La prescripción de la causa en la Suprema Corte de Justicia por la muerte de Alan Villouta generó una fuerte repercusión en Mendoza y abrió una discusión sobre los mecanismos que tiene el sistema judicial para evitar que el paso del tiempo termine impidiendo una resolución. A partir de lo ocurrido, el Gobierno provincial trabaja en un proyecto que contempla modificaciones legales y herramientas de seguimiento para advertir cuándo una causa se acerca a su fecha de prescripción.
El subsecretario de Justicia de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que el caso todavía tiene instancias pendientes y remarcó que, independientemente de la discusión jurídica sobre la prescripción, el objetivo es impedir que una situación de estas características vuelva a producirse.
“Realmente no se le encuentra explicación, encima de que era un plazo tan largo, porque convengamos que era un plazo largo. Tuvo más de 5 años para resolverse el recurso en la Suprema Corte. La primera reflexión que tenemos es que no tiene que volver a pasar”, sostuvo.
Jaliff aclaró que la situación aún no estaría definitivamente resuelta. “Esto todavía está pendiente de resolución, porque tanto la querella, que representa a Andrés Villouta, el padre, y el fiscal van a presentar recursos extraordinarios, supongo yo, de casación, planteando que no ha ocurrido la prescripción”, señaló. Según explicó, existen distintas interpretaciones jurídicas sobre el punto.
Reformas en análisis e impacto judicial
Más allá de lo que ocurra con esos planteos, el funcionario indicó que comenzaron a trabajar en una reforma junto al diputado Franco Ambrosini. “Fue el primero que empezó a trabajar la cuestión. Es una situación compleja, por eso se ha demorado unos días. Estamos haciendo otras consultas”, expresó.
Uno de los aspectos que analizan es el encuadre constitucional de las modificaciones. Jaliff señaló que la intención es avanzar con una propuesta que no termine posteriormente cuestionada judicialmente. En ese sentido, adelantó que el proyecto tendrá un alcance mayor al inicialmente planteado.
“A nosotros nos parece que no solo hay que modificar el Código Procesal Penal, sino también la Ley Orgánica de Tribunales, que es la que establece una especie de reglamentación del funcionamiento de la Corte. Porque convengamos que esto ocurrió en la Corte”, afirmó.
El subsecretario agregó que también estudian extender las modificaciones a otras áreas: “Creemos, aprovechando estas circunstancias, incluirlo también en el Código Procesal Civil. En eso estamos trabajando. Supongo yo que la semana que viene vamos a tener el proyecto para enviarlo a la Legislatura”.
Sistema de alertas y responsabilidades
Entre las herramientas que podría incorporar la iniciativa aparece un mecanismo automático que permita conocer con anticipación la proximidad de una prescripción. “Primero hay que ver un mecanismo que le dé a las partes, a todo el interés público en general, una especie de alerta, una especie de llamado, que establezca que tal día se produce la prescripción de tal causa. Con los sistemas informáticos que hay es bastante simple y sencillo hacerlo”, explicó.
Sin embargo, Jaliff indicó que la reforma no puede limitarse a una alarma informática. Otro punto en discusión es determinar qué responsabilidades y obligaciones existirán dentro del Poder Judicial una vez que el sistema advierta sobre la proximidad del vencimiento de los plazos.
“La otra cuestión que también tiene que ver con esto es cuál es la obligación de los jueces inferiores y de la propia Corte”, señaló. Sobre ese aspecto, indicó que todavía están trabajando en los detalles de la propuesta.
El funcionario consideró que la repercusión del caso puso el problema en primer plano dentro del Poder Judicial. “Está claro que esto es una alerta para todo el sistema judicial. Todos los jueces, los ministros de la Corte, los fiscales, las partes, ya están atentos a esto porque ha producido una situación de tantas repercusiones”, manifestó.
Jaliff también se refirió al impacto humano de lo sucedido y recordó un encuentro reciente con Andrés Villouta, padre de la víctima. Contó que ya lo había recibido poco tiempo después del hecho, cuando se desempeñaba como presidente provisional del Senado, y que aquella circunstancia fue recordada durante la nueva reunión.
En ese diálogo, aseguró, hubo una expresión que lo marcó especialmente. “Andrés dijo una frase que a mí me impactó: ‘Me lo mataron dos veces’. La verdad que es una frase terrible”, relató.
El subsecretario evitó pronunciarse sobre la interpretación jurídica que deberá resolverse dentro del expediente, debido a su función institucional, pero insistió en la necesidad de corregir los mecanismos que hicieron posible llegar a esta instancia.
“Hay distintas interpretaciones sobre la aplicación de la ley, más en lo penal. Ahora, que por un tecnicismo ocurra esto, no puede volver a ocurrir”, concluyó.
