El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9730 de Alivio Financiero para las Familias y Empresas Mendocinas, una norma que busca facilitar la refinanciación de deudas de personas y empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones. La ley fue sancionada por la Legislatura el 15 de septiembre y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El régimen establece beneficios impositivos para las entidades acreedoras que modifiquen las condiciones de pago de deudas existentes. El objetivo es incentivar acuerdos que permitan extender plazos, modificar cuotas, reducir la carga financiera o cambiar otras condiciones contractuales. La iniciativa había sido aprobada por el Senado con un solo voto en contra y obtuvo sanción definitiva tras un tratamiento acelerado en la Legislatura.
La norma no implica que la Provincia se haga cargo de las deudas de los particulares. El esquema utiliza herramientas tributarias para incentivar a bancos, entidades financieras y otros acreedores a ofrecer alternativas de pago. El proyecto surgió a partir de un diagnóstico oficial sobre el incremento de la morosidad en Mendoza y sus posibles efectos sobre el acceso al crédito.
Qué beneficios establece la nueva ley
La principal herramienta prevista por la Ley 9730 es la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones de refinanciación que cumplan con los requisitos establecidos. Además, las entidades que otorguen determinadas refinanciaciones podrán acceder a una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 5%.
Para acceder a este último beneficio, los contratos deberán contemplar una Tasa Nominal Anual que no supere el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses. La iniciativa había sido presentada por el Gobierno con el objetivo de generar incentivos para que los acreedores ofrezcan condiciones de mayor plazo y menor carga financiera a sus deudores.
La ley considera refinanciación a las operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente. Esto puede incluir cambios en los plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales. También quedan contempladas las operaciones que permitan cancelar deudas existentes con otras entidades.
En cambio, no serán consideradas refinanciaciones la cesión, venta, securitización o transferencia de una cartera de deudores a terceros. De esta manera, el régimen apunta específicamente a modificaciones de las condiciones de pago y no a operaciones de transferencia de créditos.
A quiénes alcanza
La Ley 9730 está dirigida tanto a personas humanas como jurídicas que tengan deudas susceptibles de ser refinanciadas. El esquema también puede alcanzar a quienes todavía se encuentran al día con sus obligaciones, pero necesitan modificar las condiciones de sus créditos para reducir su carga financiera.
El diagnóstico que acompañó el proyecto oficial señalaba que en Mendoza había alrededor de 271.000 créditos en situación de mora sobre un universo cercano a 870.000, mientras que el saldo promedio de las deudas rondaba los $1,1 millones para las familias y $2,8 millones para las empresas. Cerca de la mitad de los deudores se encontraba en situación 5 de la Central de Deudores del Banco Central, considerada irrecuperable, mientras que unos 100.000 registraban atrasos de entre 30 y 180 días.
El Gobierno provincial había planteado que el aumento de la morosidad no afecta únicamente a quienes tienen dificultades para pagar. Según el diagnóstico oficial, una mayor proporción de créditos en situación de riesgo puede restringir el acceso a nuevos préstamos y contribuir a elevar las tasas para otros usuarios del sistema financiero.
Qué controles tendrán las entidades
Las entidades que utilicen los beneficios de la ley deberán presentar declaraciones juradas mensuales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con el detalle de las operaciones de refinanciación realizadas durante cada período.
La ATM estará facultada para solicitar información adicional y cruzar los datos declarados con la información disponible en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. En caso de que una entidad presente información falsa, deberá afrontar las sanciones previstas en el Código Fiscal provincial y pagar los impuestos omitidos, además de los intereses, accesorios y multas correspondientes.
Hasta cuándo estará vigente
La Ley 9730 tendrá vigencia inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el Poder Ejecutivo quedó facultado para extender el régimen por un período de hasta seis meses adicionales.
Con la promulgación de la norma, Mendoza puso en vigencia el esquema de incentivos fiscales que había impulsado el Gobierno para intentar reducir la morosidad y facilitar la reestructuración de las deudas. La herramienta se concentra en generar condiciones para que acreedores y deudores negocien nuevas condiciones de pago, sin que el Estado provincial asuma las obligaciones financieras.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/mendoza-promulgo-el-salvavidas-para-los-morosos-como-funcionara-y-quienes-podran-acceder/
