Mendoza: Más de 23 millones de pesos al mes en planes sociales para agrupaciones

Con el estallido de la crisis económica en 2001, los planes para contener las consecuencias sociales y la pobreza generada en el país, fueron un paliativo que está vigente en la actualidad. Después de casi 17 años, la Nación sigue financiando estos programas, como fomento al empleo e incentivo a la formación para los sectores más vulnerables.

Si bien no hay datos oficiales, se calcula que más de 5.000 mendocinos están bajo los programas “Hacemos Futuro” y Salario Social Complementario, cuyo monto es $4.750 mensuales. El aporte total de la Nación asciende a más de 23 millones de pesos mensuales.

En la provincia se hace un seguimiento a los beneficiarios del plan “Hacemos Futuro”, a través de la Dirección de Economía Social, que comanda Lorena Meschini, pero los fondos se bajan directamente desde la cartera de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. Los beneficiarios cobran de forma directa a través de una cuenta personal y es en Mendoza donde se monitorea que cumplan con las capacitaciones, terminalidad educativa y participación en emprendimientos de economía popular.

Meschini precisó que en toda la provincia son 3.044 las personas que acceden a este beneficio y en lo que va de 2018, sólo se generaron cerca de 20 nuevas altas para actores en situación de vulnerabilidad social. El monto destinado asciende a los 14 millones de pesos.

La particularidad es que cuando se creó el programa, “en la gestión anterior”, -aclaró la funcionaria-, en el año 2012, su implementación se concentró en los departamentos de San Martín y de Capital.

San Martín es desde hace décadas bastión del peronismo y por aquellos años Capital estaba administrada por el intendente Víctor Fayad, con fuertes vínculos con el kirchnerismo.

En sus inicios la política social que se unificó en “Hacemos Futuro” en diciembre de 2017, surgió bajo las denominaciones “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”.

“En diciembre nos hicimos cargo como unidad ejecutora del plan de actividades y la modificación fundamental con respecto a lo que se venía haciendo, es que los destinatarios tienen que cumplir con la terminalidad educativa”, recalcó la funcionaria.

Por otro lado, subrayó que a través de las gestiones del gobernador Alfredo Cornejo, “buscamos que dejara de haber intermediarios para que no se prestara a prácticas como el asistencialismo, en el mal sentido”, sostuvo la ex diputada provincial.

Desde la Dirección de Economía Social y en articulación con la Dirección General de Escuelas (DGE), se busca que más del 60% de los beneficiarios, que no tenían estudios secundarios, lo completen. Al igual, que un 10% que no contaba con instrucción primaria, de acuerdo con los datos de un relevamiento de la Dirección de Economía Social.

Meschini explicó que quienes perciben la ayuda deben hacer paralelamente capacitaciones en emprendimientos productivos o en comercialización de sus productos.

“Muchas chicas que venían en el programa lo aprovecharon de otra manera y hoy son profesionales. A ellas, las acompañamos con cursos de empleabilidad”, detalló.

No creció el número de beneficiarios

La funcionaria admitió que cuando se hicieron cargo de la ejecución del “Hacemos futuro”, “el programa estaba cerrado a nuevos beneficiarios y lo único que pudimos hacer es que se abriera a otros departamentos, a través de las direcciones de género municipales y bajo condiciones muy puntuales”.

Los nuevos beneficiarios tienen que pertenecer al colectivo trans, haber transitado situaciones de violencia de género, trata de personas o pertenecer al programa de promoción del liberado.

“Hoy los beneficiarios, que en su mayoría son mujeres, no tienen vinculación política con el municipio que antes bajaba el programa. Cobran por una tarjeta y toda la documentación la tramitan a través de Anses”, remarcó la directora de Economía Social.

Salario Social Complementario

El salario social complementario es un aporte que hace el gobierno nacional a través de la sanción de la Ley de Emergencia Pública Ley 27345, de noviembre de 2016.

La norma fue impulsada por los movimientos sociales y se asignaron $25.000 millones extra para programas sociales en el país.

El salario social complementario consiste en un aporte mensual de $4.750 y es ejecutado por las distintas organizaciones sociales, cuyos militantes deben estar vinculados a unidades productivas, según lo prevé  la ley.

Estas entidades son sometidas a auditorías directas del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

A nivel provincial no hay información oficial de cuántas personas reciben estos aportes, pero a través de los datos brindados por algunas de estas entidades se desprende que:

 Movimiento Dignidad: su referente, Gastón Donato, informó que cuentan con 250 planes, lo que equivale a un monto mensual de $1.187.000 de salario social complementario.

Donato aseguró que sus beneficiarios están vinculados a distintos emprendimientos relacionados a la construcción, panificados, mantenimiento de espacios verdes, entre otros.

Cuentan con 20 merenderos que «se están transformando en comedores», indicó.

Movimiento Evita: En Mendoza su coordinador es el senador provincial del FPV, Luis Böhm.

Según detalló tienen contenidas a 480 personas a través del salario social complementario. Lo que equivale a un monto de 2.280.000 pesos.

Las personas vinculadas a la organización realizan trabajos sociales en los 32 merenderos distribuidos en la provincia, como también cuidado de niños y ancianos. Cuentan con 11 unidades productivas.

-Corriente Clasista y Combativa (CCC): Los datos fueron proporcionados por su representante local, Guido Peña.

De acuerdo a la información brindada perciben unos 400 salarios sociales complementarios.El fondo mensual estimado es $1.900.000.

