Mendoza busca autorizar el delivery de medicamentos de venta libre

El Gobierno de Mendoza se prepara para dar un paso clave en la desregulación del comercio electrónico en el ámbito sanitario. Según información a la que accedió El Sol, el Ejecutivo provincial planea reglamentar a corto plazo -se baraja que sea través de un decreto- la autorización para que los medicamentos de venta libre puedan ser comercializados y distribuidos mediante la plataforma Mercado Libre y los portales digitales de las propias farmacias.
La novedad se desprende de una reunión de que el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo con los principales directivos de la firma de comercio electrónico. Del encuentro formaron parte Matías Fernández Díaz (director de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay), Gabriel Díaz Zolorzalo (gerente de Relaciones Gubernamentales) y Gonzalo Gómez Romero (gerente de Logística). Por el lado del gabinete provincial, acompañaron al mandatario el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y su par de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.
Si bien la mesa de trabajo se convocó oficialmente para analizar el desarrollo logístico, las inversiones y el crecimiento de la compañía en la provincia -donde ya cuenta con más de 300 empleados tecnológicos y 400 puestos asociados a la logística de última milla-, el dato político más fuerte radica en el fin de la prohibición legal para el despacho a domicilio de especialidades medicinales.
Trazabilidad y seguridad: tokens al estilo Uber o Pedidos Ya
En la actualidad, es ilegal que una farmacia envíe medicamentos a un usuario a través de un servicio de delivery (algunos establecimientos lo hacen de igual forma). La intención del Ministerio de Salud es modificar la Ley de Farmacias para así revertir este esquema para darle un marco normativo y “facilitarle la vida a las personas”, permitiéndoles realizar compras por internet de medicamentos de venta libre mediante canales digitales autorizados. La dispensación es un acto profesional del farmacéutico, que debe poder ejercer control y asesoramiento sobre la entrega.
Para saltear los riesgos regulatorios, la letra chica del borrador que maneja el Gobierno contempla severos requisitos de control:
- Habilitación y registros: las farmacias interesadas deberán realizar los registros correspondientes ante la autoridad sanitaria para quedar formalmente autorizadas en el canal online.
- Trazabilidad del envío: el sistema exigirá mecanismos que garanticen que el producto despachado sea el correspondiente y que no sufra alteraciones o cambios durante el trayecto hacia el domicilio.
- Seguridad en la entrega: los medicamentos deberán salir sellados de los locales y se implementará un sistema de código o token -similar al que utilizan aplicaciones de transporte o delivery como Uber o Pedidos Ya– que el comprador y el repartidor deberán validar para concretar la entrega de forma segura.

La diferencia con el modelo de Sturzenegger
Desde la cartera de Salud de la provincia se apuraron en aclarar que este plan tiene un carril propio y que no está vinculado de forma directa con el proyecto de comercialización de medicamentos que impulsa a nivel nacional el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Hoy en día -con la única excepción de la cadena Farmacity, que cuenta con el respaldo de un amparo judicial- las especialidades medicinales en el país solo pueden expenderse dentro de las farmacias y bajo la estricta supervisión de un profesional farmacéutico.
La iniciativa libertaria busca habilitar la venta de analgésicos o antiácidos en otros establecimientos comerciales (como kioscos o supermercados) y exhibirlos directamente en góndolas, eliminando la exclusividad de la farmacia física.
Aunque el planteo mendocino guarda evidentes similitudes con el espíritu aperturista de la Nación al ampliar la comercialización online con entrega a domicilio, el camino legal elegido difiere. Cabe recordar que el DNU 70/23 de Javier Milei intentó incorporar esta desregulación de fondo, pero la Justicia suspendió de forma cautelar los artículos referidos a la salud, motivo por el cual el Gobierno nacional ahora busca avanzar mediante una ley en el Congreso, mientras que Mendoza se encamina a resolverlo mediante otra vía.