Mejorar el fútbol en un país desmejorado

El próximo martes está previsto que se reúnan las comisiones de Legislación Penal y Deportes para retomar la discusión acerca del proyecto que busca endurecer penas a los generadores de violencia en el fútbol argentino. La intención del Gobierno tuvo un antecedente durante las sesiones extraordinarias de fines de 2018, pero en aquel momento no prosperó.
La normativa, reflotada por el Ejecutivo tras los incidentes en la previa de la final River-Boca por Copa Libertadores, busca reformar el régimen de sanciones y transformar algunas conductas en delitos, haciendo eje en los “barrabravas” y en los dirigentes u organizadores que estén implicados en los mismos.
El fútbol argentino es una descarnada muestra de cómo es el resto de nuestra sociedad y la discusión sobre la violencia que existe en sus ámbitos no puede ni debe escindirse de lo que ocurre en el resto de nuestras actividades.
El fútbol nacional es un desastre hace tiempo: sus instituciones son un chiste muchas veces dominadas por las mafias, los negocios sucios manejan la situación y la inepcia cubre todo. Pasa en el fútbol pero también pasa en otros demasiados ámbitos argentinos.
Argentina, y su dirigencia deportiva y política –habitualmente cómplice de los delincuentes-, es la única entre los 211 países afiliados a la FIFA incapaz de organizar partidos con hinchadas visitantes. En la previa de aquel tristemente célebre River-Boca, el presidente Macri se levantó con una idea más entusiasta que realista: que volvieran los visitantes. La realidad le dio una cachetada porque no solo no hubo visitantes sino que el partido se suspendió por una agresión al colectivo de Boca y terminó jugándose, casi un mes después, ¡en Madrid!, en medio de denuncias cruzadas acerca de la responsabilidad por el pésimo operativo de seguridad que rodeó al partido.