La Cámara de Diputados aprobó en primera instancia la propuesta del legislador Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados) para reformar el marco legal que rige la concesión de beneficios a los reclusos en Mendoza. El proyecto busca modificar la Ley de Ejecución Penal 8.465 con el propósito de revisar y hacer más estrictos los requisitos para acceder a figuras como las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional y la libertad asistida.
En la justificación de la nueva legislación, Civit argumentó que la numerosa cantidad de delitos cometidos por personas que han sido excarceladas anticipadamente hace imperante modificar la ley. Si bien el juez mantiene la autoridad final para decidir sobre la libertad, la iniciativa busca que el contenido de los informes criminológicos se convierta en un requisito clave e ineludible al momento de evaluar la concesión de dicho beneficio.
La normativa propuesta se centra en modificar los artículos 27 (inciso IV), 28, 29, 33, 36 y 68 de la ley vigente, con el fin de garantizar un sistema de ejecución penal más seguro, transparente y responsable. Estas enmiendas están dirigidas a fortalecer los procedimientos de control y evaluación de las personas encarceladas que aspiran a obtener una libertad anticipada. El objetivo es asegurar que toda autorización se base en informes interdisciplinarios completos, una supervisión judicial eficaz y una valoración estricta de la conducta del recluso, su potencial de reinserción social y la seriedad del crimen cometido.
«La modificación central del proyecto establece una nueva obligación para los jueces al momento de evaluar los beneficios penitenciarios en causas de alta complejidad. Esencialmente la modificación que se está planteando es que el juez debe escuchar la opinión de los técnicos de los equipos interdisciplinarios, llámele médicos psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y el cuerpo de penitenciaría», expresó a FM Vos 94.5 el autor de la iniciativa.
Actualmente, la opinión de estos profesionales no es vinculante, lo que permite al juez decidir según su propio criterio. La nueva norma busca limitar esa discrecionalidad en los casos más delicados. «Ahora lo que se hace, es decir: ‘Señor juez, usted sigue teniendo la misma facultad de antes, pero en el caso de condenados por delitos graves como homicidio, femicidio o robo agravado seguido de muerte, usted deberá escuchar la opinión de los órganos criminalísticos y penitenciarios’ «, indicó Civit Evans.
«Además, si el juez está en desacuerdo con la opinión de los peritos, va a tener que fundar debida, jurídica y éticamente su sentencia o el otorgamiento del beneficio», añadió.
Un freno a la puerta giratoria y la reincidencia
El proyecto busca resolver la sobrecarga administrativa y la práctica que, según el diputado, facilita la liberación de condenados reincidentes. «En este momento o en la actualidad, los abogados de los condenados presentan pedidos de otorgamiento de libertad asistida o condicionada cada 15 o 20 días. Para combatir esto, el dictamen de los profesionales tendrá validez durante un año. Ahora el informe que se produzca de parte de los profesionales intervinientes y de los peritos va a tener un término de duración de 12 meses; con lo cual, durante ese período, no se va a poder volver a pedir nuevamente el beneficio», destacó en otro tramo del reportaje.
Más adelante, Civit Evans fue enfático al señalar el objetivo de la ley. «Nosotros lo que pretendemos es que se termine con la puerta giratoria. La justicia está esencialmente para eso: para otorgar justicia y para actuar de acuerdo con los principios que rigen la ley, que tienden, por un lado, a la reinserción social del condenado y, por el otro, al cuidado de la sociedad», consideró.
Dentro de ese marco, el legislador recordó casos resonantes de reincidencia que han impactado a la provincia, como el caso del policía Héctor Pelayes. «El más resonante fue hace exactamente un año el caso del policía Héctor Pelayes, que fue asesinado por un condenado a perpetua que luego tuvo una reducción de la pena, cuando salió cometió otro homicidio. Creemos que hay que terminar con esta situación en donde la reincidencia de los crímenes es consecuencia de que sus autores son los mismos que ya han cometido otros asesinatos. No estamos hablando de delitos menores», observó.
Además, hizo hincapié en que el foco de la ley está en la protección de las víctimas y sus familias ante delincuentes reiterados. «Estamos hablando de delitos graves. El efecto [de la reincidencia] es no solo sobre las víctimas, sino sobre todos sus parientes. No se puede estar viviendo en una sociedad que está sometida a las enfermedades, o como quiera llamarles, de algunos delincuentes reiterados», manifestó.
Próximos pasos de la ley
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ahora pasará al Senado provincial para su tratamiento y eventual ratificación. «Ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva en el caso en que sea ratificada. Queremos brindarle mayor seguridad a la sociedad y no que los presos o los condenados gocen de los beneficios de las libertades», enfatizó al cierre del reportaje.
