Mendoza mantiene el beneficio de “Zona Fría” aunque el Gobierno Nacional “tantea” darlo de baja por DNU

En medio de uno de los inviernos más crudos de los últimos años, con registros de temperaturas bajo cero y hasta nevadas en el llano, vuelve al centro del debate el futuro de la Ley de Zona Fría. Si bien el régimen sigue vigente y los descuentos se mantienen, hay una creciente preocupación ante los intentos del Gobierno Nacional de avanzar con modificaciones que, eventualmente, podrían afectar a millones de usuarios. Así lo explicó Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, quien detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 el alcance actual del beneficio, su historia y las implicancias que tendría su eventual eliminación o ajuste.

“El tema vuelve a cobrar notoriedad ahora por el contexto de frío extremo que estamos viviendo”, dijo Ríos. “Generalmente cuando se tocan estos temas en los meses de verano, a nadie le da mucha importancia porque no se siente el impacto en las facturas, pero ahora sí es una preocupación concreta”.
La Ley de Zona Fría fue sancionada en 2002 e inicialmente solo alcanzaba a la región patagónica. En el caso de Mendoza, el beneficio se limitaba exclusivamente al departamento de Malargüe. Sin embargo, en 2021 la normativa fue modificada para ampliar su alcance e incluir a más provincias y localidades, incorporando en forma integral a toda Mendoza. “Pasamos de tener alrededor de 850.000 usuarios a 4 millones en todo el país”, explicó. “Por suerte en Mendoza no tenemos que distinguir ciudadanos: toda la provincia está incorporada al beneficio”.
El beneficio consiste en un descuento automático del 30% o el 50% en la tarifa de gas natural domiciliario, según la situación del usuario. “No hace falta inscripción previa porque, una vez incorporada toda la provincia, el descuento se aplica automáticamente a todos los usuarios de red domiciliaria de gas natural”, indicó Ríos. “En la factura aparece discriminado como un ítem más, sobre los cuadros tarifarios, no sobre el total”.
Según explicó la presidenta de Protectora, la mayoría de los mendocinos recibe un descuento del 30%, mientras que el 50% se aplica solo a sectores vulnerables. “Ese 50% era la excepción, por ejemplo, los que percibían menos de cuatro salarios mínimos vitales y móviles, quienes están pensionados, asignaciones sociales, régimen de desempleo, amas de casa, veteranos de Malvinas, algunos clubes de barrio y otras asociaciones”.
El financiamiento del régimen se realiza a través de un fondo compensador que se nutre del aporte de todos los usuarios del país conectados a la red de gas natural. “Todos los argentinos aportamos en nuestra factura un 7% para sostener ese fondo”, explicó Ríos. “Ese porcentaje lo paga cualquier persona usuaria de gas por red, esté o no incluida en la ley de zonas frías”.
Aunque hasta el momento no se ha concretado ningún cambio sustancial, desde el Gobierno Nacional se han hecho intentos de avanzar con reformas. “Por ahora no hay ninguna novedad formal. Son solo intentos de hacer modificaciones o de avanzar con una eliminación a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)”, aclaró Ríos. “Es una idea que tienen desde el inicio de esta gestión presidencial. Evalúan si tienen acompañamiento en la dirigencia política y cómo responde la población”.
De hecho, ya se han aplicado algunos ajustes menores, como en el caso de personas que tenían dos medidores a su nombre. “Fue una pequeña modificación que está contemplada dentro de la facultad que la ley le otorga a la autoridad de aplicación. Creo que van a seguir por ese lado, haciendo ajustes específicos, lo cual es más viable que eliminar la ley por completo”.
En cuanto al papel de las empresas proveedoras, Ríos aclaró que no resultan afectadas por el régimen, ya que perciben la totalidad del monto facturado. “Las distribuidoras cobran el 100% de la tarifa, lo pague el usuario, lo pague el Estado o lo cubra el fondo compensador”, detalló. “Las empresas no subsidian, ni posponen pagos, ni hacen aportes. Solo reciben el dinero de distintas fuentes”.
Uno de los puntos que más se cuestiona desde el Gobierno es la universalidad del beneficio. “En cuanto a la ley de zonas frías, cualquier usuario lo recibe, más allá de su nivel socioeconómico”, reconoció Ríos. “Ese 30% lo recibe tanto quien tiene una buena posición económica como quien no llega a fin de mes”.
Ese esquema de aplicación general contrasta con otros modelos que el oficialismo considera más adecuados, como el del Plan Hogar. “En su momento veían con buenos ojos el esquema del subsidio aplicado a las garrafas, donde el dinero se depositaba directamente en la cuenta del beneficiario. Ahí estaba bien direccionado porque se requería cumplir ciertas condiciones de ingreso”.
Según Ríos, la intención del Gobierno sería avanzar hacia un modelo más focalizado. “Quieren direccionar mejor el esquema porque sostienen que hay zonas incorporadas que son más bien cálidas que frías. Y también porque hay usuarios que, sin necesitarlo, igual reciben el 30% de descuento”.
Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de realizar cambios apresurados: “Todo el tema de servicios públicos es sumamente complejo por la diversidad de usuarios. Siempre que ajustás por un lado, por el otro lado generás una arbitrariedad. Si incorporás a todos, habrá quienes no necesiten el beneficio, pero si excluís mal, podés dejar desprotegidos a los que sí lo necesitan”.
Finalmente, alertó sobre la falta de continuidad que suele afectar a estas políticas. “Si dentro de los dos o tres años que le quedan a la actual gestión, cambia el Gobierno y quiere modificar el esquema, volvemos a otro modelo, otra reorganización. El problema con los servicios públicos es que muchas veces las decisiones no duran en el tiempo”.