El endeudamiento creciente y la morosidad que afectó a más de 271.000 habitantes de la provincia impulsaron al Gobierno de Mendoza a intervenir ante el sistema financiero.
Así, el gobernador Alfredo Cornejo y su ministro de Hacienda, Víctor Fayad, resolvieron sumarse a las administraciones subnacionales que impulsan programas para aliviar la carga financiera de los hogares. Con esta iniciativa, Mendoza se sumó a las 13 jurisdicciones del país que instrumentaron medidas para reducir tasas, consolidar préstamos y frenar el impacto de los pasivos sobre los ingresos salariales.
La estrategia mendocina apuntó a generar un esquema de beneficios tributarios para las entidades bancarias que acepten reestructurar los pasivos de los deudores locales. «Estamos en diálogo con las entidades bancarias más importantes que son acreedoras de las familias mendocinas para diseñar un sistema de incentivos, para que estos acreedores tengan la motivación de solucionar más rápido el problema», confesó Fayad durante su participación en el programa Séptimo Día (El Siete) al adelantar los ejes de la negociación.
El mecanismo oficial ideado en la cartera de Hacienda contempló exigir a los bancos plazos definidos y tasas de interés más convenientes para la normalización de los créditos impagos. A cambio de cumplir con estas pautas, la provincia otorgará una quita -que se estima en dos puntos- sobre la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que abonan las entidades financieras por el lapso que se extienda la refinanciación.
Desde el Poder Ejecutivo provincial fundamentaron que el costo fiscal inicial que asumirá el Estado se compensará con una reactivación de la economía real en el territorio. «Si bien las arcas del Estado van a dejar de recibir esa contribución por ese lapso, ese alivio de la refinanciación que la gente reciba se traduce en mayor ingreso disponible para esas familias y eso modifica los patrones de consumo, por lo cual vuelve al circuito», explicó una fuente del Gobierno a Diario UNO sobre la dinámica del proyecto.
Asimismo, la propuesta del Ministerio de Hacienda incluyó exigencias de transparencia comercial hacia las instituciones financieras participantes. El plan instó a los bancos a publicar de forma clara las tasas aplicadas para las refinanciaciones y buscó que las firmas que se adhieran al beneficio fiscal garanticen condiciones preferenciales para aquellos clientes que mantienen sus obligaciones al día.
En ese sentido, el equipo económico enfatizó la necesidad de resguardar la conducta de los contribuyentes y deudores puntuales para evitar conductas especulativas. «La idea es que los morosos puedan pagar lo que deben, pero a la vez que no se perjudique al que está al día; no queremos especulaciones ni que los cumplidores crean que es más beneficioso dejar de pagar para refinanciar después la deuda», insistió otra de las fuentes abocadas al armado del programa.
Finalmente, el Gobierno mendocino ratificó su preocupación por la delicada situación económica de los deudores, dentro de los cuales se contaron aproximadamente 3.000 empleados públicos.
Fuente: Mendoza Today .
