El fiscal Javier Giaroli, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 2, brindó detalles exclusivos sobre una investigación que desbarató una organización criminal dedicada a las estafas y extorsiones telefónicas. La banda, integrada por al menos cuatro internos de los penales de Almafuerte y San Rafael, junto a sus familiares, logró sustraer más de 11 millones de pesos a una vecina sanrafaelina mediante engaños escalonados.
Las tres etapas del engaño: de la «ayuda» a la extorsión
La investigación se inició en noviembre, cuando un familiar de la víctima notó movimientos financieros extraños. Según el fiscal Giaroli, la banda utilizó técnicas de ingeniería social para atrapar a la mujer en una red de mentiras que duró seis meses. «La maniobra comenzó a través de la red social Facebook con una oferta de préstamos personales muy convenientes. Tras el primer contacto, comenzó la ingeniería social: discursos y argucias para engañarla. Primero le sacaron dinero para trámites administrativos; luego, un supuesto abogado le dijo que la financiera había quebrado y que debían iniciar un juicio; y finalmente, la etapa más grave: una presunta fiscal le manifestó que tenía una orden de detención en su contra por no haber pagado costos judiciales», explicó ante la audiencia de FM Vos 94.5.
La víctima, bajo una fuerte presión psicológica, llegó a transferir un total de 11.800.000 pesos, solicitando incluso préstamos a sus propios familiares para cumplir con las exigencias de los estafadores.
Geoposicionamiento: la tecnología tras la ruta de los datos
Con el objetivo de dar con los responsables, la fiscalía recurrió a un seguimiento exhaustivo de las celdas de telefonía. El análisis de las conexiones de datos fue la pieza clave que utilizaron para ubicar el origen de los mensajes de WhatsApp. «La tecnología actual nos permite revisar la trazabilidad de la ruta del dinero y el geoposicionamiento de los dispositivos. Cada vez que un teléfono se conecta a una red de datos, impacta en una cara de la antena de telefonía. Sistemáticamente, las conexiones de esta causa impactaban en la zona de Agua de las Avispas (Cacheuta), donde se ubica el penal de Almafuerte y el penal de mujeres», comentó el fiscal Javier Giaroli.
Este indicio fue determinante, ya que el uso exclusivo de datos móviles (sin redes Wi-Fi) es característico de las conexiones clandestinas dentro de las penitenciarías.
El entramado de «mulas» y las 150 billeteras virtuales
La magnitud de la red se refleja en la cantidad de cuentas utilizadas para dispersar el dinero. La justicia logró bloquear más de 150 billeteras virtuales. «Es una animalada de cuentas para personas que, en muchos casos, solo cobran una asignación. Bloqueamos 150 billeteras y ya hay gente que se ha presentado a quejarse. Un caso llamativo es el de una persona que tenía 21 billeteras virtuales distintas a su nombre», manifestó durante la entrevista.
Calificación legal y detenciones
Hasta el momento, hay siete personas detenidas con antecedentes penales, mientras se analiza la situación de otros diez involucrados y se peritan más de 50 GB de información de los teléfonos secuestrados. «La acusación inicial es por estafa, pero para quienes participaron en la última etapa, la calificación escala a extorsión bajo simulación de autoridad pública. Este es un delito mucho más grave, con una pena mínima de 5 años de prisión efectiva, sin importar si tienen antecedentes o no», destacó Javier Giaroli.
Respecto a la recuperación del dinero, el fiscal se mostró optimista en casos donde los involucrados no tengan condenas previas. «Nuestra política es velar por los intereses de la víctima. Quienes no tengan antecedentes pueden optar por una suspensión de juicio a prueba con la condición de reparar el daño de manera integral, entregando el dinero que contienen sus cuentas. Ya hemos logrado recuperar grandes activos bajo esta modalidad», subrayó.
El futuro de la causa: Peritajes y definiciones judiciales
Tras el impacto inicial de los allanamientos y las detenciones, la investigación entra ahora en una etapa técnica y administrativa que definirá el futuro de los involucrados antes de que comience el receso judicial de verano. «Estamos cerca de consolidar la acusación, aunque la etapa probatoria será extensa. Se verá demorada por la feria judicial y por los plazos de los peritos para realizar la extracción de información de los dispositivos secuestrados», contó el fiscal.
En los próximos días, la Justicia de Garantías deberá resolver la situación de quienes hoy se encuentran privados de la libertad, en medio de una fuerte puja entre la fiscalía y los abogados defensores. «Hay un plazo de 10 días hábiles para que un juez revise las detenciones y decida si existe un peligro procesal o si los imputados pueden continuar el proceso en libertad. Ya algunos defensores han interpuesto controles jurisdiccionales reclamando que hubo excesos para lograr las detenciones, pero estamos tranquilos con lo actuado», manifestó el fiscal Javier Giaroli.
El caso del «Gurú del Trading»: sin denuncias formales
Por último, al momento de ser consultado en torno a los rumores sobre un supuesto experto en inversiones que habría estafado a ahorristas en San Rafael, el fiscal fue tajante respecto a la situación judicial del tema. «He escuchado los comentarios mediáticos, pero en mi fiscalía —y entiendo que en las demás tampoco— no hay ninguna denuncia formal contra una persona concreta. El reclamo ha sido puramente extrajudicial. Como se dice a veces en el Ministerio Público: es creer en el ‘huerto de la abundancia’, sin embargo, hasta que no haya una denuncia no podemos actuar», aseveró en el final de la comunicación.
