«Es realmente una cosa de locos». Así definió Alejandro Gullé, procurador General de la Suprema Corte de Justicia, el incremento del robo de cobre en la provincia. Se trata de un negocio millonario que está directamente relacionado con la compra ilegal y posterior comercialización en chacaritas.
«El 25% de todo lo que se sustrae en el país, se roba acá en Mendoza, lo cual es altamente preocupante», aseguró Gullé este jueves en diálogo con el programa Opinión, de LVDiez.
Telefónica y Edemsa son las firmas que más sufren este tipo de delito, que afecta a la prestación de sus servicios. «Las empresas nos dicen que han tenido que sacar del presupuesto que tenían para poner fibra óptica en toda Mendoza para reponer los cables. Nos estamos quedando sin fibra óptica por estos señores (en alusión a los delincuentes)», se quejó Gullé, quien admitió las dificultades para frenar la ola de robos.
Los delincuentes rompen transformadores cuyo valor se aproxima a los 5 mil dólares para sacar el cobre que luego venden a 25 mil pesos. El material robado tiene diferentes destinos en el mercado negro: desde chacaritas hasta el exterior, donde el pago es en moneda estadounidense.
Desde que comenzaron las tareas investigativas para frenar el mercado negro, 16 personas fueron detenidas en diferentes puntos de la provincia. Sin embargo, para Gullé ese número no es representativo. «No nos interesa tanto porque a veces hasta usan menores. Estamos tratando de llegar a los ideólogos, a los número 1, y a partir de eso desmantelar todo este sistema«, afirmó.
Según el jefe de los fiscales, en las zonas rurales el control es más complicado. «Es el lugar más problemático para detectar o tomar infraganti a los que sustraen cables y demás. Hasta que nosotros llegamos al lugar del hecho pasa a lo mejor media o una hora y ya no los encontrás«, explicó. En ese caso, se penalizan como encubrimientos, por lo que la intención es calificar este tipo de hechos como una actividad reiterada para que la posible imputación sea por encubrimiento agravado.
«Ya no saben qué más hacer. Rompen transformadores que están soldados y el problema es que dejan sin energía eléctrica o sin teléfono a una cantidad de personas gigantesca«, resumió Gullé.
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«Estamos avanzando sobre una campaña mediática para concientizar a las personas que denuncien cuando ven gente trabajando o acercándose a cables, postes y transformadores. Que hablen al 911 de inmediato para detenerlos. Por otro lado, estamos trabajando sobre los compradores y los reducidores. También se están haciendo controles en las vías de circulación por donde pueden sacar el cobre», destacó el Procurador.
Y concluyó: «La prevención es muy complicada, pero no tengan ninguna duda de que vamos a hacer lo imposible para llevarlos a juicio con una acusación que sea válida y tratar de conseguir penas ejemplificadoras«.
Fuente y fotos: Gentileza El Sol