Las personas que están insertas en el programa trabajan en emprendimientos que se autofinancian y colaboran en 32 merenderos en distintos puntos de la provincia.

También cuentan con emprendimientos de construcción, panificados, entre otras iniciativas.

– Movimiento Barrios de Pie: su coordinador, Adrián Bonarda, detalló que en su organización hay  400 salarios sociales.  

Representa un monto mensual estimado de 1.900.000 pesos.

Quienes perciben la ayuda realizan trabajos en las 40 unidades productivas en toda la provincia, que se autogestinan y llevan adelante la economía social en emprendimientos textiles, panificados, construcción, entre otros.

– Unión de los Trabajadores Sin Tierra (UST): desde la organización, uno de sus integrantes, José Ortega manifestó que la prestación llega a unos 90 campesinos.El monto mensual es de 427.500 pesos.

Trabajan en distintos emprendimientos productivos relacionados al trabajo rural.

– Polo Obrero: no precisaron datos, aunque aseguraron que es menor a 90.

– Organización Libre del Pueblo (OLP):Juan Aguilar, representante de este movimiento en la provincia señaló que cuentan con 250 salarios. El aporte representa $1.187.000.

Según comentó están abocados a la formación de cooperativas para la refacción de espacios públicos, como mantenimiento de plazas y obras públicas. Incluso, llegaron a hacer convenio con algunos municipios.

Si bien hay otras entidades que lo perciben, como el dato no es oficial, desde la provincia aseguraron que se desconoce la inversión real que ejecuta la Nación en estos programas.

Cómo es la operatoria

Las organizaciones sociales, cuyos militantes perciben el salario social complementario, despliegan una serie de actividades para que puedan cumplir con las horas de trabajo social que estipula la ley.

Estos movimientos no reciben los aportes. Desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación se le abre una cuenta a los destinatorios, donde se deposita mensualmente y cobran a través de una tarjeta de débito.

Sin embargo, son estas entidades las que informan sobre el efectivo cumplimiento de las contraprestaciones que deben llevar quienes reciben la ayuda.

Según coincidieron los referentes sociales consultados no hubo nuevas incorporaciones en 2018 y se registraron casos de bajas sin motivos, directamente de Nación, según denunció la CCC.

Las críticas al programa

En su espíritu esta política nació para ayudar al trabajador de la economía popular a alcanzar el salario mínimo vital y móvil. Por eso, el monto es la mitad de un ingreso mínimo.

Con los cambios que sufrió la macroeconomía nacional y el aumento de la inflación en los principales alimentos, como el impacto de las tarifas, el beneficio quedó muy relegado, según reconocieron los referentes de los movimientos consultados.

Donato advirtió que uno de los componentes para que el salario social fortalezca proyectos comunitarios, no se está cumpliendo.

Se trata del financiamiento provincial -que se ejecuta a través de la Dirección de Economía Social- y nacional para el trabajo en las unidades productivas.

«Ni Nación, ni la provincia están aportando estos recursos. Se habla del salario social, pero cuando necesitamos implementar y mejorar unidades productivas en los barrios nos encontramos con innumerables trabas administrativas», expresó.

Frente a esa situación, desde Dignidad remarcaron que prevalece el trabajo autogestionado y aguardan que por ley se declare la emergencia social en la provincia para que se hagan efectivos estos fondos.

Por su parte, Luis Böhm del Movimiento Evita, destacó que la Ley de Emergencia Pública vino a reconocer un nuevo paradigma que «es la economía social desde la autogestión y que hay tareas sociales que son productivas«.

Aunque puso de relieve que «no hay presupuesto, ni inversión social para apuntalar los proyectos».

«Vemos con preocupación que en los últimos años, el presupuesto para desarrollo social ha ido en disminución. Por eso, estamos impulsando que en Mendoza se replique la Ley de Emergencia Social».

Guido Peña también ponderó la dificultad para llevar adelante proyectos en unidades productivas y admitió que se han presentado varias propuestas, pero al día de hoy no cuentan con recursos.

«Para mí la estrategia del gobierno nacional es llevar al desgaste a la gente que está recibiendo este aporte para que vean que no es posible un trabajo digno y se queden en su casa. Es muy grave lo que está pasando», disparó.

En la misma línea, Aguilar de la OLP, lamentó que «el gobierno de Alfredo Cornejo cuente con los recursos y la mano de obra para trabajar, pero no nos de la oportunidad». Y agregó, «nuestra gente ha perdido la dignidad, pero sin embargo, puede y quiere tener trabajo que perfectamente lo podría generar el mismo Estado».

Finalmente, recalcó, «tenemos albañiles, parquistas, gente que tiene el saber, pero no nos están brindando las herramientas para que podamos contener mucho más a esta gente con las unidades productivas».

Las respuestas del Gobierno

La aprobación técnica y la gestión de las unidades productivas está a cargo de la Dirección de Economía Social. Sobre las críticas a las demoras en los tiempos de aprobación de los proyectos, Meschini reconoció que hay dilaciones administrativas y aseguró, «estamos acortando mucho los plazos».

Al mismo tiempo destacó que desde el equipo técnico se está trabajando en la evaluación y viabilidad de las unidades productivas y enfatizó, «el presupuesto está».

El área cuenta con 14 millones de pesos, entre aporte de Nación y provincia, para la compra de insumos, maquinaria y materiales para los emprendedores productivos.

Este lunes habrá una reunión de las entidades con la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para avanzar en el tratamiento del proyecto.

Fuente: El Sol