moratorias implicaría un 10% más de gasto público, mientras que el nuevo proyecto permitiría un ahorro real del PBI», diferenció Markarian. «La idea es dejar atrás la estructura actual de prestación básica, compensatoria y adicional, para pasar a un sistema más transparente basado en el ahorro individual y el esfuerzo contributivo de cada trabajador», completó.
