La posibilidad concreta de que la Cámara de Diputados avance en la derogación del DNU 70/2023 no constituye un mero contrapunteo legislativo ni una anécdota de la rosca parlamentaria. Si el Congreso consuma el rechazo del megadecreto, el reordenamiento jurídico implicará la restitución de un entramado regulatorio masivo: desde la plena vigencia de la Ley de Tierras hasta los marcos de salvaguarda para el comercio, las locaciones urbanas y la economía real, entre otras muchas. La discusión de fondo, sin embargo, excede el inventario de artículos jurídicos y nos interpela sobre una pregunta crucial: a la luz de los resultados, ¿no sería infinitamente mejor volver a foja cero?
Durante casi tres años, el oficialismo repitió como un mantra inquebrantable que la supresión de toda traba estatal desataría un inédito festival de inversiones, bajaría los precios por obra de la mano invisible y devolvería la competitividad a la economía argentina. La promesa fundacional consistía en que desregular equivalía a liberar el crecimiento. No obstante, el balance de este experimento muestra un panorama radicalmente opuesto. La extranjerización de recursos estratégicos —convalidada recientemente por la propia Corte Suprema—, la asfixia del mercado interno, la dolarización de tarifas sin correlato en los salarios y la desprotección sistemática del eslabón laboral configuraron un escenario de concentración extrema.
Plantear la revisión y el eventual retroceso de aquellas modificaciones no es un capricho nostálgico ni un rechazo dogmático a la modernización ni beneficia a ninguna casta. Es el producto de una constatación empírica implacable: el modelo de desregulación asimétrica no generó el derrame prometido, sino una transferencia colosal de ingresos hacia los grandes concentrados económicos, licuando al mismo tiempo el poder adquisitivo de los trabajadores y la autonomía de las economías regionales.
Si el andamiaje normativo previo tenía sus flaquezas, la alternativa aplicada demostró ser infinitamente más destructiva, institucionalizando la ley del más fuerte. Volver atrás ante el fracaso inocultable de las recetas de la intemperie no representa un retroceso institucional; es, por el contrario, un acto de estricta supervivencia democrática y el primer paso indispensable para reconstruir un piso mínimo de soberanía y justicia social.
