El planteo por la Carta Orgánica para San Rafael abrió una fuerte discusión política, institucional y judicial. Señalan que el eje no es la autonomía en sí, sino su implementación y posibles consecuencias en los controles.
En medio de la creciente controversia entre el municipio de San Rafael y el Gobierno de Mendoza por el avance hacia una Carta Orgánica propia, cuyos convencionales fueron votados y elegidos el 22 de febrero, el debate suma nuevas voces que buscan profundizar la discusión sobre el verdadero alcance del proceso. La disputa, que ya escaló a la Suprema Corte de Justicia de la provincia a partir de una presentación de la vicegobernadora Hebe Casado y el diputado Andrés Lombardi por posibles conflictos de poderes, pone en tensión no solo aspectos legales, sino también políticos e institucionales.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el exdirector de Asuntos Gubernamentales del Gobierno provincial, Francisco Mondotte (UCR), analizó la situación y planteó una mirada crítica sobre el desarrollo del tema, apuntando principalmente al trasfondo del debate y a posibles implicancias en materia de control institucional.
“Pude escuchar en algunos lugares que dicen autonomía sí, autonomía no, y en realidad no, es inocuo ese debate”, afirmó, y aclaró que “autonomía sí, pero porque lo indica la Constitución Nacional”. En esa línea, sostuvo que “oponerse a la autonomía en todo caso sería como oponerse a que al anochecer deje de brillar el sol”.
Mondotte remarcó que la autonomía municipal no es una discusión nueva ni optativa, ya que “la autonomía hoy, y no hoy, desde el año 94, es una norma que está incorporada dentro de la Constitución Nacional”, por lo que consideró que el eje debe correrse hacia otro punto: “La cuestión pasa a ser cómo la autonomía y para qué la autonomía”.
Al repasar el origen del planteo en San Rafael, recordó que inicialmente estuvo vinculado a problemáticas concretas. “En un inicio recuerdo cuando el municipio planteaba la necesidad de autonomía, hablaba principalmente de dos cuestiones”, indicó, en referencia al manejo del arbolado público y a los certificados de bomberos. Según explicó, esas dificultades ya fueron superadas: “Esas dos cuestiones se han resuelto en los últimos meses a través de la legislatura” y hoy “el municipio de San Rafael puede disponer y administrar el arbolado público sin tener que depender de autorizaciones ajenas”.
Sin embargo, advirtió que el foco debería estar en otros aspectos menos visibilizados. “Hay un tema que me parece que es clave y que no se le ha dado suficiente atención, que es el Tribunal de Cuentas”, subrayó. En ese sentido, recordó que recientemente “fue noticia para mí muy impactante, que fue la sanción que recibió la municipalidad de San Rafael por irregularidades administrativas graves”.
Sobre ese punto, señaló que “yo tengo un temor y tiene que ver con que la autonomía municipal implique también desmarcarse del Tribunal de Cuentas”, y ante la consulta sobre esa posibilidad respondió: “Claro que podría ser así, absolutamente podría ser así”.
El exfuncionario fue enfático al advertir sobre las consecuencias: “La realidad de eso sería perder instancias de control”, y agregó que “si se pierden esas instancias de control, me parece que ahí podemos empezar a atar cabos”.
En su análisis, vinculó el impulso del proceso autonómico de San Rafael con una lógica política más amplia. “Yo estoy convencido por cómo se ha sostenido que es la acumulación de poder, no tengo ninguna duda”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la necesidad de avanzar de forma unilateral cuando existe una alternativa institucional: “Es muy sencillo lo que se ha propuesto ahora, es una ley provincial que sirve a los municipios y que cada uno haga su Carta Orgánica”.
A su entender, “si hay un apuro para avanzar más allá de esto, entiendo que tiene que ver con una cuestión de acumulación de poder”, y agregó que actualmente “es muy difícil encontrar ahora un argumento fuerte del porqué”.
Mondotte volvió a vincular el debate con el accionar del Tribunal de Cuentas. “El argumento fuerte lo encuentro en lo que pasó con el Tribunal de Cuentas”, señaló, y remarcó que “el adjetivo grave lo puso el Tribunal de Cuentas cuando hubo irregularidades administrativas graves sostenidas en el tiempo”.
Al detallar esas observaciones, explicó que “se utilizaba un recurso que es de carácter excepcional para hacer contrataciones habituales”, lo que “implicaban contrataciones sin la debida competencia y sobre todo pagando o reconociendo gastos a posteriori”. Además, destacó que esas situaciones no eran nuevas: “Eso mismo fue tenido en cuenta”, en referencia a advertencias previas.
El análisis también incluyó una mirada política sobre el contexto local. “La autonomía resultó ser una cuestión súper relevante el último año”, sostuvo, y comparó resultados electorales con respecto al oficialismo local: “En el 2019 sacó 64.000 votos, en febrero pasado sacó un 55% menos”. A partir de esos datos, consideró que “me parece que además hay una cuestión de un fin de ciclo político”.
En ese marco, cuestionó el enfoque del debate público: “Acá se ha hablado mucho de bomberos, se ha hablado mucho del arbolado público y no se ha hablado suficientemente del fondo de la cuestión”. Según planteó, “lo que está tapado tras bambalinas tiene que ver con el control que ejerce el Tribunal de Cuentas”, el cual “claramente ha demostrado ser efectivo e incómodo para el poder municipal”.
Incluso advirtió sobre un posible escenario futuro: “Podría ser anulado a través de una Carta Orgánica”, lo que consideró “sumamente preocupante”.
Respecto al proceso judicial en curso en la Suprema Corte de Justicia, Mondotte incorporó un elemento central del conflicto institucional al señalar que “el conflicto de poderes que planteó la legislatura, concretamente lo que dijo la legislatura es que acá el municipio se está robando mis facultades, es una facultad de la legislatura que debe llamar o convocar una modificación e iniciar el proceso de modificación de la Constitución”. En ese sentido, explicó que “si avanzase en ese sentido, claramente el proceso iniciado por San Rafael se frenaría”, aunque aclaró que “no se frenaría la autonomía”.
En esa misma línea, precisó que “no cambiaría los tiempos en lo más mínimo, lo que cambiaría son las condiciones y el marco”, en referencia a que el proceso podría continuar bajo una reforma constitucional provincial con participación institucional más amplia, incluso con vistas a una eventual implementación en 2027.
Además, remarcó que el ámbito judicial no solo deberá resolver este conflicto puntual, sino otros planteos vigentes entre el municipio y la provincia. “La justicia que haga lo suyo, que determine lo suyo, que resuelva, tiene para resolver también la cuestión planteada por el municipio de San Rafael para no aplicar la ley que permite la constitución de los cuerpos de preventores, la 9024, la ley de tránsito, esas cuestiones las tiene que resolver la justicia y para eso está”, sostuvo.
Finalmente, insistió en la necesidad de profundizar el debate público y evitar simplificaciones: “No se trata de autonomía sí o no”, ya que “no hay manera de que no sea autonómica”, y concluyó que “lo importante es que empecemos a hablar en serio para qué quieren la autonomía o qué se está queriendo esconder detrás de la autonomía”.
