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Mendocinos, justicia y edad de imputabilidad: un debate con múltiples aristas

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La confianza en la justicia atraviesa una crisis global que no deja afuera a la Argentina ni, en particular, a la provincia de Mendoza. Nicolás González Perejamo, titular de la consultora Demokratia, compartió los resultados de un estudio reciente que aborda la percepción mendocina sobre temas de justicia, con un foco particular en la controvertida propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Según el relevamiento, el 56% de los mendocinos está de acuerdo o muy de acuerdo con esta medida, mientras que el 43,8% se manifiesta en desacuerdo o con reservas.
“La gente no confía en el sistema jurisdiccional. Esto es un problema global, y Argentina no es la excepción”, afirmó González Perejamo a Diario San Rafael y Fm Vos 94.5. Según el consultor, esta desconfianza se refleja en comportamientos cotidianos como evitar realizar denuncias al considerar que “no va a pasar nada”, o recurrir a la justicia por mano propia. “Cuando las personas sienten que el sistema no responde, buscan soluciones alternativas, como los ajustes de cuentas. Es algo que debemos analizar con seriedad”.
La encuesta también pone en evidencia el respaldo social hacia medidas punitivas más estrictas, una tendencia que se agudiza en momentos de alta percepción de inseguridad. “Cuando la gente se siente indefensa, pide medidas más rígidas. En este caso, preguntamos por la baja de la edad de imputabilidad a trece años, una cuestión que siempre vuelve a la agenda cuando ocurre un hecho grave relacionado con menores”, explicó.
En el contexto internacional, González Perejamo destacó que las legislaciones varían ampliamente en América Latina. “Brasil, Uruguay, México y Ecuador fijan la edad de imputabilidad en los dieciocho años, mientras que en Chile, Perú, Colombia y Bolivia está en los catorce. En Argentina, actualmente, es a los dieciséis. Estas diferencias reflejan posturas diversas sobre cómo abordar el problema”.
Entre los mendocinos consultados, las mujeres mostraron un mayor apoyo a la medida, con un 62% a favor frente al 50% de los hombres. El sociólogo y la licenciada en economía del equipo de análisis interpretaron este dato como una respuesta emocional frente a una sensación de mayor vulnerabilidad. “Cuando se percibe inseguridad, es común que las personas estén dispuestas a otorgar más poder al Estado para solucionar los problemas”, afirmó González Perejamo.
El consultor también señaló que existen divisiones dentro de la doctrina judicial sobre el impacto de reducir la edad de imputabilidad. “Algunos creen que estas medidas asustan a los menores con potencial delictivo, actuando como un disuasivo. Otros opinan que endurecer las penas no evita el delito juvenil, y que nuestro país tiene un problema estructural: la falta de mecanismos de resocialización en las cárceles. Sin garantías educativas ni programas de reinserción, la prisión se convierte en un ‘posgrado’ delictivo”.
Otro tema relevante abordado en la encuesta fue la percepción mendocina sobre el juicio por jurados, incorporado en 2020 para casos de homicidios agravados y ampliado a otros delitos graves. Según el estudio, tres de cada cinco mendocinos no se sienten preparados para participar como jurados. “El 33,48% dice no estar nada preparado, y un 29,35% cree que necesitaría más capacitación. Esto revela un gran desconocimiento, ya que el sistema está diseñado justamente para que ciudadanos sin formación en derecho apliquen el sentido común”, sostuvo.

La consulta también indagó sobre la elección de jueces por voto popular, una propuesta que divide aguas entre los mendocinos. El estudio arrojó un empate: el 50% se manifestó a favor y el otro 50% en contra. González Perejamo destacó las experiencias de países como Estados Unidos, España y México en esta materia, aunque también advirtió sobre sus riesgos. “La elección de jueces mediante el voto directo puede generar una sensación de mayor transparencia y confianza, pero también conlleva riesgos como los que enfrenta México, donde la incertidumbre jurídica paralizó inversiones extranjeras. Es un tema complejo que requiere análisis profundo”.

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