Los recientes episodios sísmicos registrados en Venezuela y Colombia vuelven a encender las alarmas sobre la capacidad de respuesta edilicia e institucional de las regiones con alta actividad tectónica. En Cuyo, la memoria colectiva atravesada por los devastadores antecedentes de 1861, 1977 y 1985 ha configurado un terreno donde el riesgo es una constante estructural. Sin embargo, ante las afirmaciones del Gobierno provincial y del propio Cornejo, que ratifican una preparación óptima para afrontar un evento de gran escala, resulta indispensable confrontar el discurso político con la realidad del parque habitacional. ¿Está Mendoza —y en particular el departamento de San Rafael— realmente preparada para resistir un terremoto de magnitud?
La respuesta técnica requiere una diferenciación insustituible entre el circuito de la edificación formal y la extensión de la informalidad urbana. En el ámbito de la construcción reglamentada, la respuesta es afirmativa. A partir de las lecciones dejadas por el sismo de 1985, la provincia consolidó un cuerpo normativo alineado a las especificaciones técnicas del CIRSOC 103, el Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes. Toda obra aprobada por los municipios en las últimas cuatro décadas cuenta con cálculos antisísmicos estrictos, encadenados de hormigón armado y un nivel de ductilidad diseñado para evitar el colapso estructural y priorizar la preservación de vidas humanas.
El punto crítico de vulnerabilidad no radica en el nivel de la ingeniería local, sino en la falta de fiscalización en los márgenes urbanos y rurales. Se estima que entre un 20% y un 30% de las viviendas en zonas periurbanas y distritos periféricos han sido levantadas bajo esquemas de autoconstrucción clandestina, sin planos de mensura, sin cálculo profesional de cargas y con encadenados deficientes. A esta fragilidad se suma la persistencia de edificaciones precarias en diversos distritos rurales de San Rafael, estructuras que carecen de la elasticidad necesaria para soportar aceleraciones horizontales y verticales severas.
Responder a la pregunta planteada exige reconocer una asimetría: mientras los centros urbanos modernos presentan un nivel de protección adecuado, miles de familias en sectores vulnerables y distritos alejados continúan expuestas a un riesgo latente.
