Por Redacción | La reciente aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge instaló un debate esencial y sensible para el futuro de Mendoza. La minería metalífera, rechazada durante años, ahora tiene vía libre en un contexto de urgencia económica. La pregunta crucial es si la actividad ha logrado la licencia social o si solo cuenta con una licencia política impulsada por la necesidad de divisas.
La voluntad social innegociable
Históricamente, la licencia social ha sido el muro de contención en Mendoza. La Ley 7722 fue, y sigue siendo, el reflejo de una sociedad que prioriza la actividad agrícola y el cuidado del agua.
El antecedente más claro de esta voluntad social ocurrió en 2019. La fugaz derogación de la Ley 7722, impulsada por el gobierno de Rodolfo Suárez, provocó una movilización popular masiva e histórica. La reacción social fue tan fuerte y unánime que obligó al gobierno a dar marcha atrás en menos de una semana. Esa crisis institucional y social fue reflejada en todos los medios del país.
La aprobación de San Jorge ocurre por una licencia política de la coyuntura, no un verdadero cambio de paradigma en la opinión pública mendocina. El hecho de que la aprobación haya sido reciente solo agudiza la tensión entre la decisión política y la demanda social.
Baja rentabilidad y evasión fiscal
El argumento de que la minería generará riqueza choca con datos económicos fríos sobre la explotación a gran escala.
La rentabilidad fiscal para las provincias mineras en Argentina históricamente promedia solo entre un 3% y un 5% de regalías sobre el valor del mineral «boca de mina». Esta cifra es notoriamente baja si se compara con el impacto del sector agroindustrial de Mendoza, que mantiene una estructura de empleo más estable y descentralizada.
Otro dato clave es la evasión fiscal legal. Las empresas transnacionales que explotan estos yacimientos suelen utilizar mecanismos de precios de transferencia y subsidios cruzados. Esto les permite reportar utilidades mínimas o nulas en sus balances provinciales, evitando así el pago significativo de impuestos.
El caso de Potasio Río Colorado es el ejemplo paradigmático. Más allá de los miles de millones de dólares invertidos, la empresa se retiró sin dejar una base productiva sostenible para la provincia.
La promesa de «compre mendocino» se diluye. Para que la minería metalífera sea rentable para la provincia, debería contribuir al menos con un 25% a 30% de su consumo en bienes y servicios locales, algo que hasta ahora no sido garantizado en el proyecto San Jorge.
El costo irreversible
El riesgo ambiental es el factor más grave en Mendoza, una provincia desértica. La disponibilidad de agua por habitante se encuentra históricamente en estado crítico.
Los modelos hidrológicos indican que un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto consume, en promedio, el caudal de agua equivalente al riego de entre 2.000 y 3.000 hectáreas de cultivo permanente, como viñedos u olivares. Este consumo es constante durante la vida útil del proyecto.
Además, los pasivos ambientales generados por la minería son permanentes. El riesgo de lixiviación de metales pesados o la falla de diques de colas es un costo que recae íntegramente sobre la provincia y puede hacer irreversible la contaminación de la cuenca hídrica.
La licencia social solo llegará si se garantiza, sin lugar a dudas, que no habrá contaminación de los recursos hídricos vitales. Hasta que no se logre esta certeza, la aprobación del proyecto San Jorge seguirá siendo percibida como una imposición política -de oficialismo y parte de la oposición, también hay que decirlo- con posibles riesgos ambientales.
