Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/mendoza-rechazo-un-reclamo-millonario-de-42-empleados-judiciales/
El Gobierno de Mendoza rechazó un reclamo administrativo presentado por un grupo de 42 trabajadores del Poder Judicial, quienes exigían el reconocimiento y pago de diferencias salariales retroactivas basadas en la denominada Cláusula “C” del acuerdo paritario de 2013.
La decisión fue oficializada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial este jueves, que declaró prescripta la presentación y ordenó el archivo definitivo de las actuaciones.
El planteo buscaba que se reconocieran diferencias que, según los agentes, se habían generado por el incumplimiento de un compromiso paritario destinado a preservar la proporcionalidad en los salarios entre magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Además, solicitaban el pago retroactivo de esos montos, con los intereses correspondientes.
Para rechazar la presentación, el Ejecutivo esgrimió dos argumentos. Por un lado, sostuvo que el reclamo se encontraba prescripto, debido a que durante la tramitación administrativa no hubo actuaciones que permitieran mantener interrumpido el plazo legal. En ese sentido, invocó el artículo 186 de la Ley 9003, que regula los plazos de prescripción de los reclamos administrativos.
Por otra parte, el Gobierno se apoyó en un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que ya había analizado el alcance de la cláusula C en una demanda promovida por la Asociación de Funcionarios Judiciales.
Según la interpretación del máximo tribunal provincial, esa disposición no establece un derecho automático a la equiparación salarial ni genera una obligación de pagar diferencias remuneratorias retroactivas. En cambio, constituye un compromiso de abordar la cuestión dentro del ámbito de la negociación paritaria.
Con ese fundamento, el decreto rechazó el pedido de los trabajadores y dispuso el archivo de las actuaciones.
La resolución alcanza a 42 agentes judiciales que habían presentado el reclamo a través de su representación legal. El Ejecutivo consideró que no correspondía reconocer administrativamente un derecho que, además de estar prescripto, había sido descartado por la interpretación de la Suprema Corte sobre el acuerdo paritario de 2013.
Qué es la Cláusula C
La denominada “Cláusula C”, también conocida como cláusula de enganche, fue incorporada al acuerdo paritario de 2013 con el objetivo de reducir las diferencias salariales entre los distintos sectores del Poder Judicial.
El mecanismo buscaba evitar que los incrementos otorgados a los funcionarios judiciales quedaran considerablemente por detrás de los aumentos percibidos por los magistrados, cuyas remuneraciones se encuentran vinculadas con parámetros salariales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
